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Procuraduría recibe 33 denuncias diarias durante el régimen de excepción

1,931 denuncias en 59 días recibió la PDDH, según el informe sobre el derecho a la integridad personal en El Salvador del Observatorio Universitario de la UCA.

Por Lissette Lemus | Jul 03, 2022- 13:03

Foto/ Archivo

Un promedio de 33 denuncias diarias por violaciones de derechos humanos fueron recibidas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en 59 días del régimen de excepción ordenado por el presidente Nayib Bukele.

Según el Informe sobre el derecho a la integridad personal en El Salvador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), entre el 27 de marzo al 25 de mayo de este año, la PDDH recibió un total de 1,931 denuncias de violaciones de derechos humanos, en el contexto del régimen de excepción.

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La PDDH, en el informe de verificación del régimen durante el período comprendido entre el 27 de marzo y el 25 de abril de 2022, da cuenta de un total de 817 denuncias, mientras que del 26 de abril al 25 de mayo de 2022, que coincide con el segundo mes del régimen de excepción, informó de un total de 1,114 casos atendidos.

Las presuntas vulneraciones han transgredido los derechos de los salvadoreños en tres modalidades.

La procuraduría recibió 1,299 acusaciones por vulneraciones al derecho a la libertad personal, 36 asociadas a la integridad personal y 26 vinculadas a la vulneración de los derechos de las personas que se encuentran dentro de las cárceles.

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El coordinador general del observatorio, Danilo Flores, explicó que entre los hechos denunciados hay malos tratos, tratos crueles e inhumanos o degradantes, uso desproporcionado de la fuerza, ausencia de medidas que permitan el acceso de los medicamentos que algunas personas que se encuentran detenidas necesitan, intimidaciones y ausencia de información sobre el lugar donde se encuentran personas detenidas.

El Diario de Hoy ha documentado la muerte de varias personas que, según sus familiares, han muerto por la falta de medicamentos para sus padecimientos crónicos. Entre esos, está el caso de David Ernesto Juárez Ávila, de 46 años, quien padecía diabetes.

Ávila fue detenido el 21 de abril a eso de las 4:30 de la tarde por el delito de agrupaciones ilícitas, según la PNC; pero la familia niega que haya tenido algún vínculo con las pandillas.

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Pasaron 17 días desde que fue capturado sin tener ninguna información, hasta que personal de una funeraria llegó a tocar su puerta para informar a la familia que David Ernesto había fallecido en una ambulancia, camino al hospital.

Otro de los casos es el de Yonis Balmoris Lovo Amaya, de 47 años, un agricultor detenido el 11 de mayo en Usulután. Las autoridades se limitaron a decir a la familia que había sido capturado debido a una denuncia anónima en su contra.

La familia de Yonis defiende su inocencia mostrando los campos de cultivo de plátanos y cacao donde él trabajaba, también niegan que tuviera relación con grupos delincuenciales, como lo acusó la Policía.

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Yoni fue trasladado a las bartolinas de Usulután y luego fue enviado hacia el penal de Izalco, en el departamento de Sonsonate.

Mientras se encontraba en el penal, su familia intentó por varios medios, que les permitieran ingresar el medicamento (Enalapril) que él tomaba de forma permanente desde que fue diagnosticado con hipertensión, pero según dicen, no les permitieron ingresar las medicinas.

Pasados 19 días desde su captura, empleados de una funeraria informaron a la familia que Yonis había fallecido.

“Hay tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de las prisiones, a tal punto que se han reportado y documentado muertes”, expresa Flores.

El especialista explicó que la situación es grave porque el Estado tiene el deber de resguardar las condiciones de las personas privadas de libertad.

Muertos en penales

El informe agrega que hasta el 21 de junio de 2022 se han registrado al menos 52 personas fallecidas en los centros penitenciarios del país, muertes que, de acuerdo a testimonios de algunos familiares, podrían haber sido resultado de torturas, pues al revisar los cadáveres los han encontrado con huesos fracturados, laceraciones en la piel, moretones y heridas profundas en la cabeza.

Uno de los primeros casos de supuesta tortura, cuya denuncia se viralizó en redes sociales, es la Elvin Josué Sánchez Rivera, de 21 años.

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Un joven músico y agricultor que fue capturado cuando regresaba de un partido de fútbol, el domingo 3 de abril en el cantón El Carrizal, en Santa María Ostuma.

Quince días después, los parientes recibieron la inesperada noticia de su fallecimiento, por lo que viajaron hasta Sonsonate.

abusos
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Los parientes se dirigieron a Medicina Legal, pero de ahí los mandaron a la morgue del hospital. Luego les notificaron que les iban a entregar el cuerpo en una caja sellada debido a “muerte por sospechas de covid-19”.

La familia pidió a las autoridades que le hicieran una autopsia, pero no se la hicieron.

Después de varias horas, el cadáver del joven fue entregado a la familia en una caja sin sellar, junto a un documento en el que se especifica que la causa del fallecimiento fue “hipertensión” y “muerte súbita”.

Sin embargo, las fuertes dudas sobre la muerte de Elvin llevaron a la familia a revisar el cuerpo de su ser querido y descubrieron que el joven tenía moretones en la espalda, probablemente producto de una golpiza.

“Nosotros le dejamos las cosas a Dios, porque nuestro hijo ya no lo podemos recuperar, pero quisiéramos que se haga justicia para que no se repitan estos casos”, dijeron los familiares.

Hacinamiento

El informe del OUDH también expone el grave problema de hacinamiento en las cárceles del país tras el régimen de excepción.

El último dato conocido sobre la capacidad instalada en el sistema penitenciario es de diciembre del 2020, cuando tenían espacio para 30,864 personas.

La Dirección General de Centros Penales informó en marzo de 2021 que había 36,663 personas en la cárceles. El 22 de junio de 2022 el Ministerio de Justicia y Seguridad aseguró que 41,726 personas habían sido capturadas en el régimen de excepción.

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“Si todas las personas detenidas fueron trasladadas a centros penales, esto sumaría una ocupación carcelaria de más de 78,389 personas lo que se traduciría en un hacinamiento del 254%”, señala el informe.

Foto EDH/ Archivo

“Yo valoraría la situación de las cárceles como dramática, y si ya lo era antes del estado de excepción donde las condiciones eran ya difíciles por no decir inhumanas para las personas privadas de libertad, con la gran cantidad de capturas que se han realizado durante este estado de excepción ha empeorado enormemente la situación en los centros penales”, opinó este viernes en la entrevista matutina de radio YSUCA, el rector de la UCA, el sacerdote jesuita Andreu Oliva.

Al hacinamiento carcelario se suman las denuncias de medidas tales como: la reducción de los tiempos y raciones de comida, la incomunicación de lo reos con sus familiares, el cierre de celdas por 24 horas, la prohibición de salir a áreas comunes, el retiro de colchonetas y la restricción de artículos de limpieza e higiene personal, señala el informe.

La situación se ha visto agravada por la falta de información precisa sobre el paradero de los detenidos. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) dio a conocer datos al 25 de mayo de 2022 que indican que en 46 de 170 casos, los familiares no contaban con información sobre el lugar de detención.

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