Diputados de oposición y líderes sindicalistas consideran que el Gobierno de Nayib Bukele no tiene la capacidad de cumplir con todo lo que se ha comprometido tras la firma de convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, plantean que los diferentes sindicatos del país deben exigir al Ejecutivo el cumplimiento de estos acuerdos.
Esto luego de que la Asamblea Legislativa ratificara este lunes cinco convenios de la OIT que amplían los derechos de los trabajadores. Entre ellos, el 154 sobre el fomento de la negociación colectiva; el 148 en relación al medio ambiente de trabajo; el 183 respecto a la protección de la Maternidad; así como el 190 en torno a la eliminación de Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo; y el 102 sobre la Norma Mínima de Seguridad Social.
Sin embargo, este último acuerdo expresa reserva en torno a la aplicación de la parte IV y la parte VII, que se refieren a la prestación por desempleo y a la prestación familiar.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, votó a favor de la ratificación y ve con buenos ojos la idea de que la gente goce de prestaciones por vejez, por accidentes de trabajo y por invalidez. “Queremos que esos derechos no se queden solo en el papel; sabemos que eso cuesta dinero y también sabemos que dinero es lo que menos tiene el Estado en estos momentos”, opinó.
Explicó que por eso algunos convenios han entrado con reservas, dado que “las prestaciones por desempleo no entran; las prestaciones familiares tampoco”.
“No queremos que pase lo que ocurrió con la Ley de Salas Cunas. Se reconoció la obligación de que los lugares de trabajo tengan un espacio apropiado para los hijos e hijas de las madres trabajadoras, pero la entrada en vigencia ya se ha prorrogado 3 veces porque “aún no existen las condiciones para cumplir ese derecho”, dijo.
En ese sentido, recomendó que “el Estado haga una programación de cómo progresivamente conseguirá los recursos y tomará las medidas para cumplir los convenios”.
No existe dinero suficiente
El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra expuso que en 1958 cuando nació la Ley del Seguro Social, el artículo 3 y 4 de esa norma ya regulaba que el Estado iba a implementar una indemnización por cesantía y que desde entonces “no hemos tenido legislación secundaria, ahora el gobierno lo que hace es ratificar lo que desde 1958 se dijo de que no existe dinero suficiente para que el Seguro Social pague las cesantías de los trabajadores”.
“Hubiese sido un adelanto sustancial para la clase trabajadora el que hubiéramos tenido esta legislación ratificada, pero el Gobierno, pues la ratifica con reservas sobre este punto”, subrayó.
Por su parte, el legislador de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, apoyo las iniciativas, pero indicó que “hay un trasfondo político indudablemente con estas aprobaciones”. Además, lamentó que no se diera más discusión al respecto. “Porque para que el Estado salvadoreño garantice estos nuevos derechos se requiere saber, cómo lo van a hacer”, valoró.
El diputado de ARENA, Mauricio Linares recordó el evento realizado el pasado 1 de mayo en un hotel capitalino en el que el ministro de Trabajo, Rolando Castro manifestó que tales convenios eran un importante “logro” en favor de la clase trabajadora. Por lo que criticó dichas excepciones del 102.
Ademas, él destacó el papel que deben tomar los sindicalistas. “Creo que ahí los diferentes sindicatos deben buscar la manera de presionar al Gobierno el porqué está haciendo este tipo de acción de reservar un derecho que él ha adquirido en el convenio que se está confirmando”, señaló el legislador
¿Qué dicen los sindicatos?
Para Sonia de Urrutia, una de las representantes del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, integrada por un conglomerado de organizaciones y sindicatos del país “estos convenios ya están vigentes y al lanzar esta campaña en la conmemoración del 1 de mayo no era más que puro populismo y una burla para los trabajadores”.
Esto lo argumentó al señalar que “el Gobierno se ha caracterizado por ser el mayor violador de los derechos laborales de los trabajadores al despedir a 12,500 trabajadores el año pasado”.
Y además manifestó que “seria mentira” decir que el Gobierno va a estar en la capacidad de pagar las prestaciones de los despedidos.
Ella coincidió con el diputado Linares en el sentido de que los sindicalistas deben exigir el cumplimiento de tales acuerdos.
“Los sindicatos deben olvidarse un poco de estar asolapando los atropellos de este Gobierno que les ve la cara de estúpidos con plantear una propuesta que era populismo para evadir a que la gente se movilizar el 1 de mayo”, sostuvo.
“Realmente, no es creíble el que el Estado en este momento va a poder pagar salarios o dar una prestación a estos 12,500 personas despedidas”, concluyó.