La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no entregó la información sobre las declaraciones de patrimonio de los ministros que conforman el gabinete del presidente de la República, Nayib Bukele.
Así lo denunció este miércoles el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción adscrito a Funde (Alac-Funde).
Al respecto, el coordinador de Alac-Funde, Wilson Sandoval, afirmó que esto es "un claro retroceso" y explicó que "las declaraciones patrimoniales en versión pública de ministros y otros funcionarios públicos son públicas desde 2017, no deberíamos estar teniendo obstáculos en conocerlas".
Además, afirmó que "la inexistencia de esos datos supone dos cosas: o no la han entregado los funcionarios o la entregaron y la están negando bajo el argumento de la 'no existencia'".
Según esta unidad, adscrita al Órgano Judicial, esto se debe a que la información no está disponible. Probidad respondió que "no se entregan (los datos del patrimonio de estos altos funcionarios), ya que es información inexistente".
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La institución amplía que "ninguna institución los ha reportado como obligados a presentar su respectiva declaración jurada de patrimonio, en los cargos arriba señalados (los ministros)".
Sin embargo, la Ley de Enriquecimiento Ilícito establece, en su artículo 1, que "se aplica a los funcionarios y empleados públicos que en el texto de la misma se indican, ya sea que desempeñen sus cargos dentro o fuera del territorio de la República".
Además, la Constitución establece, en su artículo 240, que "los funcionarios y empleados que la ley determine están obligados a declarar el estado de su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con los incisos anteriores, dentro de los sesenta días siguientes a aquél en que tomen posesión de sus cargos".
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Probidad justificó, ante la negativa de entregar la información, que "la base de datos del universo de obligados que lleva esta sección se alimenta con la información que nos suministran las diferentes instituciones de conformidad a lo señalado en (...) la Ley de Enriquecimiento Ilícito", pero nadie les ha remitido la información.
Esta información ha permitido anteriormente identificar casos de corrupción en funcionarios de gobiernos anteriores, pues dejó entrever crecimientos no justificados en el patrimonio desde que estos personajes entraron a la administración pública hasta que lo dejaron.
Fue gracias a este tipo de declaraciones que pudo procesar a los expresidentes Elías Antonio Saca (2004-2009, hoy preso por delitos de corrupción) y Mauricio Funes (2009-2014, prófugo de la justicia y procesado por presunta corrupción), así como otros funcionarios.
"Más oscurantismo", dice Wright
A juicio del diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright, este es un signo adicional de la falta de transparencia que se evidencia en el oficialismo, ahora presente en la Corte Suprema de Justicia. Desde el 1 de mayo, con el golpe que dio la bancada cyan a la Sala de lo Constitucional, ha empezado una "captura" de ese órgano de Estado.
"Hemos visto desde el primero de mayo más oscurantismo, menos transparencia, esto lleva una tendencia que ya venía, pero se ha replicado este virus, este cáncer dentro de las instituciones públicas, me parece que es evidente que ya ha infectado al Órgano Judicial", criticó el diputado de la oposición y recalcó que, además del acceso a la información pública que produce la Corte, "perdimos las garantías" ante abusos de poder.
Wright añadió que las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales han dado paso a investigaciones periodísticas que revelaron posibles casos de enriquecimiento ilícito, y se promovió que Probidad investigara a funcionarios.
"Ahora sin siquiera la posibilidad de conocer las declaraciones patrimoniales del más alto nivel de gobierno y de otros, es un claro retroceso, y una herramienta menos con la que se cuenta para poder identificar posibles casos de corrupción", denunció el diputado.
Además, considera que la Corte sigue dando "precedentes nefastos", a lo que suma la resolución que emitieron los magistrados instalados después del golpe del 1 de mayo sobre la reelección presidencial.
"No olvidemos que la actual Sala en funciones es ilegítima", concluyó.