La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen para que se reforme la Ley de Presupuesto de 2025, específicamente, de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) para que se le incorporen $84.6 millones para comenzar los estudios del Programa "Fortalecimiento de la soberanía de conectividad de El Salvador: Cable submarino”.
Los fondos provienen de un préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un total de $145 millones, aprobado el 3 de octubre de 2024.
La Comisión recibió a representantes del Ministerio de Hacienda que expusieron la iniciativa, así como otra solicitudes que mandó el Gobierno a la Asamblea.
“Van solicitando incorporación de los recursos al presupuesto en la medida que van a ir avanzando en la ejecución del proyecto. En este caso, van a iniciar con la ejecución de los proyectos que se han formulado en el marco de esta operación”, dijo Delia Reyes, subdirectora general de Inversión y Crédito público.
Los primeros fondos se distribuirán en dos componentes del programa:
- $81.2 millones para la construcción, equipamiento y despliegue del Sistema de Cable Submarino en El Salvador
- $3.4 millones para el Fortalecimiento Institucional y Unidad Ejecutora.
El primer componente implica las contrataciones de la elaboración del estudio marino para identificar la viabilidad de la instalación del cable y el diseño de este; la consultoría para identificación de puntos de aterrizajes de cable en la costa salvadoreña y panameña; estudio de topologías para la determinación del recorrido del cable sobre el lecho marino; estudios oceanográficos para detectar asentamientos de fauna marina, fallas de terremotos u otros.
Y también para el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental y Social del proyecto, y del Plan Gestión de la Biodiversidad, Seguridad y Salud de la población y fauna de la zona de influencia, así como la supervisión de la obra.
“Abarca las actividades a realizar en el entorno marino, incluye diseño, fabricación, transporte, instalación del cable submarino en el océano”, agregó Reyes.
Añadió que el otro componente son las actividades en tierra de la ejecución del proyecto.

Y los fondos del fortalecimiento institucional implican la contratación de profesionales que conformarán la Unidad Gestora del Programa, contratación de consultorías legal y medioambiental, obtención de certificaciones para la operación del sistema de cable submarino y la adquisición de mobiliario y equipo.
La reforma se hará al presupuesto del Ministerio de Economía en el apartado de apoyo a instituciones adscritas donde esta la SIGET y se crea la estructura presupuestaria del programa a ejecutar.
Según el detalle por rubro, de los $84.6 millones, $80.9 millones serán inversiones en activos fijos y el resto para adquisiciones de bienes y servicios y gastos financieros.
Avalan garantías y exenciones de impuestos
La Comisión también dictaminó a favor de que se autorice al gobierno a que otorgue la Garantía Soberana para el préstamo que suscriba el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta $60 millones, para promover el ahorro energético y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) en el país.
De la misma forma, tendrá Garantía Soberana el préstamo de $130 millones entre BANDESAL y el BID, para financiar el "Programa de Apoyo a la Transformación Tecnológica y Digital de MIPYME en El Salvador".
Además, tienen dictamen favorable dos exenciones de impuestos para el Ministerio de Salud, uno para la introducción de un lote de 475 cajas de medicamentos para el tratamiento de cáncer de pulmón, adquirido a través de AstraZeneca, valorado en $3.8 millones. Y el otro es por la introducción al país de un donativo de 900 cajas de medicamento para tratamiento de leucemia, por un valor de $1.5 millones.
En ambos casos se exonerará al MINSAL del pago de todo tipo de impuestos, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) y de bodegaje.
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