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Ley de Zonas Francas incluirá la producción de alimentos

El proyecto de reforma a la Ley de Zonas Francas incorpora dentro de los beneficios la producción de alimentos

Por Susana Peñate | Ago 15, 2023- 12:56

Cortesía Asamblea Legislativa

Con 66 votos, Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron ayer la nueva Ley Orgánica de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) que le permite no aplicar la Ley de Compras Públicas en contratación de bienes, obras y servicios en casos de emergencia y en casos que sean “de gran valor o complejidad”.

La Ley de Compras Públicas establece dentro los sujetos obligados a las contrataciones de las instituciones del Estado, sus dependencias y organismos auxiliares de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo.

La nueva ley establece que CEPA podrá adquirir con cargo a su presupuesto toda clase de maquinarias, equipos, repuestos, bienes muebles, materiales de consumo u otros; y contratar servicios u obras, “dentro de las normas y limitaciones” que le establece. Y agrega que en los contratos para adquisición de bienes y servicios estará dispuesto a  la Ley de Compras Públicas.

No obstante, establece cuatro excepciones: Condiciones de emergencia por desastres naturales, calamidad pública, caso fortuito o fuerza mayor. La contratación de servicios básicos y esenciales como agua, energía eléctrica, telefonía e Internet, alimentación, combustibles y transporte.

También las adquisiciones y contrataciones financiadas con fondos provenientes de convenios o tratados que celebre CEPA con otros Estados o con organismos internacionales, cuando así lo determine dicho tratado.

Y podrá no aplicar la Ley de Compras en los casos de adquisiciones de bienes, obras y servicios “de gran valor o complejidad”, pudiendo sustituirla por normativas internacionales, como las del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial. Para eso, la Junta Directiva de CEPA tendrá la atribución de aprobar y emitir una resolución razonada.

Con nueva ley, CEPA podrá evadir controles de compras en obras de “gran valor”
En la zona franca de San Marcos varias operarias llegaron a trabajar, sin embargo los empresarios les explicaron la medida optada por el gobierno y las despacharon a sus casas. Foto EDH/ David Martínez

Evade controles

Para la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, en una institución como CEPA “este tipo de controles no se deben quitar” de las leyes que las regulan. “Con la excusa de actualizar la ley de CEPA vemos con preocupación cómo se están quitando candados al abuso de poder y abuso de fondos públicos”, dijo Ortiz.

Añade que este tipo de decisiones “abre espacio” a decisiones discrecionales y que se debería incorporar más transparencia.

Por su parte, Anabel Belloso, diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), considera que “es otro paso más de ellos en la destrucción de los procesos de compra pública de manera transparente o con libre competencia”.

Para la legisladora se trata de normativas “para evadir controles” en los procesos de compras, así como otras aprobadas previamente para otro tipo de proyectos e instituciones. “Ellos lo han hecho desde el primer momento”, dijo.

“A mí me parece que ya hay un patrón claramente establecido, en donde se está habilitando a diferentes autónomas e instituciones del Estado de tener un régimen de excepción bastante amplio y discrecional para evitar entrar bajo el control de la Ley de Compras Públicas”, dijo John Wright Sol, diputado de Nuestro Tiempo.

Agregó que se trata de un retroceso en la transparencia y la rendición de cuentas. Aunque reconoce que la Ley de CEPA requería de modernización, calificó como “un descaro” dar la discrecionalidad en el uso de los fondos.

Foto EDH/Menly González

Leyes similares

La nueva Ley de CEPA se suma a una docena de decretos aprobados por la actual Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, en los que se establece que las contrataciones y adquisiciones se pueden realizar con lineamientos distintos a la Ley de Compras Públicas y, previamente, a la anterior Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

Entre las leyes que tiene sus propias disposiciones de régimen de compras están: Ley Simplificada de adquisiciones para obras municipales, la Ley especial para la construcción de centros penitenciarios, la Ley de régimen especial para la simplificación de trámites y actos administrativos relativos al Tren del Pacífico; la Ley para la construcción, administración, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico.

También las Disposiciones especiales, transitorias y complementarias para el proyecto construcción de viaducto y ampliación de carretera CA01W (tramo Los Chorros) que establecen su mecanismo de compras, así como la Ley especial para la contratación de obra pública con financiamiento incluido. Además del Régimen especial transitorio para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, en el marco de la declaratoria de régimen de excepción.

“En ningún momento se piensa evadir ningún proceso de fiscalización, la Corte de Cuentas va a ejercer sus funciones de fiscalización ahí”, justificó el diputado Saúl Mancía, de Nuevas Ideas.

Podrá constituir  sociedades

Con esta nueva ley, CEPA también podrá constituir o concurrir en la constitución de sociedades “que sean necesarias para los fines de la Comisión”; así como comparecer a su transformación, fusión, modificación o liquidación. Incluso podrá integrar los órganos de gobierno de las sociedades en la que tenga acciones los directores, trabajadores y servidores públicos.

Esta atribución es similar a la otorgada a la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Invest) y también con la reforma a la Ley de Creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).

Otra atribución de CEPA será la de gestionar la emisión de títulos valores, “garantizados con los flujos financieros futuros que dicha institución percibe”. También se faculta a la Comisión para otorgar concesiones de bienes no públicos, concesiones administrativas, celebrar contratos de asocios público privado.

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