Uno de los criterios para agrupar a los imputados detenidos en el régimen de excepción en procesos judiciales por tipo de estructura criminal tiene que ver con el lugar de su procedencia, lo que para organizaciones sociales y abogados significaría profundizar la estigmatización para habitantes de zonas en condiciones de vulnerabilidad.
“Lo que quieren, básicamente, es asociar a personas que no necesariamente han cometido delitos, pero que viven en ciertas zonas y que han sufrido la violencia de las pandillas, con estas estructuras criminales y poderles criminalizar en grupo, al no contar con las capacidades técnicas ni los fundamentos legales para acusar a estas personas formalmente por la comisión de un delito en particular”, expresó Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
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Las “Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción” aprobadas esta semana, facultan a Fiscalía General de la República (FGR) para que agrupe por estructura a imputados en procesos en instrucción.
Para realizarlo se establecieron los siguientes criterios: estructura, denominación, funcionamiento, territorio “u otros que resulten aplicables a criterio del fiscal” y de acuerdo con “elementos indiciarios” con que se cuenten.
Reyna añadió que en la mayoría de capturas se realizaron sin una investigación previa que sustenten que todos pertenezcan a las pandillas.
Otto Flores, abogado de Socorro Jurídico Humanitario, consideró que el régimen de excepción fue una medida improvisada y propició capturas masivas en determinadas colonias.
“Sí, generaría una estigmatización como tal. El problema que tenemos es porque el régimen fue una medida improvisada ante la caída de la tregua que se tenía con las pandillas. Se comenzó a capturar gente que era, por ejemplo, del municipio de San Salvador que venía del trabajo y vivía en Sonsonate”, dijo.
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“Evidentemente que las detenciones se han realizado en lugares de alto contexto de vulnerabilidad económico social y se está trabajando ante todo con una percepción ‘si vivís por ahí sos un delincuente' ”, expresó un especialista en derecho penal, quien pidió el anonimato.
Agregó que en el derecho penal moderno lo que importa es comprobar que efectivamente es miembro de una organización criminal y que ha participado en hechos delictivos. “Pero hay un montón de detenciones que no tienen el suficiente sustento probatorio”, afirmó.
Retrocesos en derechos
Mientras que Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal, considera que esta y otras reformas penales impulsadas por el gobierno desde el año pasado, cuando se estableció el régimen de excepción, no cumplen los estándares internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, los derechos en la Constitución de la República, el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece garantías procesales.
“Es muy probable con cualquier caso de los que se están procesando en el régimen no pueda cumplir las mínimas garantía del proceso en los tratados internacionales y muy probablemente los casos que se presenten al sistema interamericano o sistema universal generen condenas contra el Estado salvadoreño”, expresó.
Para Amnistía Internacional, las reformas impulsadas resultan “contrarias” a los compromisos internacionales que en materia de derechos humanos el Estado Salvadoreño está obligado a cumplir.
“Cualquier ciudadano que anda a pie solo porque sea un estrato social bajo o tenga un problema personal con alguien o dependiendo de la zona donde viva o trabaje ya corre peligro su derecho a la libertad”
Otto Flores, abogado de Socorro Jurídico Humanitario
“Y suponen una afrenta directa contra los derechos de las miles de personas que han sido sometidas a detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción. Las modificaciones que se aprobaron representan un claro retroceso en materia de derechos humanos y, por tanto, es imperativo su pronta derogación”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Flores valoró que el país estaría enfrentando un retroceso en materia de derechos humanos “a épocas anteriores” al conflicto armado. “Estamos llegando a una época, todas las reformas penales que se hicieron de 1998, es decir, auspiciadas por los Acuerdos de Paz, eso ya se perdió, se ha perdido”, dijo.
Inclusive valora que es un retroceso mucho más atrás del Código Procesal Penal y del Código Penal de 1971 y de 1972.