Diferencias de jueces sobre TPS dan posibilidad de revisar fallo

El voto de los tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Pasadena, California, no fue unánime por lo que los argumentos sobre el fondo del proceso y con un voto disidente se abre la posibilidad de revisar la sentencia en el pleno de la corte bajo la figura del “rehearing en banc” en la jerga judicial.

Foto / Archivo

Por Tomás Guevara

Sep 17, 2020- 21:30

Las discrepancias en torno al Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de salvadoreños abre una ventaja de oportunidad para que la decisión pueda ser apelada. El panel de jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito está conformado por la jueza Morgan Christen, de 58 años, ascendida al cargo propuesta por el expresidente Barak Obama en 2012; la jueza Consuelo Callahan, de 70 años, quien llegó al cargo propuesta por el ex presidente George W. Bush, en 2003; y el juez Ryan Nelson, quien dejó el conservador estado de Idaho para cumplir la encomienda del presidente Trump en esa instancia judicial en California a finales de 2018.

La sentencia emitida este lunes que le deja vía abierta al Departamento de Seguridad Nacional, DHS, para finalizar con el TPS a unos 300 mil inmigrantes de seis países, entre estos 195 mil salvadoreños, no surgió con un voto unánime, sino dos a uno y con razonamientos sobre el proceso y las formas del fondo del asunto.

Sin embargo, es la falta de unanimidad del panel de jueces lo que deja abierta la posibilidad de apelar en la misma corte pidiendo una revisión de la sentencia por el pleno de jueces del Noveno Circuito, conformado por 29 magistrados, la figura jurídica de este proceso se denomina “Rehearing en banc”, la parte demandante tiene 45 días desde el día en que se emitió la sentencia para dar este paso, que ya han anunciado.

Desde un principio, los abogados querellantes se plantearon los dos escenarios, el de un triunfo en esta corte o una negativa, y si esta no era unánime seguía la querella en el mismo tribunal, según explicó durante el proceso la abogada demandante Emy McClean, quien ha representado a una de las familias salvadoreñas en el caso Ramos vs. Nielsen.

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En el documento de la sentencia -de 107 páginas- los jueces hacen un exhaustivo resumen del proceso judicial y las cláusulas que les llevan a analizar el fondo del asunto planteado por los demandantes y la representación del Departamento de Justicia, en defensa de la administración Trump.

En esencia, los magistrados ahondan sobre las razones del proceso y los límites del asunto a juzgar bajo los enfoques de la demanda inicial que llegó a una Corte Federal en California, con la que el juez federal Edward Chen emitió, en octubre de 2018, una medida cautelar que obligaba a DHS a frenar la cancelación del estatus legal para los inmigrantes, mientras se realizaba un juicio para ventilar los aspectos de la demanda colectiva.

La querella judicial inicio en marzo de 2018 a escasos dos meses de la cancelación del TPS para los salvadoreños, Sudan, Haití y Nicaragua ya estaban anunciados de la finalización, solo quedaba la decisión por Honduras que llegó en mayo y Nepal que concluyó en setiembre de ese mismo año.

Así los argumentos de los demandantes para frenar la cancelación del estatus temporal a salvadoreños, nicaragüenses, haitianos y sudaneses, se basada en dos principios. En primer lugar, que las acciones de DHS violaban la Ley de Procedimientos Administrativos, al cambiar la práctica de la administración anterior sin una explicación adecuada; y en segundo lugar, que la decisión tomada tenía motivaciones de discriminación racial en violación de los principios de igualdad de protección garantizados en la Quinta Enmienda de la Constitución.

Fue en agosto de 2018, que la representación legal de los demandantes pidió al juez Chen que emitiera una orden judicial preliminar para evitar que el gobierno implementara las terminaciones del TPS, y fue esa orden del juez dada en octubre que llevó la querella a esta instancia judicial, con la apelación por parte de la administración Trump, según reseña el documento hecho público por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito este 14 de septiembre.

Entramado judicial

Con ese panorama, la jueza Consuelo Callahan y el juez Ryan Nelson votaron a favor de revocar la orden judicial dada por el juez Chen; sin embargo, la jueza Morgan Christen votó a favor de mantenerla. Y de ahí comienzan los razonamientos de los magistrados para defender su postura.

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En el tecnicismo judicial, la jueza Callahan encontró que no podía revisar el reclamo de los demandantes, según las secciones del TPS, y el código del mismo, que indica que no existe jurisdicción para revisar la designación de terminación del estatus temporal por parte de DHS, y que el reclamo bajo la Ley de Procedimientos no se podía revisar porque los demandantes no estaban reclamando el procedimiento de la agencia, sino el análisis que hizo la ex Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

Además que los demandantes debían demostrar -en la otra parte del reclamo- que la discriminación racial era al menos un factor motivador para la terminación del TPS, que si bien había evidencias que el presidente Donald Trump expresó animadversión racial contra los inmigrantes no europeos, y que la Casa Blanca influyó en la decisión del proceso, no había evidencia que vinculara la participación el presidente u otro alto funcionario del gobierno en la decisión final que tomó la ex secretaria Nielsen.

No obstante, la jueza Morgan Christen, que llegó a ese tribunal superior en 2012, propuesta por Barack Obama, razonó que debido a que los demandantes ganarían el reclamo en la primera instancia judicial, al realizarse un juicio, la Corte de Apelaciones no debía abortar el reclamo bajo la Ley de Igualdad y dejar que avanzara el proceso judicial en la primera instancia.

“Este caso no se trata de permitir que inmigrantes crucen nuestras fronteras. Los demandantes son ciudadanos estadounidenses, hijos de inmigrantes que no son ciudadanos, pero que ya están en los Estados Unidos legalmente, algunos por más de 20 años”, razona la jueza Christen

Con su voto disidente la magistrada inclinó la balanza para que la parte querellante tenga oportunidad de que la demanda vuelva al mismo tribunal con la petición para que la Corte Plena de 29 jueces revisen el caso, volviendo al punto de partida de las dos líneas de reclamo que contempla la demanda colectiva donde figuran familias salvadoreñas.

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