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Fopromid aumentó $49 millones en cinco meses

El decreto de emergencia nacional por la situación de lluvias habilita a las instituciones del Estado a realizar compras por contratación directa.

Por Susana Peñate | Jun 20, 2024- 18:20

Debido a las lluvias, un árbol cayó sobre un microbús de la ruta 21. El decreto de emergencia nacional por lluvias habilita a las instituciones de gobierno a trasladar recursos para la atención de la emergencia. Foto Cortesía Comandos de Salvamento

El Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) tuvo un aumento de $49 millones en su asignación de fondos en los primeros cinco meses de 2024, antes de la actual emergencia nacional por las lluvias, de acuerdo a la información disponible en el portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda.

La Ley del Fopromid establece que el fondo inicia con $4 millones, lo que se consigna en la Ley de Presupuesto General de cada año, bajo el ramo del Ministerio de Hacienda; pero con este fondo se realizan transferencias al sector público que no pasan por conocimiento de la Asamblea Legislativa.

Hasta el mes de mayo de 2024, el Fopromid tenía un monto comprometido por $53 millones, de los cuales $48 millones aparecen como ya devengados. En mayor monto de Transferencias corrientes al sector público es de $32 millones y se efectuó en el mes de abril.

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La ley establece que “los recursos del Fopromid solamente podrán utilizarse en la prevención de desastres o en aquellos casos que demanden una oportuna y efectiva atención de emergencia ocasionada por desastres, sea que se trate de un evento que tenga impacto a nivel nacional o que las incidencias del mismo, afecten un espacio delimitado del territorio nacional”.

En 2023 tuvo una ejecución de $179.6 millones sin especificar el destino de los recursos; de igual forma en 2022, con $148.6 millones, en 2021 fueron $340.7 millones y en 2020 fueron $661.2 millones.

Compras de emergencia

En el caso del decreto que declara emergencia nacional por las lluvias, que fue aprobado el pasado domingo por la Asamblea Legislativa a petición del gobierno, se facultó a las instituciones gubernamentales a administrar los fondos y realizar los traslados, “con la finalidad de precaver y mitigar los efectos de la emergencia, de conformidad con la ley”, dice el artículo 5 del decreto.

Agrega que también se faculta a las instituciones de Estado “a realizar las adquisiciones y promover los procesos de compra necesarios para la atención de la emergencia, de manera ágil”, de conformidad al artículo 41 literal e) de la Ley de Compras Públicas.

Ese artículo establece la contratación directa, que “es un método de contratación particular y excepcional que puede efectuarse sin generar competencia según la causal, requiriendo solicitud de una oferta, adjudicando y suscribiendo contrato u orden de compra”.

Se permite su uso en algunas circunstancias, como “en respuesta a desastres naturales y otros fenómenos de afectación nacional”.

Transparentar el Fopromid

Diputados y expertos de sociedad civil consideran que el mecanismo debe transparentarse. “Transparentar el Fopromid es fundamental para garantizar una gestión adecuada, ética y eficiente de los recursos destinados a las compras directas durante emergencias, lo que contribuye a fortalecer la confianza pública y a mejorar la efectividad de la respuesta humanitaria en situaciones de crisis”, dijo Francisco Lira, diputado de ARENA.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, recordó que desde la pandemia por covid-19, el mecanismo de Fopromid “se degeneró”.

“La institución responsable de hacerlo es el Ministerio de Gobernación, que debe solicitarle a cada cartera de Estado la liquidación de los gastos que han ejecutado a través del mecanismo Fopromid”,

Claudia Ortiz, diputada de Vamos

Según la legisladora, el Ministerio debe hacer esa liquidación, publicarla, transparentarla y enviarla a la Corte de Cuentas y al Ministerio de Hacienda para que el mecanismo “cierre su ciclo de rendición de cuentas”.

La tarde del Miércoles una vivienda de láminas, nailon y madera, colapsó producto de las intensas lluvias registradas en el departamento de Morazán, según informaron las autoridades policiales al llegar al lugar a realizar la inspección no se encontraba nadie en el interior. La vivienda se encuentra ubicada en el caserío Los Granados del cantón Valle Nuevo del distrito de San Carlos, Foto/ Cortesía

La abogada Ruth López expresó que “la opacidad de recursos de fácil disposición ha implicado que recursos públicos del Fopromid, originalmente destinados para la prevención y mitigación de desastres naturales, hayan sido desviados a espaldas de la población para otros fines, incluyendo gastos no relacionados con emergencias”.

Agregó que eso implica “un uso indebido” de recursos públicos y una violación a su propósito en la ley de creación del fondo. Y que la falta de transparencia dificulta la supervisión adecuada por parte de la sociedad civil.

"La transparencia de Fopromid es necesaria para prevenir la corrupción, para garantizar la rendición de cuentas a la que están obligados los funcionarios públicos pero especialmente, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía ante desastres",

Ruth López, abogada

Por su parte, el economista Rafael Lemus considera adecuado contar con un fondo que en situaciones de emergencia cuente con flexibilidad y deje un poco la parte burocrática. “Ahora, eso no implica que se va a omitir todos los procesos de transparencia y el mínimo de competencia. Es decir, una contratación directa tiene que tener algunos criterios”, dijo.

Valoró como “básico” de una gestión fiscal “sana” el contar con la transparencia de las compras en un tiempo prudencial después de la emergencia.

“Lo otro es que ese vehículo, en la medida que era lo más flexible, contratación directa, sin rendir cuentas, sin transparencia, se convirtió en un mecanismo rutinario y se extendió ese mecanismo a otras leyes, a otros procesos”,

Rafael Lemus, economista

También Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, considera necesario transparentar el Fopromid. “Porque todo fondo público debe de estar sujeto a auditoria de cómo se utilizó por parte del Estado, por parte de las instituciones”, dijo.

Incluso en situación de emergencia, valora que “se tiene que verificar posteriormente la pertinencia de esa decisión, la justificación de esa decisión y el correcto uso de esos fondos, eso es lo que tiene que suceder”, añadió Escobar.

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