Un total de 600, 760 salvadoreños que residen en el extranjero podrá votar en las elecciones del 2024 para elegir al presidente de la República y a los diputados de la Asamblea Legislativa. Así lo afirmó este martes el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, al hablar sobre la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio desde el Exterior recién aprobada.
“Hay 600, 760 salvadoreños habilitados para ejercer el derecho al voto desde el exterior, según los últimos datos que el registro electoral del TSE”, dijo Orellana en el programa Pulso Ciudadano.
Seguido de esto detalló que de las más de 600,000 personas aptas para votar en las próximas elecciones, 590,845 residen en Estados Unidos; 400,442 en Italia; 400,009 en Canadá; 552 en México; 508 en España y el resto, en diferentes partes del mundo.
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¿Cuánto realmente votan?
La experiencia indica que del universo de salvadoreños en el exterior aptos para votar, pocos lo hacen. En el país solo ha habido voto exterior con la modalidad postal en las últimas dos elecciones presidenciales (2014 y 2019) y en ambas el porcentaje de personas que en efecto emitieron el voto fue menor a 2%.
Según datos oficiales, para la primera vuelta de la elección presidencial del 2014 había 142, 418 personas con DUI en el exterior. De estas solo 10,337 se mostraron interesadas en votar al empadronarse (7.26%) y únicamente 2, 727 votaron. Es decir, solo ejerció el sufragio el 26.38% de empadronados y el 1.91% de todos los “duizados”.
En el 2019 hubo 350, 638 salvadoreños en el exterior con DUI, de las que únicamente 5,948 se empadronaron, pero solo 3, 973 votaron en tal elección. Esto representó el 66.80% de los empadronados y el 1.13% de los “duizados” en esa fecha.
Estas experiencias previas contrastan con las optimistas declaraciones del oficialismo que afirma que debido a que la ley de voto en el exterior “otorga derechos” a la diáspora, miles de compatriotas que residen fuera del país votarán en las próximas elecciones.
Sobre ese tema, Álvaro Méndez, un salvadoreño que reside en Washington desde 1990, dijo recientemente a El Diario de Hoy que “es imposible” que haya una votación masiva en 2024, ya que a muchos salvadoreños no les interesa votar.
Méndez, quien por su trabajo como promotor de eventos ha adquirido liderazgo entre la diáspora a la cual conoce bien, además afirmó que algunos compatriotas no están siquiera preparados para votar por internet.
Un experto electoral, que habló con El Diario de Hoy bajo condición de anonimato, afirmó que pasar de un voto postal a uno por Internet podría incrementar la participación, pero “la experiencia propia y la de otros países con voto desde el exterior nos dice que los connacionales viviendo fuera no votan masivamente en las elecciones del país que dejaron, precisamente porque les interesa más hacerlo en el país donde ahora residen y donde sufren los problemas diarios”.
“No serán millones de votantes ni en el orden de cientos de miles”, auguró el experto.
Registro electoral
El magistrado Noel Orellana también fue consultado por uno de los puntos polémicos de la nueva ley de voto exterior: que no habría un requisito de empadronamiento para la diáspora.
En la entrevista se le cuestionó si la diáspora salvadoreña podrá votar solo con presentar el Documento Único de Identidad (DUI) o el pasaporte vencido.
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Al respecto, el magistrado Orellana respondió: “Cada salvadoreño que desee votar en las próximas elecciones del 2024 tiene que registrarse previamente para que el TSE le incorpore en el registro electoral que para tal efecto establece”.
Esto contrasta con el decreto aprobado, puesto que no contempla un registro previo más allá de tener DUI o pasaporte para que los salvadoreños en el exterior voten. El no empadronamiento de la diáspora impide al TSE calcular cuánta gente efectivamente tiene el interés de votar, advirtieron en su momento expertos en derecho y logística electoral.
Esto impide además calcular el equipo necesario para el procesamiento de los votos de la diáspora.
“En esos términos creo que (el registro electoral) es un reto para el TSE e indistintamente de que el proyecto aún no es ley de la República (pues aún no es sancionado por el presidente), nosotros ya nos estamos preparando”, expresó.
Voto exterior requiere recursos
En la entrevista, al funcionario se le preguntó si el TSE cuenta con los recursos necesarios para implementar un voto desde el exterior aparte de las elecciones generales que van a administra en el país.
“Ya está preparado por parte del Tribunal el Plan General de Elecciones, el calendario electoral y nosotros esperaríamos en el transcurso del mes de noviembre estar presentando ya al ministerio de Hacienda el presupuesto que el TSE va a requerir para el financiamiento de este proceso electoral”, respondió Orellana.
El magistrado aseguró que el proyecto de presupuesto extraordinario que están elaborando cuenta con medidas de austeridad, sin embargo enfatizó que la implementación del voto electrónico requiere de más recursos.
“Estamos conscientes de que el país requiere financiar otras necesidades que la población demanda, pero es importante mencionar que nosotros tenemos un compromiso como TSE de ser garantes de la transparencia y del éxito de este proceso electoral”, apuntó.
Falta de transparencia
El artículo 13 de la normativa aprobada obliga al TSE a que contrate a una empresa para implementar el sistema tecnológico de votación.
Esto ha generado cuestionamientos entre expertos electorales, pues señalan que no habrá mecanismos para poder fiscalizar la voluntad de los votantes.
Ante este aparente vacío, el magistrado reconoció que “ha habido algunos señalamientos cuando en su inciso tercero del artículo establece de que el TSE puede omitir los procedimientos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”.
Según Orellana, lo que los analistas ven como falta de transparencia por obviar mecanismos de control en el manejo de fondos públicos es lo que permitirá al Tribunal hacer las contracciones respectivas.
“No es una propuesta nuestra, pero entendería que los diputados están conscientes que los plazos que la LACAP da no nos permitirían contratar los servicios de esta empresa que no se sabe cuál va a ser”, justificó. Finalmente, el funcionario aseguró que la adquisición de estos servicios podrá ser fiscalizada por la Corte de Cuentas, así como otras instituciones y la misma sociedad civil.