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Régimen de excepción ha resultado en abusos a derechos humanos, dice informe enviado al Congreso de EE. UU.

Según el informe del Servicio de Investigaciones del Congreso estadounidense, hay una “erosión de las libertades civiles bajo Bukele”.

Por Ricardo Avelar | Abr 29, 2022- 20:15

Durante el régimen de excepción, ha habido numerosas denuncias de abusos de policías y militares. Foto EDH / Archivo

“Tras un alza de homicidios vinculada a pandillas en marzo de 2022, Bukele exitosamente gestionó un régimen de excepción que aprobó la Asamblea Legislativa. Esto suspendió muchos derechos civiles, permitió capturas masivas y ha resultado en abusos a derechos humanos”, reza un informe del Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos (CRS, por sus siglas en inglés).

Esto se ha sumado al declive democrático provocado por el control que el presidente de la República ejerce sobre todos los órganos de Estado, añade este informe circulado este viernes 29 de abril.

Esta instancia, formada por personal del Congreso estadounidense proveniente de ambos partidos, describe la gestión de Nayib Bukele como populista y añade que ha utilizado las redes sociales para diversos usos, entre ellos el ataque a sus oponentes políticos. Además, recuerda los golpes dados el 1 de mayo a la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General de la República y da cuenta de la debilitada relación entre el gobierno de Bukele con Washington a raíz de sus “crecientes prácticas autoritarias”.

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Pero más recientemente, añade el declive en derechos humanos a raíz de la declaratoria de régimen de excepción del pasado 27 de marzo, la cual fue prorrogada el 24 de abril.

Bajo este estado de suspensión de garantías constitucionales, el CRS expone que muchos de los capturados en las redadas masivas de la policía han sido sometidos a malos tratos y han sido incapaces de contactar a sus familias.

Erosión de las libertades civiles

Según el informe del Servicio de Investigaciones del Congreso estadounidense, hay una “erosión de las libertades civiles bajo Bukele”.

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El hecho más reciente que señalan es la reforma que establece penas de cárcel a los periodistas que reporten sobre mensajes surgidos de pandillas que puedan generar zozobra y pánico. Esta medida ha sido duramente condenada por instituciones que velan por los derechos humanos y la libertad de prensa dentro y fuera del país.

Además de este hecho reciente y enmarcado en el régimen de excepción, CRS expone otras limitaciones al espacio cívico en el país.

Entre los señalamientos principales que esta entidad ha registrado, está la deportación de un periodista extranjero, el acoso a activistas de derechos humanos y miembros de la sociedad civil, así como a periodistas.

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Asimismo, destacan la propuesta de una ley de agentes extranjeros que obligaría a organizaciones que reciban financiamiento del exterior a registrarse, pero que también establece penas de cárcel a quienes subviertan el orden público, una categoría poco definida y con espacio a ambigüedad. Esta propuesta ha sido retirada de la discusión legislativa temporalmente.

También dan cuenta del espionaje al que han sido sujetos decenas de periodistas, así como representantes de organizaciones de sociedad civil, así como la reforma que permite intervenir comunicaciones como parte de la presentación de evidencia digital en procesos penales.

Llamados del Congreso

Según el informe del CRS, el Legislativo de Estados Unidos monitorear muy de cerca lo que sucede en El Salvador y la respuesta del ramo Ejecutivo de Estados Unidos.

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Además, da cuenta de llamados de congresistas a “respetar las instituciones democráticas” salvadoreñas.

Asimismo, recuerdan que el Congreso prohibió la asistencia a las fuerzas armadas de El Salvador y ha restringido la cooperación a algunas agencias del gobierno, como la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil o el Instituto de Acceso a la Información Pública.

“Preocupaciones crecientes sobre corrupción y autoritarismo en El Salvador entre algunos congresistas podrían influenciar la cooperación que Estados Unidos provee (a El Salvador) el año fiscal 2023”, agrega el informe.

Asimismo, adelanta que el Congreso evaluará cómo las tensiones en la relación entre Bukele y Estados Unidos puede afectar la “migración irregular, las extradiciones pendientes de líderes de pandillas y la relación comercial y política de El Salvador con China”.

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