Las negociaciones entre el Gobierno de Estados Unidos y los abogados que representan a unas 260,000 personas migrantes en el país norteamericano, que se habían extendido por más de 16 meses, no llegaron a un acuerdo este miércoles para extender la situación legal de los demandantes en el TPS (Estatus de Protección Temporal).
Esa ruptura ha dejado ante un panorama desolador a cerca de 337,000 personas acogidas a este programa, entre ellos unos 180,000 salvadoreños, muchos con décadas de vivir en EE. UU., quienes enfrentan con angustia y preocupación la posibilidad de que el TPS no sea renovado y, con ello, enfrentar una deportación después del 31 de diciembre de 2022, última fecha de protección vigente.
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Para ofrecer una mayor claridad de lo ocurrido y lo que esta comunidad tepesiana tendrá que enfrentar en los meses por venir, la Alianza TPS -organización que reúne a personas acogidas al programa y representantes de otros colectivos que les apoyan- desarrollaron este jueves por la noche un Facebook Live, en el que participaron dos de los abogados que representan a los migrantes en el caso llamado Ramos vs. Mayorkas.
Estuvieron en línea Ahilan Arulanantham, codirector de Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la UCLA; y Emi MacLean, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) al norte de California. Moderaron el encuentro Alexandra Morales, de
Carecen (Central American Resource Center) y Pablo Alvarado, de NDLON (National Day Laborer Organizing Network).
MacLean explicó que "por los últimos 16 meses, hemos estado en negociaciones (con abogados de la administración Biden), con la cuestión central de si podíamos llegar aun acuerdo para dar alguna protección a los tepesianos, que puede ser suficiente para llegar a un acuerdo y no seguir con las negociaciones", para tener así al menos una extensión sólida del rango de protección migratoria.
Los términos de esas negociaciones "son confidenciales por la orden de la corte" que permitió que ocurriera este acercamiento entre las partes desde septiembre de 2020, cuando dos jueces de una corte de apelación del 9o. Circuito, en Estados Unidos, cancelaron la orden de protección de emergencia que había ordenado un juez federal en 2018.
Este miércoles, "muy desafortunadamente, después de mucho trabajo, esuerzos y esperanzas de tanta gente, no ha sido posible llegar a un acuerdo" con el Gobierno de Biden, lamentó MacLean.
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Pero todo esto no significa una deportación inmediata para las personas acogidas al TPS, ni para sus hijos. El proceso seguirá en vías legales: McLean detalló que ahora "pedimos que todos los jueces en el 9o. circuito revisen el caso y reconsideren hacer otra decisión. Si todos los jueces del 9o. circuito deciden no regresar al caso, eso va a regresar a la corte inicial, y eso va a ser una decisión final, que quiere decir que vamos a perder las protecciones de la orden de emergencia" ganadas en 2018.
El panorama es incierto, pero MacLean planteó que hay un margen de tiempo que les tomará a ellos como equipo legal para presentar nuevas argumentaciones, y también el plazo que tomará a los cerca de 27 abogados del 9o. circuito el revisar el caso, lo cual podría tomar más allá del 30 de noviembre de 2022. De ser así, y de llegar esa fecha sin una decisión final, habría una extensión automática de nueve meses más para los tepesianos, es decir, al menos hasta septiembre de 2023.
"Si el 30 de noviembre no tenemos una decisión final de la corte del 9o. circuito, la administración de Biden tiene que autoextender el TPS para los 4 países que son protegidos ahora", expresó McLean, en cuanto a migrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. "Pensamos que es la situación más probable, que tendremos otra autoextensión", confió la abogada.
"Haremos los papeles, y cuando ellos lo reciban, probablemente alrededor del 10 de diciembre tienen que votar (en la corte) si quieren reabrir el caso o no. Si ganamos este proceso, entonces la decisión de la corte de distrito quedará sin efecto, y los jueces harán otra audiencia. Pero si perdemos… entonces las fechas vienen", es decir, las fechas de finalización definitiva del TPS, explicó por su parte el abogado Arulanantham, también representante de los migrantes.
Entre la población tepesiana existe la creencia generalizada que cada autoextensión del TPS es de nueve meses. Sin embargo, MacLean detalló que, como parte de las negociaciones que buscaron con la administración Biden, plantearon que si se llegaba a una terminación definitiva del programa TPS, solicitaron que el Gobierno de EE. UU. dejara un periodo mínimo de cuatro meses para la población de todos los países. Y luego admitió que, de forma discrecional, la administración Biden podría entonces reducir ese periodo de gracia de nueve a solo cuatro meses.
Pero el caso de la población salvadoreña es distinto. La abogada MacLean recordó que "en los últimos meses de la administración del presidente Trump, llegó a un acuerdo con el presidente Bukele en El Salvador, a garantizar protección por un año y no los cuatro meses que existen para los demás países", en caso de darse definitivamente por terminado el TPS.
"Esto es una decisión que el presidente Biden incluyó en la noticia oficial sobre lo que está pasando con el TPS. Pensamos que eso es algo que el presidente Biden va a honrar también", expresó la profesional de las leyes.
Tanto MacLean como el también abogado Arulanantham aclararon también otro rumor, pues ha circulado la noticia falsa de que todo este litigio es el que ha impedido que se renueve otro TPS, y que incluso hay personas dentro de la administración Biden que se ven de manos atadas para extender el programa, pues el caso Ramos vs. Mayorkas no lo permite, al estar activo.
Todo esto es falso. "He escuchado esas mentiras, y me da mucho enojo. La verdad es que el caso es para tratar de proteger el TPS el mayor tiempo posible, con decisiones nuevas de la administración. Durante todo este caso, durante la administración Trump y la de Biden, y ayer, y mañana, si ellos quieren hacer nuevas decisiones para designar para todos los países, podrían hacerlo. No hay nada legal o del proceso de la corte que esté parando a la administración Biden" para extender el programa TPS
Ahilan Arulanantham, abogado representante de miles de migrantes
Como ejemplo, citó que Haití y Sudán acaban de recibir una designación nueva del TPS, por decisión del presidente Biden, y esto en medio del litigio Ramos vs. Mayorkas.
Preguntas de tepesianos
Durante el Facebook Live, los abogados fueron consultados sobre si todo esto afectará a las personas que desean obtener licencia de manejo. MacLean aclaró que hay algunos estados donde, para obtener este documento, no basta con ser parte del programa TPS, sino que la persona debe demostrar una conexión de estado legal en Estados Unidos.
En todo caso, "es muy probable que vamos a tener una autoextensión. Si eso pasa, todos deben poder seguir pidiendo licencia de manejo sin problema", en los estados donde basta con ese estatus migratorio.
Sobre los permisos de trabajo, sí fue clara en admitir que si hay una decisión final y es negativa hacia una renovación del TPS, incluso después de una autoextensión hasta septiembre de 2023, dichos permisos quedarán inactivos, a menos que la administración Biden decida lo contrario.
"¿Qué hago si mi patrono o empleador me dice que entiende que el 31 de diciembre expira mi permiso de trabajo?", fue una de las preguntas recibidos por los profesionales del caso.
Arulanantham remarcó que "según la ley, usted puede decirle a su empleador que puede trabajar hasta el 31 de diciembre de 2022; y vamos a tener más certeza cuando la corte firme, y probablemente van a firmar, y por eso vamos a tener una autoextensión de nueve meses más, que es lo que ha estado pasando en casi cuatro años".
Finalmente, Arulanantham explicó que el permiso adelantado de reingreso, o "advance parole", se mantiene activo, y admitió que al menos en esa parte, la administración Biden ha cumplido, pero recomendó revisar caso a caso con un abogado.
"Hay personas que tienen esposa o esposo ciudadano, o un hijo ciudadano que tiene más de 21 años, y a veces es posible cambiar su estatus y obtener la residencia con una petición de esta persona. Y hay muchas personas que no podrían obtener este beneficio, porque nunca fueron admitidas en proceso formal, entrando a los Estados Unidos", aclaró sobre el "advance parol" el abogado.
"Ahora, según las reglas que hicieron en la administración Biden, personas con TPS podrían viajar con 'advance parole', y cuando regresa (a Estados Unidos) el Gobierno va a admitirle y no importa que antes usted entró ilegalmente, cruzando en el desierto o en el río. No es en todas las personas, es muy importante chequear. Podría hacerlo antes de que termine el TPS", concluyó.