Alfredo Cristiani, expresidente de El Salvador entre 1989 y 1994, llegó la mañana de ayer a la Asamblea Legislativa para comparecer ante la comisión especial que ha sido conformada para investigar los sobresueldos provenientes de los fondos públicos de Casa Presidencial y que presuntamente se entregaron a funcionarios, personas naturales y jurídicas en gobiernos anteriores.
Los diputados de dicha comisión realizaron preguntas enfocadas, en su mayoría, hacia la asignación de los gastos secretos durante el período presidencial de Alfredo Cristiani, entre 1989 y 1994, entre las cuales han cuestionado si de esa partida se tomaron fondos para entregar dádivas a funcionarios de ese entonces.
No obstante, el expresidente señaló que los diputados de la comisión se presentaron con un criterio adelantado, a la vez que hizo énfasis en que se han dedicado a acusarlo e, incluso, tratarlo como imputado, algo que se aleja de la función de investigar que persigue la comisión. “Deben investigar a todos los gobiernos, no solo los pasados”, afirmó, y además dijo: “si de verdad quieren resolver los problemas de país deberían ver hacia adelante, no hacia atrás”.
A propósito de las preguntas, que giraron en torno a los gastos reservados de su período presidencial, el expresidente apuntó que esos gastos existen en todos los gobiernos de los demás países, y agregó que en El Salvador también ha existido tanto en gobiernos pasados, como en actuales. “Todos los gobiernos tienen gastos secretos, incluyendo este”, apuntó.
Al respecto de esta notable falta de conocimiento de parte de los diputados sobre dicha partida, el exdiputado del FMLN cuestionó a través de su cuenta de Twitter: “¿Si los diputados de Nuevas Ideas no entienden la partida secreta, entonces por qué le aumentaron $4.4 (sic) millones hace pocos días?”
Puede interesarle: “Los diputados que me interrogaron llegaron al límite de la tortura”, dice Lorena Peña
Lo anterior, debido a que el pasado 14 de junio de 2021 ingresó a la Asamblea Legislativa una solicitud de refuerzo presupuestario por un monto total de $30 millones, de los cuales, $4.3 millones van para gastos de Inteligencia del Estado, según se desprende de la pieza de correspondencia recibida por el pleno, y que están contemplados dentro de los gastos reservados de la presidencia.
Dentro de la primera parte de la comparecencia de Cristiani, la diputada Romero de ARENA cuestionó la presencia de un micrófono de Casa Presidencial. Video EDH.
Pocas garantías de imparcialidad
Luego de un receso de aproximadamente una hora, la sesión se reanudó con la participación de la diputada Rebeca Santos, quien en reiteradas ocasiones le preguntó al presidente si podía “negar tajantemente si entregó sobresueldos a sus funcionarios durante su gobierno”.
Ante estas reiterativas preguntas, el expresidente respondió de igual manera que en otras preguntas similares: “Todo lo que autoricé o recibí fue lícito”, por lo que agregó más adelante que la intención de las preguntas era la de acusarlo de actos ilícitos e, incluso, aclaró en repetidas ocasiones que, si hay pruebas que muestren algo ilegal, los diputados deberían acercarse a las entidades correspondientes. “Los insto a hacerlo”, les dijo, con lo que dejó entrever que al interior de la comisión no había garantías reales de imparcialidad para llevar a cabo el interrogatorio, debido al “criterio adelantado” antes mencionado.
Lea también: Funcionarios del gobierno actual no serán investigados por sobresueldos porque tienen fuero
Durante los cuestionamientos de la diputada Santos, intervino la diputada Romero, quien tuvo una leve discusión con el presidente de la comisión, Jorge Castro, en la que señaló que los diputados oficialistas “están obligados a cumplir con el guion que se les ha dado”.
Ante estos señalamientos, el diputado y jefe de fracción del partido ARENA, René Portillo Cuadra, afirmó en una breve rueda de prensa que “si las personas que fueron citadas a declarar ante la comisión son tratadas, ya no como testigos, sino como imputados, se les debió haber permitido la presencia de un abogado defensor”.
Según Portillo Cuadra, esto porque los diputados de la comisión “provocaron declaraciones extrajudiciales que no tienen validez en la legislación salvadoreña”, a la vez que añadió que todos los procedimientos realizados por la comisión podrían ser nulos debido al tipo de preguntas que se realizaron. “Lo único que le falta a la gente de Nuevas Ideas es ponerle capucha a la gente que han citado a la comisión”, concluyó.
El cuestionamiento a Cristiani fue muy distinto al del expresidente Antonio Saca, hoy condenado por delitos de corrupción, quien compareció sin sobresaltos y fue tratado con amabilidad por el bloque oficialista.
Rosa Romero, de ARENA, señaló que los diputados oficialistas se limitaron “a cumplir con el guion que se les ha dado”.
Segundos después de terminada la audiencia, y antes de retirarse, el expresidente Cristiani entregó una carta firmada al presidente de la comisión, Ernesto Castro, en la que consignaba y resumía lo sostenido durante las respuestas dadas a las preguntas de los diputados.
En dicha carta, el expresidente señaló que "he podido percatarme de algunas de las declaraciones hechas, de manera pública, por algunos diputados, en las cuales me acusan de haber cometido actos que riñen con la ley", y reiteró: "Lo anterior me indica que ya hay criterio anticipado por la mayoría de miembros de esta comisión".
La carta concluye con el expresidente instando a los diputados de la comisión especial a que se presenten a las instancias correspondientes en caso de tener prueba de los señalamientos vertidos tanto en redes sociales, como en el desarrollo de la audiencia.
