Diputados oficialistas llegaron este lunes a la Fiscalía a presentar “un aviso” en el que señalan a cuatro exfuncionarios de gobiernos anteriores de recibir “sobresueldos” no justificados, basándose en informes previos de la Sección de Probidad y no en las resoluciones finales de Corte Plena que exoneran a los señalados de cualquier posible “enriquecimiento ilícito”.
Los funcionarios, que integran la comisión investigadora de sobresueldos, se refirieron específicamente a los exvicepresidentes Ana Vilma de Escobar y Carlos Quintanilla Schmidt, el diputado Rodrigo Ávila, de ARENA, y el exsecretario jurídico de Casa Presidencial, Luis Mario Rodríguez.
Los diputados se abocaron al Ministerio Público pese a que cuando interrogaron a los cuatro exfuncionarios éstos advirtieron que la comisión investigadora se estaba basando en informes previos de la Sección de Probidad que fueron aclarados en su tiempo y además que la Corte Suprema de Justicia finalmente determinó que no cometieron enriquecimiento ilícito.
El presidente de la comisión, Jorge Castro, admitió que estaban dando el aviso sobre el posible delito de “falsedad”, basados en el informe de la Sección de Probidad, pero nada dijo de las resoluciones definitivas de Corte Plena.
El artículo 17 de la Constitución establece que “ningún Órgano, funcionario o autoridad, podrá avocarse causas pendientes, ni abrir juicios o procedimientos fenecidos (ya caducados)”. Es decir, ningún funcionario puede reabrir casos que ya han sido juzgados o resueltos por los diferentes tribunales.
Los diputados admitieron también que los documentos supuestamente incriminatorios que llevaron se los proporcionó el expresidente Tony Saca, condenado por el desvío de 301 millones de dólares del Estado, no son originales y, como en todas las comparecencias, prometieron que se agregarían los originales, pero nunca lo hicieron.
“Estamos presentando documentación, la cual los originales se encuentran agregados a la Fiscalía… perdón, al proceso judicial que se llevó en contra de Tony Saca y estamos solicitando que de oficio pidan los originales”, expresó Castro a los periodistas.
En su momento, la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar, a quien los diputados de Nuevas Ideas intentaban inculpar de haber recibido dinero ilegal, les señaló que una cosa eran los informes parciales de la Sección de Probidad y otra la resolución final de Corte Plena en donde fue exonerada de cualquier responsabilidad patrimonial.
Según Castro, el delito de “falsedad” se constituye a partir de las respuestas que dieron los señalados en el “interrogatorio” que les realizaron frente a lo que dice el informe de Probidad.
Sin embargo, los exfuncionarios expusieron en sus entrevistas que los “sobresueldos” eran una figura legal como normativa interna desde la Presidencia de la República y avalada por el Ministerio de Hacienda.
El exvicepresidente Quintanilla Schmidt apuntó que los “sobresueldos son legales y eran complementarios al salario”, que existen mediante un manual de planificación publicado en el Diario Oficial, en partida 516.
El diputado Ávila aclaró que en su caso se trataba de un estipendio, o un pago, que recibía para cubrir gastos de seguridad personal y de otros oficiales de la Policía cuando fungió como director de la corporación policial debido a que fue objeto de varios atentados.