Sindicalistas denuncian retrocesos en instituciones y más de 5 mil despidos

Sindicalistas que forman parte del  Movimiento por la Defensa de los Derechos  de la Clase Trabajadora (MDCT) denuncian retrasos y cierre de instituciones que fueron creadas como garantes de derechos humanos, tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, así como el despido de más de 5,500 trabajadores públicos. 

Entre estas señalan la Policía Nacional Civil (PNC) donde, desde el 19 de octubre de 2023 a la fecha, se han despedido a 300 trabajadores; en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) apuntan que tienen un registro de 102 personas que han sido separadas de sus cargos; asimismo en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) han sido suprimidas 140 plazas.

Durante una conferencia de prensa en la que participaron líderes sindicales despedidos de la Asamblea Legislativa, de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE ); de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), entre otros, señalaron que desde el 19 de octubre pasado a la fecha la cifra de empleados despedidos en diferentes instituciones del Estado es de 3,498.

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Durante el primer mandato de Nayib Bukele señalaron que hubo 20,650 despidos, entre entidades de gobierno, alcaldías y Asamblea Legislativa. Para el segundo periodo, hasta octubre ya se tenía 2,250.

"Este 16 de enero de 2025 se cumplen 33 años de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil por vía política, abriendo el camino a la democracia, al respeto de los derechos humanos y a la reunificación de la sociedad salvadoreña, no obstante ahora se está violentando estos derechos", expuso Silvia Navarrete, de Sitrasalud.

En 2022, con la aprobación de la Ley Especial para el Retiro y el Otorgamiento de Compensación Económica del Personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), más de 3,000 policías y 106 empleados de la Academia fueron “obligados al retiro forzoso", expusieron.

"Los directivos del sindicato SITANSP fueron despedidos el 31 de mayo, tardaron año y medio para darles la compensación económica, contrario a lo que estipulaba la ley", añadió Navarrete.

Una de las instituciones que nació tras los Acuerdos de Paz y que en diciembre de 2022 fue eliminada por el gobierno  es el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD), expusieron, asimismo afirmaron que este acto dejó a 375 personas desempleadas. 

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75 sindicalistas despedidos

El MDCT reiteró además que existe "una clara violación" al derecho de sindicación y al fuero sindical reconocido en el artículo 47 de la Constitución de la República.

Desde el 19 de octubre pasado a la fecha, 75 sindicalistas han sido separados de sus puestos de trabajo, según los datos dados a conocer este jueves por el MDCT.

 "Muchos de los despidos que se están realizando son de forma ilegal, por no decir que todos; la figura de supresión de plazas es una figura utilizada en este momento como un despido encubierto y eso nos permite poder accionar ante la jurisdicción, poder poner las demandas respectivas. Solicitamos a todos aquellos que se sientan vulnerados por despidos que se hayan realizado, que nos busquen", expuso el abogado Luis Rivera, asesor del MDCT.

Erick Zelaya, sindicalista y despedido de CONAMYPE,  por su parte afirmó que la supresión de plazas se han seguido anunciando en este mes de enero en carteras como Educación y Salud, en ANDA y otras entidades.

"Sabemos que esto va a seguir hasta marzo", expuso, en relación al recorte de más de 11 plazas contempladas en un plan de ajsute fiscal del gobierno en turno. 

El abogado Rivera añadió que estos datos no incluyen a trabajadores que se apegaron a los decretos de retiro voluntario.

"Solo en la Corte Suprema de Justicia, 1,800 personas se adhirieron a estos decretos; sabemos que hubo coacción para adherirse", sostuvo.

"La crisis en la que va a entrar la clase trabajadora, la institucionalidad y el pueblo salvadoreño es tremenda, y es algo que debemos revisarlo también con los organismos internacionales para que cuestionen a este gobierno para que cumpla con los parámetros de democracia, transparencia, de respeto al estado de derecho", sostuvo Guillermo García, despedido de la PDDH.

Asimismo, denuncian la utilización del Régimen de Excepción para perseguir y encarcelar de manera arbitraria a personas defensoras de derechos, liderazgos políticos y sociales.

En tal sentido, demandan el reinstalo de las personas despedidas de manera ilegal, además de seguir el debido proceso, respeto a los derechos de audiencia y defensa, así como el respeto al derecho a la libre sindicación, al fuero sindical y el restablecimiento de estos derechos a sindicalistas a quienes se les ha vulnerado.

Asimismo, detener el acoso laboral y los traslados arbitrarios. 

Los sindicalistas piden además la libertad “inmediata” para los líderes sindicales municipales detenidos en el marco del régimen de excepción Giovanni Aguirre, Sabino Ramos y Misael Itamir Gómez, quienes aseguran, son criminalizados por  defender los derechos de la clase trabajadora.