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Repiten juicio a jefe policial, señalado de pertenecer a grupo de exterminio

Junto al inspector, dos miembros de la PNC también enfrentaron, este martes, la misma diligencia judicial, por los homicidios de un supuesto pandillero de la 18 y un empleado municipal de San Juan Nonualco

Por Jorge Beltrán Luna | Ene 18, 2025- 12:28

Regis Omar Joachín Sánchez (con lentes), inspector jefe de la Policía Nacional Civil, fue condenado a 71 años de cárcel en diciembre de 2022, pero un tribunal superior anuló la sentencia y ordenó que se repitiera el juicio contra él y dos policías más. Foto EDH/Cortesía FGR
Regis Omar Joachín Sánchez (con lentes), inspector jefe de la Policía Nacional Civil, fue condenado a 71 años de cárcel en diciembre de 2022, pero un tribunal superior anuló la sentencia y ordenó que se repitiera el juicio contra él y dos policías más. Foto EDH/Cortesía FGR

En sus 32 años de existencia, decenas de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) han sido señalados de pertenecer a grupos de sicariato, de exterminio o de ejecuciones extrajudiciales; pero cuando se trata de jefes policiales, son pocos los que han sido condenados.

A pocos años de existir la PNC, meses si se quiere, ya sus miembros aparecían como sospechosos, vinculados a ejecuciones extrajudiciales o asesinatos a sueldo, como el caso del homicidio de Ramón Mauricio García Prieto, el 10 de junio de 1994, o del joven estudiante de Medicina, Manuel Adriano Vilanova Velver, asesinado el 2 de septiembre de 1995.

El primer caso en el que un jefe policial era relacionado a grupos de extermino ocurrió en 1995, cuando el jefe de la delegación policial de San Miguel, César Baldemar Flores Murillo, fue vinculado al grupo conocido como “Sombra Negra”, junto a tres policías más que, supuestamente, en contubernio con personas civiles  residentes en San Miguel, asesinaban a personas señaladas o sospechosas de ser delincuentes.

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Uno de los últimos juicios en los que un alto jefe policial es acusado de aliarse con personas civiles para conformar grupos de exterminio y ejecutar arbitrariamente a miembros de grupos de pandillas, es el de un inspector jefe, que a la fecha cuando fueron cometidas varias ejecuciones, era jefe de la subdelegación policial de Zacatecoluca, según ha informado la Fiscalía General de la República (FGR).

Se trata del inspector jefe Regis Omar Joachín Sánchez, quien a finales de diciembre de 2022 fue sentenciado a 71 años de prisión, al declararlo responsable por un doble homicidio cometido en San Marcos, al sur de San Salvador, y por agrupaciones ilícitas, de acuerdo con información publicada por la Fiscalía, el 20 de diciembre de 2022.

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El 2 de septiembre de 1995, cuando la policía apenas había sido fundada, Manuel Adriano Vilanova Velver, estudiante de Medicina, fue asesinado por policías. La institución intentó esconder a quienes fueron condenados por ese crimen. Foto EDH/Archivo

Junto a Joachín Sánchez fueron condenados dos elementos policiales más y dos civiles, entre estos, una mujer que es familiar de otro de los policías condenados, y que por varios años ocupó puestos en un concejo municipal del departamento de San Vicente.

Sin embargo, al parecer la justicia salvadoreña le dio una oportunidad más al jefe policial y sus dos compañeros de trabajo, pues  una Cámara Segunda Contra el Crimen Organizado, anuló el fallo condenatorio emitido en diciembre de 2022 contra el oficial y los otros dos miembros de la PNC, ordenando que se repitiera el juicio.

El pasado martes, la Fiscalía informó que en el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, se desarrollaría la vista pública, o juicio, contra Joachín Sánchez, José Mario Alvarado Erazo y José Saúl García Ayala.

No obstante, la Fiscalía se guardó el detalle de que el desarrollo de esa vista pública no es más que la repetición de la misma diligencia que se realizó en diciembre de 2022, cuando los tres miembros de la PNC fueron condenados tras comprobarles, según informó la Fiscalía en aquel momento, que habían ejecutado a ocho personas, aunque la cantidad de víctimas eran muchas más.

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La anulación de aquella vista pública realizada en diciembre de 2022 y la orden de repetir la misma, según el tribunal de alzada, se debió a que el juzgado no fundamentó su decisión en varios casos de homicidios.

Uno de esos casos es, precisamente, el doble homicidio por el que fue condenado el jefe policial, en donde las víctimas serían dos personas, supuestamente miembros de pandillas, asesinadas en San Marcos, según fuentes fiscales que conocen el caso..

De acuerdo con las fuentes fiscales consultadas, si bien la audiencia se repitió por falta de fundamentación en la sentencia, según la resolución de la Cámara, existe alguna posibilidad de que la sentencia sea distinta a la emitida en diciembre de 2022. Sería, de nuevo, un jefe policial libre de este tipo de señalamientos.

El agente del CAM que ejecutaron

Entre los muchos casos de grupos de exterminio, ejecuciones extrajudiciales y sicariato en los que miembros de la PNC han sido relacionados y algunos del nivel básico condenados, existen múltiples casos de personas que no tenían vinculaciones con grupos terroristas, que fueron asesinados y cuando sus cadáveres fueron reconocidos legalmente, la misma policía se encargó de asegurar que eran pandilleros y que habían sido asesinados por ajustes de cuentas entre esos mismos grupos.

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Kevin Alexander Rivera, de 17 años, fue desaparecido y asesinado por un agentes policiales, el 30 de julio de 2017, en Santiago Nonualco. Su cuerpo nunca fue encontrado. Foto EDH/Archivo

Hastiadas de las pandillas, muchas personas alababan esos  “ajustes de cuentas entre pandillas”, sin embargo, judicialmente se ha comprobado muchos casos en los que las víctimas no eran pandilleros ni otro tipo de delincuentes, sino que simplemente fueron víctimas de grupos de exterminio que aprovechaban la ocasión para robarles a las víctimas.

Uno de esos casos fue el de un empleado de la alcaldía de San Juan Nonualco, departamento de La Paz, identificado como Silvio Romeo Montano Orellana, quien trabajaba como vigilante municipal.

Esta persona fue ejecutada con arma de fuego, el 8 de agosto de 2018, en la comunidad Los Cocos, cantón Las Anonas, del ahora distrito de Tecoluca, departamento de San Vicente. Inicialmente, de la víctima afirmaron que tenía vínculos con pandillas y que por eso lo habían asesinado pandilleros rivales, lo cual resultó totalmente falso.

En el homicidio de Montano Orellana, las investigaciones fiscales indican que se dio la participación de otro oficial de la PNC, identificado como José Concepción Marín Lozano, quien nunca fue capturado y al día de hoy se encuentra prófugo.

En el caso del grupo de exterminio en los que están vinculados Joachín Sánchez y Marín Lozano, participaron personas civiles, quienes también fueron condenados. La sentencia contra ellos no fue anulada, como en el caso del inspector jefe.

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Entre los civiles que recibieron condena está Santos Raquel Sarmiento Ayala, quien fue condenada  en diciembre de 2022 a 50 años de prisión por su participación en el homicidio de un pandillero.

Sarmiento Ayala, de acuerdo con fuentes policiales, fue miembro del concejo municipal de Zacatecoluca, en el período 2012 al 2015. La mujer es familiar del policía José Saúl García Ayala, uno de los tres favorecidos judicialmente con la anulación de la sentencia y la  posterior repetición de la vista pública. La sentencia de diciembre de 2022 le impuso 65 años de prisión por homicidios agravados y agrupaciones ilícitas.

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Jorge Amílcar Guido (tercero de izq. a der.) policía condenado por desaparecer a Kevin Alexander Rivera, el 30 de julio de 2017 en Santiago Nonualco, La Paz. |Foto EDH / Archivo

El caso del inspector jefe Joachín Sánchez era el único caso en el que un alto oficial de la PNC había sido condenado a decenas de años de prisión, por participar en homicidios cometidos por grupos de exterminio. Hasta el jueves anterior, la Fiscalía no había informado del resultado de la nueva vista pública.

En otro de los casos más sonados en El Salvador, en la década de los 90, cuando la PNC apenas daba sus primeros pasos, el oficial que fue mencionado como parte del grupo de exterminio autodenominado “Sombra Negra”, fue declarado inocente de todos los cargos.

Flores Murillo llegó a ser nombrado subdirector general de la PNC, institución que nació de los Acuerdos de Paz y que desde sus inicios, muchos de sus elementos fueron vinculados a sonados crímenes, como el del joven Vilanova Velver, el del excomandante guerrillero, Darold Francisco Velis y el empresario Ramón Mauricio García-Prieto, entre muchos.

La estafa de perdonarlos

Durante el 2022, la Fiscalía informó sobre condenas de varios casos en los que se impuso abultadas condenas a elementos policiales, del nivel básico, por delitos de homicidios vinculados a grupos de exterminio.

Varios familiares de policías condenados comenzaron a gestionar ayuda en el ámbito político con el fin de que las penas impuestas a sus parientes “por matar pandilleros”, fueran perdonadas.

En ese afán, tocaron las puertas de un político quien en ese momento era diputado de la Asamblea Legislativa y quien siempre manejó un discurso de apoyo a elementos policiales o militares involucrados en grupos de extermino o en ejecuciones extrajudiciales disfrazadas de supuestos enfrentamientos.

El exdiputado ofreció a las familias que “sacaría de la cárcel” a sus parientes. Sin embargo, diversas fuentes consultadas por este Diario aseguran que el discurso de apoyo solo fueron palabras, pues nunca obtuvieron la ayuda ofrecida, para lo cual le entregaron cuantiosas sumas de dinero.

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Fuentes de este Diario aseguran que algunas familias no solo no pudieron ver libres a sus familiares, sino que se quedaron sin viviendas, pues con la esperanza que el político les había dado, hasta vendieron o empeñaron con créditos sus casas o terrenos para cultivos de subsistencia, los cuales terminaron perdiendo, pues no pudieron recuperar el dinero que entregaron.

“Muchos terminamos siendo estafados por ese señor que siempre dijo que nos iba apoyar”, comentó una persona cuyo esposo, expolicía, está en prisión por crímenes cometidos por grupos de exterminio.

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