La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio cuatro meses a los diputados para que se pongan de acuerdo en la creación de una verdadera Ley de Reconciliación Nacional y Asistencia a Víctimas que sustituiría la vieja Ley de Amnistía que fue declarada inconstitucional por violar derechos humanos.
El 24 de mayo, los diputados dieron marcha atrás en un intento por aprobar la nueva Ley de Reconciliación Nacional por presión social, dijeron. El punto principal de esta propuesta y que la invalidó de plano, está en su artículo 12, que habla sobre penas a los culpables de crímenes de guerra o de lesa humanidad. Según el anteproyecto, aquellas penas de menos de diez años serán desestimadas y las que excedan este plazo serán sustituidas por trabajos de utilidad pública.
Ahí reside una de las principales críticas de la sociedad civil que considera que esta ley no garantiza el acceso a la justicia por no establecer cárcel a los que resulten responsables.
El nuevo plazo concedido a los diputados es para cumpla con lo ordenado por la Sala en la resolución emitida el 13 de julio de 2016. Con la ampliación del periodo, los diputados deberán tener una nueva Ley de Amnistía a mas tardar el 13 de noviembre de este año.
Asimismo, la Corte recuerda a los diputados que la nueva normativa deberá estar en concordancia con los parámetros establecidos en la sentencia de inconstitucionalidad de la vieja ley, así como con las resoluciones de seguimiento.
Los constitucionalistas también reiteran que en la elaboración de dicha ley se deben considerar la opinión de las víctimas del conflicto armado, las asociaciones que los representan y otros sectores de la sociedad que se muestren interesados en contribuir.
Además dejan claro que los diputados deben propiciar el diálogo abierto, transparente e inclusivo de los diferentes sectores sociales, especialmente las víctimas del pasado conflicto armado, tal y como se plasmó en la resolución del 13 de julio de 2018.
Los magistrados recordaron a los legisladores que el proceso legislativo para la promulgación de la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, no ha sido capaz de generar niveles de confianza mínimos en familiares de las víctimas.
“Aprobar una ley en estas condiciones no solo significaría el incumplimiento a las obligaciones derivadas de la sentencia pronunciadas en el proceso de inconstitucionalidad y sus resoluciones de seguimiento, sino un debilitamiento del Estado constitucional de derecho.
El nuevo plazo debe ser visto a la luz de lograr un marco de justicia transicional que permita ayudar a superar los aspectos deficitarios derivados del proceso de paz y señalados en la sentencia.
La Sala aclara que sus observaciones no parte de un examen o valoración previo sobre el contenido del proyecto de ley porque eso implicaría hacer un control previo de constitucionalidad.