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El régimen de excepción ha revivido la figura del detenido-desaparecido

Lo anterior se concluye tras la jornada “Violencia, militarización y derechos humanos en el triángulo norte centroamericano”, celebrada en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, España.

Por Pep Espanya, especial para El Diario de Hoy | Mar 03, 2024- 12:11

La jornada “Violencia, militarización y derechos humanos en el triángulo norte centroamericano” se celebró en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, España. Foto EDH / cortesía

La figura del detenido-desaparecido, que abundó desde antes de los 12 años de guerra que acabaron con los Acuerdos de Paz de 1992, ha vuelto con el régimen de excepción que prevalece actualmente en El Salvador con el argumento de combatir la delincuencia, pero que ha afectado a miles de inocentes, según organismos de derechos humanos.

Lo anterior se concluye tras la jornada “Violencia, militarización y derechos humanos en el triángulo norte centroamericano”, celebrada en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, España.

En uno de los salones del edificio 40 de la Universidad, un público compuesto por un centenar de estudiantes de Criminología y Políticas de prevención tuvo oportunidad de escuchar a especialistas centroamericanos durante casi tres horas.

Los estudiantes tuvieron oportunidad de escuchar y hacer preguntas acerca de la situación actual en El Salvador, Guatemala y Honduras, desde los puntos de vista de diversas personas conocedoras a profundidad de las temáticas del coloquio.

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Para Súchit Chávez, periodista de la revista digital Factum, en El Salvador hay un ataque contra periodistas como una narrativa oficialista en contra de la democracia. “Ahora hay que hacer reporteo más fuerte en terreno, porque las fuentes tienen muchísimo miedo”, indicó, a la vez que señaló que en Guatemala y Honduras hay periodistas encarcelados o en el exilio.

Para la doctoranda Jeannette Aguilar, exdirectora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), ahora residente en autoexilio, la figura de la persona desaparecida por estructuras del Estado inició a mediados de la década de 1960, pero después fue asumida por los escuadrones de la muerte durante la guerra y por las pandillas en los últimos 30 años. El arquetipo del desaparecido siempre ha sido el mismo: “hombres jóvenes, de clases populares”. La guerra contra las pandillas, encabezada por el Plan Control Territorial, le dio nueva vida a la figura del detenido-desaparecido, a una persona privada de libertad sin orden judicial, recluida en centros de detención no oficiales y sin posibilidad de resolver su situación mediante un habeas corpus.

A juicio de esa especialista en derechos humanos, mediante la narrativa autoritaria del oficialismo se ha implantado miedo en el cuerpo de la sociedad salvadoreña, que retoma el “ver, oír y callar” de las maras y lo hace suyo, pero bajo presión de las estructuras de defensa y seguridad pública, que actúan de formas antojadizas y no apegadas a la legalidad nacional e internacional.

Para la psicóloga Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista de El Salvador, el estado de excepción ha reducido el número de homicidios en el país, pero a costa de más de 76,000 personas detenidas sin juicio, más de 2,500 violaciones documentadas de derechos humanos y 232 personas asesinadas en diversas circunstancias dentro de los centros penales salvadoreños. Para ella, el CECOT es promovido por una narrativa de influencers que busca demostrar que el gobierno tiene control absoluto sobre las pandillas y como una supuesta evidencia de que no viola derechos humanos. En la promoción de ese “centro turístico penitenciario” han caído diversas cadenas de noticias y periodistas, quienes han contribuido a vender ese “modelo de seguridad” que no se sujeta a ninguna auditoría internacional.

Para Isabel Aguilar, defensora de derechos humanos en Guatemala, en el “triángulo de acero” compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras, se tiene a grupos de élites que mantienen control de la sociedad mediante respuestas militares y punitivas, para las que el manodurismo es la solución a toda forma de violencia, sin prestar atención a sus orígenes y diferencias en los tres países.

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A su juicio, “criminalizar a la juventud ha permitido que esos grupos de poder y sus cuerpos de policía justifiquen presupuestos millonarios para defensa y seguridad pública”, para reprimir de diversas formas.

Para el padre Ismael Moreno, jesuita de Honduras, la región centroamericana mantiene una fuerte carga de violencia en su población juvenil, derivada de un modelo económico que ha pasado de ser un enclave bananero a otro maquilero y, más recientemente, a uno de acciones del narcotráfico internacional y otras variedades del crimen organizado. Según su análisis, “ese modelo productor de desigualdades, basado en el extractivismo de los recursos naturales” desemboca en ingobernabilidad y corrupción, de las que se derivan la falta de convivencia ciudadana, la violencia y la migración forzada interna y la expulsión de masas humanas hacia el extranjero.

Como parte de su llamado a la esperanza en el futuro, el jesuita piensa en que es importante rehacer los vínculos humanos con la naturaleza y, además, las bases para reorganizar una patria grande centroamericana que permita la movilidad de personas, productos e ideas.

La jornada formó parte de un conjunto de actividades en diversos escenarios de Barcelona, Tarragona e Igualada. Los eventos fueron patrocinados por la oenegé Huacal y la Asociación Internacional Pro Memoria Histórica, Reconciliación y Cultura de Paz de El Salvador, con la colaboración de la Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo, la Generalitat de Cataluña, los Ayuntamientos de Tarragona e Igualada y diversas organizaciones sociales y de solidaridad establecidas en las tres ciudades.

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