"Programas de movilidad laboral no son una solución estructural al problema migratorio", dice experta

Celia Medrano, experta en temas de movilidad humana y consultora, señala que los actuales programas de movilidad laboral implementados por las autoridades de gobierno no representan una solución estructural al problema migratorio en el país.

Las declaraciones fueron emitidas en relación a la presentación del tercer informe diagnóstico sobre características y causas de la migración salvadoreña de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal "María Julia Hernández" y el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE).

El "Diagnóstico sobre la migración salvadoreña en comparación con la migración de América Latina 2019-2024. Para comprender su impacto y relevancia nacional" aborda este tema y analiza su impacto.

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Medrano destaca la dificultad en el país para obtener información oficial sobre estos programas.

Señala que tras haber solicitado los datos oficiales sobre los beneficiarios de estos programas en EE.UU., Canadá, España y Croacia al Ministerio de Trabajo, la entidad informó que estos están clasificados como información reservada.

"No debe de clasificarse como reservada este tipo de información", expone.

Ante la falta de información oficiales, y para analizar sus efectos frente a al comportamiento de la migración salvadoreña, se hizo un conteo de reportes, publicaciones y de declaraciones oficiales.

En tal sentido, expone que entre 2019 y 2024 los programas de movilidad laboral en el país han beneficiado a 21,089 salvadoreños. La mayoría de estos beneficiarios accedieron a visas H2A y H2B, destinadas a sectores de agricultura y servicios

En contraste, alrededor de 364,000 salvadoreños fueron detenidos en la frontera sur de EE.UU., mientras que alrededor de 65,268 fueron deportados desde ese país en el mismo periodo.

Ante este escenario, opina la experta, los programas actuales de movilidad laboral no representan una solución al problema migratorio. "No representan, así como funcionan, ni siquiera un 15% de esos 65 mil deportados en 5 años, y el porcentaje es mínimo en relación a los 364 mil detenidos", acota.

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"Mientras la migración forzada continúa en aumento, estos programas solo cubren un porcentaje mínimo de la población deportada o detenida", agregó.

Enfatiza además en la importancia de analizar estas tendencias migratorias para mejorar las políticas públicas. La experta plantea la necesidad de buscar soluciones más amplias y sostenibles, como la reactivación del sector agrícola salvadoreño. Expone que muchas personas deportadas son trabajadoras del campo y fortalecer la economía rural podría ser una estrategia clave para reducir la migración forzada y brindar alternativas viables a quienes buscan mejores oportunidades.