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Transferencia de bienes de la DOM a nueva constructora genera desconfianza por falta de controles

La poca información disponible sobre la constitución de la nueva empresa Constructora El Salvador genera incertidumbre sobre quiénes serán los beneficiados del uso de los recursos públicos.

Por Susana Peñate | Oct 05, 2023- 22:00

La Constructora El Salvador se constituyó el 26 de abril de 2023 con un activo inicial de $500,000. Foto EDH / lissette monterrosa

La reciente aprobación de transferencia de bienes valorados en $14.1 millones propiedad de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) a la sociedad anónima Constructora El Salvador, de la que la DOM sería accionista mayoritaria, genera desconfianza e incertidumbre sobre la falta de fiscalización que tendría, ya que al ser un ente privado estaría fuera del control de la Corte de Cuentas.

El economista Rafael Lemus comentó que la constitución de la sociedad anónima por parte de la DOM se puede comparar con la conformación de la empresa Inversiones Energéticas (INE) que creó la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) o como LaGeo.  “Se puede comparar con la INE, con la que crearon para la Chivo (wallet), con la que crearon el Diario El Salvador, con esas se puede comparar”, expresó.

Indicó que una sociedad anónima de capital es una empresa privada que se rige por el Código de Comercio. “Una de las ventajas de crear sociedad es que no está sujeta a contraloría de la Corte de Cuentas. Además, como funciona como empresa privada usted tiene plena libertad de hacer los contratos como quiera, a los precios que quiera, comprarle a quien usted quiera, sin ninguna restricción”, expuso.

“Este gobierno ha utilizado las sociedades mercantiles creadas con recursos públicos para esconder su uso y abuso de los ojos de los salvadoreños. ¿Para qué una ejecutora pública de obras públicas va a crear otra ejecutora privada, sino es para alejar de la mirada de los salvadoreños qué se hace con los recursos de todos?”, cuestionó José Marinero, del movimiento SUMAR.

Inclusivo lo califica como una privatización. “No importa cómo lo llamen, el público debe tener claro que este gobierno está privatizando de forma exprés, es decir, entregando a manos privadas los bienes que son de todos sin las habituales cautelas que este tipo de operaciones requiere. Paradójicamente un asocio público privado tiene más controles que esta operación”, agregó.

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Mientras que el diputado César Reyes, de ARENA, dijo que las empresas privadas no son auditadas por la Corte de Cuentas y en este caso la Constructora sería similar a la INE. “Totalmente, la estructura legal es prácticamente la misma. Con la única finalidad de no rendir cuentas y hacer un uso indiscriminado de  fondos públicos”, afirmó.

Para la economista Tatiana Marroquín tiene que haber una fiscalización de los recursos públicos que se dan a entes privados, pues la DOM se financia de asignaciones del Fondo General de la Nación. “No es como CEL, porque CEL no recibe recursos públicos, genera sus propios ingresos. Pero la DOM es puro dinero público”, dijo.

El abogado Jonathan Sisco, de la unidad anticorrupción de Cristosal, enfatizó que por Constitución la Corte de Cuentas es competente para fiscalizar la gestión económica de las instituciones públicas, empresas estatales de carácter autónomo “y de las entidades que se costeen” con fondos del erario público. “El problema es que la Corte de Cuentas nunca ha realizado esta fiscalización, un problema similar ocurrió con Alba Petróleos”, dijo.

Constructora El Salvador DOM
Uno de los aspectos que genera incertidumbre es que se desconoce quiénes son los demás accionistas de la Constructora El SalvadorFoto EDH/ Lissette Monterrosa.

Competencia desleal

Además, se considera que con la Constructora El Salvador se generaría una competencia desleal en detrimento del resto de empresas porque pueden aplicar la contratación directa.

“Es cuestionable el hecho de que la DOM cree o participe en sociedades anónimas para ejecutar proyectos que a su vez aprueba, en una lógica de oferta y demanda. Esto es aún más grave si se considera que a estas sociedades anónimas no le son aplicables los mismos mecanismos de control que a una institución pública”, expresó Jacqueline Cruz, de la oficina de la Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC).

Mencionó que hasta la Ley sobre constitución de sociedades por acciones de economía mixta indica que la Corte de Cuentas puede fiscalizar a esas empresas a posteriori “cuando lo estime conveniente”.

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Andy Failer, presidente de Nuestro Tiempo, calificó la transferencia de bienes adquiridos con fondos públicos a una sociedad anónima como forma de uso discrecional de los recursos. “Esto reafirma la discrecionalidad y la forma arbitraria en que se están administrando los fondos públicos, en un marco en que la transparencia no existe”, dijo.

Falta información

Otro de los aspectos que genera incertidumbre es que se desconoce quiénes son los demás accionistas de la Constructora El Salvador, la cual fue inscrita en el Registro de Comercio el 26 de abril de 2023.

“Se debe recordar que al ser fondos públicos debiera existir una adecuada rendición de cuentas sobre quiénes son los accionistas particulares de estas sociedades, qué fondos o bienes públicos se están transfiriendo, bajo qué criterios, ¿cómo aseguran que no se está ante esquemas de corrupción que involucran a funcionarios públicos?”, cuestionó Cruz.

Sisco añadió que esta forma de proceder permite que se generen conflictos de intereses, sobresueldos “y otros manejos oscuros, en connivencia con inversionistas privados con interés de lucro”.

Las interrogantes sobre la identidad del resto de accionistas también fueron planteadas por la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, en la plenaria del miércoles. “Esos nombres no fueron divulgados o no fueron explicitados en la comisión. La gran pregunta ¿son funcionarios públicos?, ¿o son personas vinculadas de alguna manera con funcionarios públicos?”, cuestionó.

La diputada Anabel Belloso, del FMLN, calificó tanto la conformación de la sociedad como la transferencia de bienes como “un entramado que legaliza la corrupción” y que se desconoce a los accionistas.

De hecho, el periódico La Prensa Gráfica consignó que “revisó en el Registro de Comercio y encontró que toda la información relacionada con sus accionistas, miembros de su junta directiva o la identidad de su director presidente no está disponible”. Y agregó que “luego, al solicitar el libro en el cual está registrada dicha información, la respuesta del personal del Centro Nacional de Registros (CNR) fue que dicho libro no podía prestarse para consulta ya que se encontraba en elaboración”.

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