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La mayoría de capturas en el régimen de excepción son arbitrarias, dice informe de Amnistía Internacional

El informe global de Amnistía Internacional denuncia el seguimiento de violaciones a derechos humanos y el debilitamiento del Estado de Derecho, en el régimen de excepción.

Por Lissette Lemus | Abr 24, 2024- 10:16

Foto Archivo / EDH

La mayoría de las detenciones efectuadas en El Salvador durante el régimen son arbitrarias porque violan las garantías procesales a través de la ausencia de órdenes judiciales claras, señala el informe sobre la situación de los derechos humanos a nivel mundial, presentado hoy por Amnistía Internacional.

Además, son arbitrarias por la prolongación de las detenciones administrativas, la falta de información oficial exacta sobre el paradero de los detenidos dada a las familias y el ocultamiento de la identidad de los jueces que tramitan los casos, agrega.

En la mayoría de los casos las personas capturadas bajo el régimen de excepción han sido acusadas de agrupaciones ilícitas, delito relacionado con la actividad de las pandillas y la pertenencia a ellas.

El informe global de esa organización internacional defensora de los derechos humanos indica que con la continuación del régimen de excepción, como un estado permanente en 2023, han seguido las violaciones generalizadas de derechos humanos, el debilitamiento del estado de derecho y la criminalización de la disidencia en El Salvador.

Asimismo indica el aumento de las restricciones a la libertad de asociación a través del socavamiento de los sindicatos, la estigmatización de periodistas y defensores de los derechos humanos y la falta de transparencia e información pública. 

“Amnistía Internacional aboga por el cese del régimen de excepción y la implementación de medidas integrales que aborden las causas subyacentes de la violencia y la criminalidad, sin comprometer la seguridad y la libertad de la población”, declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El decreto del régimen de excepción y sus prórrogas suspende tres garantías constitucionales para la población en general: el derecho a la defensa ante una captura, extiende los plazos de la detención administrativa y suspende la inviolabilidad de las comunicaciones, es decir que cualquier agente policial puede revisarle a un ciudadano el celular o computadora, donde guarde chats, emails, llamadas telefónicas o cualquier otro tipo de comunicación.

La organización internacional subraya que las capturas arbitrarias y juicios injustos han afectado especialmente a las comunidades marginadas y empobrecidas, las mismas que antes eran asediadas por las pandillas. 

PDDH inerte 

La limitada accesibilidad que ha tenido la Procuraduría para la defensa de Derechos Humanos (PDDH) para cumplir con su mandato constitucional al no poder acceder a todos los centros de detención, es otro de los señalamientos de Amnistía Internacional.  

“Los mecanismos nacionales de protección, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, registraron un aumento considerable de las solicitudes de verificación del paradero de personas detenidas. Sin embargo, bajo el estado de excepción esta institución tiene limitada la capacidad para dar cumplimiento a su mandato y no puede acceder a todos los centros de detención”, advierte. 

Según datos recopilados por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH) en 2023 la PDDH registró 567 denuncias por detención ilegal y arbitraria, lo que representa un aumento de 32.78% comparado a las denuncias recibidas en 2022, que contabilizaron 427. El rango de edad de las víctimas que más vulneraciones sufre son los jóvenes entre 18 y 35 años con un 68.08%. 

Tortura y hacinamiento carcelario 

El sistema penitenciario salvadoreño se enfrentaba a niveles críticos de hacinamiento, con un índice de ocupación que alcanzó el 300%, lo que equivale a más de 100,000 personas reclusas, agrega el informe de Amnistía. 

“Muchas personas reclusas denunciaron haber sido sometidas a tortura y otros malos tratos, como restricciones de alimentos, agua y acceso a servicios de saneamiento; falta de atención médica adecuada, y uso excesivo de la fuerza por parte del personal de guardia penitenciaria”, detalla. 

En abril de 2023, Enoc, un hombre de 27 años y padre de cuatro niños, relató a El Diario de Hoy las torturas que sufrió durante los 10 meses que estuvo detenido en dos cárceles. 

Fue capturado el 23 de mayo de 2022 y en cuestión de horas, sin que alguna vez se lo hubiera imaginado en su vida, estaba entrando en el penal de Izalco, una cárcel inaugurada en 2017 exclusivamente para integrantes de pandillas.

La “bienvenida”, como se le conoce a la paliza que cada reo recibe al entrar a la prisión, consiste en golpes con las macanas y patadas por parte de los custodios, como medida de presión para que los reos admitan que son integrantes de alguna pandilla.

Después de unos meses, fue enviado al penal de Mariona en un sector donde había 932 reos. La falta de acceso al agua provocó que Enoc se enfermara de la piel, le salieron abscesos, es decir, protuberancias llenas de pus. Llegó a tener 19 en todo el cuerpo, en especial en la axilas, los glúteos y las entrepiernas.

“Este modelo gubernamental está al menos tolerando la violencia estatal, la cual va en aumento de manera acelerada y sin ningún viso de parte de las autoridades de querer frenarla”, agregó Piquer.

El informe de Amnistía también denuncia que dentro de los penales no se atendían las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad, como el acceso a servicios de salud reproductiva y la protección frente a la violencia de género. 

 La CIDH ha reiterado en varias ocasiones la solicitud de acceso a las prisiones para realizar una evaluación independiente de las condiciones penitenciarias, pero las autoridades salvadoreñas le han negado el permiso. 

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Acoso a periodistas

Por otra parte, Amnistía Internacional incluye la vulneración y criminalización de los periodistas y los medios de comunicación, en el contexto del régimen de excepción. 

La organización cita los datos recopilados por la Clínica Jurídica de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) que indican que entre marzo de 2022 y julio de 2023 se habían producido 222 violaciones de la libertad de expresión. 

La asociación además contabilizó 385 casos de hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación, generalmente en forma de ataques digitales y declaraciones estigmatizantes. 

En ese mismo sentido, Amnistía se refirió al hecho que  el gobierno dificulta el acceso a datos esenciales imponiendo restricciones sistemáticas en materia de información y requisitos excesivos para proporcionar documentos. 

“Dependencias de gobierno tales como la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y el Ministerio de la Defensa Nacional incumplían las normas internacionales sobre los requisitos para restringir el acceso a la información sobre la seguridad”, enfatizan. 

El gobierno salvadoreño ha puesto en reserva por siete años los datos estadísticos relacionados a hechos de violencia y el régimen de excepción, a pesar que estos son de carácter público según establece la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). 

“La manipulación y ocultamiento de información pública por parte del gobierno de Bukele socava el espacio cívico y dificulta la rendición de cuentas”, manifestó la directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Las instituciones de gobierno niegan la información a los periodistas bajo el argumento de que esta es inexistente y los empleados de comunicaciones de las diferentes instituciones gubernamentales rechazan las llamadas cuando se les solicita declaraciones o entrevistas de funcionarios públicos.

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