La Organización de Estados Americanos (OEA) fue tajante y sentó posición este lunes ante la cancelación del convenio de creación de la comisión de combate a la corrupción, CICIES, por parte del Gobierno de Bukele.
El organismo indicó que "lamenta profundamente" la ruptura del acuerdo que rigió las tareas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país.
La OEA denunció el bloqueo del fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, al asfixiar a la comisión “cercenando completamente sus posibilidades de investigación”.
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Estos son los seis puntos de la OEA:
1. La aprobación de la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia COVID-19, promulgada por medio de decreto legislativo Nº7 de fecha 5 de mayo 2011 y publicado en el Diario Oficial Nº 85 Tomo 431 de la misma fecha 5 de mayo 2021; la misma eventualmente beneficia a personas que podrían haber tenido participación en actos de corrupción por la inmunidad que se establece en el Art. 4 de dicha ley y la CICIES no podía seguir trabajando en un marco de eventual impunidad.
2. La decisión gubernamental de no hacer público el Primer Informe Descriptivo sobre la Calidad Efectividad y Legitimidad del uso de Fondos Públicos en atención a la pandemia COVID-19. En dicho Informe se constata una serie de irregularidades de apariencia delictiva que es necesario investigar.
3. En tercer lugar, el asfixiamiento que ha realizado la fiscalía general a la CICIES en las últimas semanas cercenando completamente sus posibilidades de investigación.
4. Las acciones de Gobierno encaminadas a impedir avances en las investigaciones a denuncias de corrupción de la actual administración.
5. Y en función de lo anterior, la necesidad de la aprobación de una reforma al código procesal penal para que organismos intergubernamentales como la CICIES pudieran ser querellante en los procesos penales e investigaciones que la Fiscalía General de la República realizase en aquellos casos de corrupción que afectaran derechos difusos de la población.
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6. La recurrente actitud del Gobierno de procurar inducir a la CICIES a investigar acciones de políticos de la oposición exclusivamente. Ello es absolutamente improcedente y contrario al compromiso que la Secretaría General asumió que la CICIES nunca sería un instrumento de persecución política por parte del Gobierno.
La Secretaría General de la OEA consideraba, y así lo hizo saber a Gobierno y donantes, que sin estos elementos “la lucha contra la corrupción” es más un esfuerzo retórico que un objetivo político y ético, lo cual hace imposible para la CICIES acompañar este proceso.
El actual Gobierno de El Salvador sabe que la Secretaría General de la OEA ha asumido siempre los principios de esenciales del Derecho Interamericano y del Sistema interamericano, aun cuando estuviera en muchos casos sola en defensa de estos principios. Asimismo, puede estar seguro de que los continuara asumiendo, sin importar los seguros costos políticos que esto tendrá.