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Informe de la UCA señala siete denuncias por tortura en un año

2,916 agentes de la PNC han sido denunciados por vulneración al derecho de la integridad personal. Especialista dice que no funcionan las instituciones que deben erradicar estas prácticas.

Por Lissette Lemus | Jun 30, 2022- 21:40

Foto EDH/ Archivo

Un total de 1,919 casos de delitos relacionados con la vulneración al derecho a la integridad personal, cometidos por agentes de la Policía y la Fuerza Armada, fueron registrados por la Fiscalía General de la República, entre enero de 2019 y octubre de 2021.

El dato fue revelado durante la presentación del Informe sobre el derecho a la integridad personal en El Salvador del Observatorio universitario derechos humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

El documento agrega que por estos delitos fueron señalados 2,916 agentes de diferentes unidades de la Policía Nacional Civil y 685 elementos de la Fuerza Armada.

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Entre los delitos denunciados se registran siete casos de tortura, los cuales fueron cometidas por agentes del Estado.

Además, se contabilizan 497 amenazas, 479 lesiones, 219 amenazas con agravación especial, 36 lesiones graves y 28 violaciones.

En el informe no se incluyen datos de noviembre y diciembre de 2020, debido a que no fueron proporcionados.

Gino Costa, miembro del Consejo Consultivo OUDH y especialista en seguridad ciudadana, expresó que el informe demuestra que la situación del derecho a la integridad personal es preocupante en El Salvador y que demanda la atención de las autoridades.

Costa recalcó que las instituciones responsables de proteger y prevenir las violaciones de los mismos, de investigar las vulneraciones, para sancionar y erradicar esta práctica, no están cumpliendo con su función.

El especialista celebró que la Procuraduría General de la República (PGR) emitiera un pronunciamiento sobre la situación del centro penal de Mariona, pero recordó que solo se trata de cárcel de varias que existen a nivel nacional.

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“Se requiere de la presencia permanente de la Procuraduría porque ese es su rol. La PGR tiene un departamento especial para personas privadas de libertad que supervisa la situación en bartolinas policiales y centro penales, por mandato constitucional”, agregó.

Mujeres y periodistas vulnerados

La investigación incluye un apartado sobre la violencia contra las mujeres registrada en 2021, el cual señala que hubo 4,502 víctimas de delitos sexuales, que representa un aumento del 17 % comparado con el año anterior.

Los delitos de expresiones de violencia contra las mujeres y difusión ilegal de información registraron el 94.13 % de las víctimas con 3,318 casos.

Otro de los sectores vulnerados en 2021 fueron los periodistas que de 125 casos en el año anterior, pasaron a 219 denuncias de agresiones. En este sector la mayoría de los ataques son cometidos en entornos virtuales.

Entre las agresiones que sufren los periodistas están las restricciones al ejercicio periodístico, detenciones arbitrarias, amenazas y uso excesivo de la fuerza.

Abusos durante el régimen

El estudio realizado por el OUDH también incluye una sección sobre presuntas violaciones a derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción, entre el 27 de marzo y el 25 de mayo de este año. Según datos recopilados por la Procuraduría de Derechos Humanos fueron atendidas 1,931 denuncias.

Entre los abusos reportados se encuentran 171 negativas de los agentes o funcionarios a proporcionar la ubicación exacta del lugar en que se encuentra detenida una persona, ni la identificación clara de la unidad policial que realizó el arresto.

Foto EDH/Archivo

El informe señala que hubo 12 denuncias por el uso desproporcionado de la fuerza, seis omisiones para dotar medicamentos esenciales a personas capturadas, 21 malos tratos, tres denuncias por tratos crueles, inhumanos y degradantes y seis reportes de intimidaciones por parte de los agentes del Estado.

Danilo Flores, coordinador general del observatorio, explicó que la falta de información sobre las personas capturadas produce sufrimientos en los familiares.

“Hace falta información para establecer las dimensiones reales de los problemas que están ocurriendo en las cárceles y otros centros de detención” recalcó.

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