EE.UU. cambia reglas para aspirar de estatus temporal a permanente

La agencia federal que procesa las peticiones de inmigración realizó un cambio a la regla para los ajustes de estatus, la operación se consumó durante la emergencia y atención mediática en la pandemia. Conglomerado organizaciones han demandado ante la Corte

Por Tomás Guevara

Sep 02, 2020- 04:30

Mientras el mundo se adentraba en la larga emergencia sanitaria causada por la pandemia del coronavirus, el director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, Ken Cuccinelli, realizó -justo antes de cerrar el año 2019- una actualización en las reglas de procedimiento de USCIS para el tratamiento de los más de 300 mil beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, TPS, que en definitiva trastoca las posibilidades de estos para el ajuste de estatus legal.

El cambio a la regla pasó inadvertido y no se conoció hasta hace unos días al registrarse los primeros casos de personas elegibles para pasar del TPS a la residencia permanente y que ahora deben superar un obstáculo mayor que no tenían contemplado en el proceso.

Antes de esta actualización a la regla, los beneficiarios del TPS que antes de obtener el estatus, por ejemplo, salvadoreños marzo 2001, y que pendía sobre ellos órdenes de deportación o que entraron de manera ilegal al país, con los permisos de viaje que autorizaba USCIS, el viajero al regresar a suelo estadounidense y pasar por aduanas obtenía la categoría de “inspeccionado”.

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La normativa, tal como está prevista en los procedimientos, trastoca esa base y USCIS alega que haber salido y entrado a suelo estadounidense con un permiso autorizado por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, bajo la protección del TPS, no cambia la situación inicial del beneficiario, aunque no se activa la orden de deportación, esto en cumplimiento a la Ley de Inmigración y Naturalización, INA.

La situación ha encausado una demanda en la Corte Federal del Distrito de Columbia (Washington DC) bajo el argumento que el actual titular de USCIS, Ken Cuccinelli carece de la autoridad legal para aplicar cambios a las reglas, al no ser un funcionario autorizado por el Senado.

En respuesta a la demanda que llegó a la corte la semana pasada y para mantener la postura, la agencia federal publicó un comunicado este lunes donde sintetiza la naturaleza del cambio realizado en defensa de la nueva regla.

“La decisión sostiene que los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, TPS, que viajen al extranjero utilizando un documento de viaje emitido por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, según la sección 244 de la Ley de Inmigración y Naturalización, INA, generalmente conservarán el mismo estatus migratorio a su regreso que tenían en el momento de la salida… Este viaje no cumple con el requisito de elegibilidad de “inspeccionado y admitido o en libertad condicional” para obtener un ajuste de estatus a residencia permanente legal. Esto es consistente con la aclaración anterior de la agencia de que el viaje autorizado de un beneficiario de TPS no ejecuta una orden final de remoción”, dijo USCIS en el comunicado de este lunes.

El director del Centro de Recursos para Centroamericanos, CARECEN, en Washington, Abel Núñez, explica el impacto de esta decisión para la clase TPS, y cómo un proceso de ajuste que antes se realizaba de manera casi expedita ahora estaría tomando otra dimensión mucho más compleja.

Por un lado, aquellos beneficiarios del estatus legal que tengan algún peticionario elegible, como cónyuges o hijos ciudadanos que han llegado a los 21 años, no podrían complementar el proceso dentro del país al considerar -bajo la nueva norma que-, aunque en algún momento hayan realizado viajes al exterior e ingresado por aduanas con chequeo por las autoridades de fronteras, no se considerarían “inspeccionados”.

“Esta decisión afecta a todos los casos, porque lo que ha decidido USCIS es que esa persona que somete una petición para ajuste, aunque haya salido del país y haya entrado ya de manera legal, y cumplido con la inspección, no será admisible, es decir lo ponen como si estuviera todavía de manera ‘ilegal’, y solo protegido por un TPS”, explica el salvadoreño Núñez.

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Esto implicaría que los funcionarios de la agencia federal, que brega con las peticiones de inmigración, podría ordenar a los solicitantes salir de Estados Unidos y esperar en su país por la decisión, so riesgo de recibir el castigo o pena de entre 3 y 10 años por haber entrado de manera ilegal a la nación norteamericana.

Con la demanda en la corte que ya pasó por el proceso de recepción, pero que todavía no hay calendario de audiencias, los abogados litigantes de varias organizaciones, entre estas CARECEN, han pedido al juez que ponga una medida cautelar para frenar ese cambio, bajo el argumento que el secretario interino no goza de la posición legal para tomar ese tipo de decisiones, pues su nombramiento no ha sido confirmado en el Senado.

Núñez reconoce desde hace años, los beneficiarios del estatus temporal que calificaban para la residencia permanente por alguna vía, en sus oficinas en Washington recomendaban tener una salida y entrada al país con el permiso de DHS, para así estar dentro del territorio ya de manera inspeccionada y poder continuar con el proceso que surtía de manera bastante normal.

Por su parte, el Director Adjunto de Políticas de USCIS, Joseph Edlow, aduce que las salidas y entradas para tener una inspección fueron una práctica errónea que violaba el espíritu de la Ley del TPS, y que la nueva política no afectará en la práctica a las personas que realizaron el ajuste de estatus bajo la práctica anterior.

“El Estatus de Protección Temporal es por su propia naturaleza temporal, y no debería proporcionar un camino a hacia la residencia permanente legal o la ciudadanía. La mala interpretación y la aplicación inconsistente de esta ley ha permitido previamente esos caminos para los beneficiarios extranjeros del TPS. Esta fue una distorsión errónea de lo que pretendía el Congreso al crear este programa temporal”, explica Edlow en el comunicado.

Los cerca de 300 mil beneficiarios del TPS, de seis países a los que les ha sido cancelado el beneficio migratorio, entre estos cerca de 200 mil salvadoreños, esperan con incertidumbre el vencimiento de la prórroga vigente hasta enero de 2021, y cuando aún no surte la decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Pasadena, California, donde se ventila el litigio contra la administración de Donald Trump por cancelar el estatus legal para esos miles de trabajadores inmigrantes.

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