La decimocuarta prórroga del régimen de excepción fue aprobada esta noche con 67 votos a favor por la Asamblea Legislativa, tomando de contexto el asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil en Chalatenango.
La agenda de la sesión fue modificada de manera exprés para aprobar sin discusión la prórroga solicitada por el Gabinete de Seguridad ayer mismo.
El presidente Nayib Bukele no dejó de reaccionar ante el asesinato del agente Maximino Antonio Vásquez Rodríguez en una emboscada para relacionarlo con la extensión del régimen: “Que sepan todas las ONGs de ‘derechos humanos’, que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás. ¿Ven por qué debemos continuar con el régimen de excepción hasta terminar por completo con esta peste?”, publicó en Twitter.
Aunque el gobierno central ha presumido de 365 días no consecutivos sin homicidios durante cuatro años de gestión, la pérdida de garantías constitucionales tuvo que ser aprobada para 30 días más. El ministro de Defensa, René Merino, destacó ayer, al llevar la solicitud del régimen, que en lo que va del año, van 99 días “sin registrar homicidios”.
Sumado a esto, destacó que desde la actual gestión en lo que va de 2023, el promedio diario de homicidios es menor a 1, cuando en gestiones anteriores “apenas había un día por año sin homicidios”.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que mantener vigente el régimen es el tipo de “democracia” que quiere tener Bukele en el país.
“Es una estrategia innovadora, contundente. Esa es la democracia que quiere tener el presidente Nayib Bukele, donde los gobiernos, los órganos de Estado escuchan las demandas de la población y las solucionan”, dijo Villatoro en la Asamblea Legislativa.
Los funcionarios de Seguridad omitieron decir que las cifras de homicidios de personas sospechosas de haber cometido algún delito no están siendo incluidos en el registro y estadísticas oficiales.
La nueva extensión se aprobó ignorando las cifras emitidas por organizaciones de la sociedad civil en las que dejan ver que bajo el régimen ocurren ejecuciones extrajudiciales, torturas y capturas arbitrarias.
“La respuesta del gobierno en torno a los homicidios es que “no existen”, algo que es falso en el sentido que se han conocido casos de muertes, de asesinatos, incluso no poder dejar de mencionar los muertos a manos del Estado dentro de los centros penales, que son muchos, que también pareciera que no son vidas, porque el Estado no las registra”, cuestionó la diputada de oposición, Anabel Belloso.
Pero el gobierno central ha tenido que liberar a cerca de 5,000 personas capturadas por el régimen por no encontrarles vínculos con grupos pandilleriles, lo cual contradice el discurso de que sólo se están capturando a vinculados con agrupaciones ilícitas.
“Nuestro plan de seguridad, es un plan especial. Todos estaban acostumbrados en Latinoamérica a que cuando se hablaba de régimen de excepción, se le aplicaba a toda la ciudadanía y obviamente, eso les afectaba. En nuestro caso el régimen de excepción es aplicado única y exclusivamente a delincuentes”, dijo Merino Monroy para justificar la prórroga.
“Ningún miembro del Gabinete de Seguridad obtiene algún beneficio en andar hostigando a las personas honradas”, añadió.
Tantas veces se requiera
Los diputados del oficialismo, mes a mes, han manifestado que prorrogarán el régimen cuantas veces “sea necesario”, o cada vez que el gobierno de Bukele así lo solicite.
Diputados del partido oficial Nuevas Ideas, entre ellos Caleb Navarro y Evelyn Merlos, así como Guillermo Gallegos, de GANA, consideraron que cada capturado bajo el régimen debe terminar en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Organizaciones de la sociedad civil, la oposición política y la comunidad internacional han llamado al gobierno a cesar el régimen de excepción por ser violatorio a los derechos humanos, pero esto no tiene eco en la bancada oficialista ni en el Ejecutivo.
A inicios del mes, el embajador de la Unión Europea, François Roudié, llamó a El Salvador a “encontrar el camino a la normalidad sin medidas de excepción” y reafirmó su apoyo a “políticas cimentadas en la transparencia y el Estado de Derecho”.
Igualmente, la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció que ofrecía la visita de una misión para colaborar técnicamente en la implementación de los estándares interamericanos de derechos humanos.
El gobierno no atendió al llamado del organismo internacional.
Por su parte, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha cuestionado el régimen porque “la excepción ya no puede ser la regla” y advirtió que la suspensión de las garantías constitucionales va generando un deterioro a la democracia interna de El Salvador.
El régimen de excepción está vigente desde el pasado 27 de marzo de 2022, tras un alza en el índice de homicidios. La medida excepcional fue solicitada por el gobierno central y ahora lo vende como parte del Plan Control Territorial.