Los partidos de oposición ARENA, FMLN y PCN han preparado propuestas distintas para que la apertura económica que inició 24 de agosto se haga de manera ordenada, debido a que el presidente de la República, Nayib Bukele, no ha sancionado aún el decreto 661 que la Sala de lo Constitucional le ordenó publicar en el Diario Oficial.
“No estamos tocando el decreto 661, ese no se pude tocar si no existe una sanción y una publicación en el Diario Oficial”, afirmó Mauricio Ernesto Vargas, de ARENA.
El tricolor explica que el último fallo de la Sala de lo Constitucional dijo que aunque el decreto legislativo que normaba la reapertura era legítimo, después que el presidente lo vetó, se permite que la Asamblea puede generar una nueva ley.
Al respecto, Schafik Hándal, del FMLN, explica que aun si se publica el decreto 661, este pierde vigencia el 7 de septiembre, por lo que tendría poco impacto práctico.
“Le encanta salirse con la suya (a Bukele), si lo hace después, resulta que en el decreto 661 termina su vigencia el 7 de septiembre, entonces ¿qué pasa con esta publicación?, el decreto nace muerto. ¿Qué pasará con lo ordenado por la Sala de lo Constitucional en su sentencia, de que nos pongamos de acuerdo y hagamos reformas necesarias para actualizarlo?, ya no se podrá hacer. ¿Cómo modificaremos una ley que vence el 7 de septiembre”, se preguntó Hándal.
Por ello, ARENA presentó una propuesta de decreto transitorio en la que “no estamos tocando apertura económica, ni fechas, estamos adicionando una estrategia preventiva, por la situación que vivimos actualmente y que necesita regulaciones para el comportamiento de los salvadoreños”, afirmó Vargas.
La iniciativa de ARENA, además de dar las herramientas para que los distintos sectores productivos tanto públicos se reincorporen con protocolos, busca establecer medidas como transparencia en el gasto de los fondos de emergencia del Gobierno busca evitar la propaganda gubernamental con los paquetes de ayuda y prohíbe que se utilice los cercos sanitarios como mecanismos para suspender derechos fundamentales por el Ejecutivo.
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En lo relativo a la transparencia y rendición de cuentas, la propuesta tricolor da plena vigencia a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), por lo que la ciudadanía podrá pedir los datos necesarios sobre la atención a la pandemia. Asimismo, establece como información oficiosa (es decir, que debe ser pública aun si nadie la ha pedido) todo expediente de contratación del gobierno, así como el uso que dan a los fondos de emergencia.
Otro punto importante es que los paquetes alimentarios que el Gobierno entrega como ayuda a los afectados por el COVID-19 deberán indicar en su envoltorio que “los productos han sido pagados por los salvadoreños”. Esto busca evitar que se haga un uso electoral de la asistencia a los más afectados.
El decreto también prohíbe cerrar empresas o negocios sin seguir el debido proceso de ley. Esto, pues el gobierno decretó cierres sin el debido proceso por presuntas violaciones a medidas sanitarias.
ARENA intentó en la plenaria del jueves que se aprobara el decreto transitorio, pero la pieza solo pasó a estudio de la Comisión Política. Vargas reiteró que la iniciativa de los tricolores no contempla restricciones de circulación ni tampoco limitaciones a la actividad económica.
Martha Evelyn Batres, de ARENA, expuso que ante la inacción de Bukele de sancionar el decreto 661 y al observar que hay un incremento de la circulación de personas sin regulaciones para evitar los contagios, la Asamblea ha tomado la iniciativa.
“El único responsable de un repunte de una manera desordenada es el presidente (Bukele), porque en sus manos está el sancionar los decretos que la Asamblea emita. En este caso estamos siendo propositivos, porque estamos en pro de los salvadoreños, estamos dando las herramientas necesarias para dar una ley que ampare la salud, no hay nadie más responsable de un posible repunte que el presidente de la República”, apuntó Batres.
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