¿Para qué servirá el nuevo préstamo de $250 millones en El Salvador?

En la más reciente sesión plenaria, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al Presupuesto General 2025 para incorporar un refuerzo financiero de $250 millones al Ministerio de Hacienda. Esta medida se concreta tras la ratificación de un préstamo previamente negociado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

El acuerdo forma parte del proyecto “Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador”, y tiene como objetivo mejorar la capacidad del Estado para responder de forma más eficiente a sus compromisos financieros y fortalecer las finanzas públicas.

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¿Cómo se aprueba y en qué se usará el préstamo de $250 millones?

El préstamo aprobado no es un fondo nuevo, sino la activación de recursos ya negociados y autorizados por la Asamblea en meses anteriores. Según la Constitución salvadoreña, todo préstamo estatal debe pasar por tres fases: autorización, ratificación e incorporación al presupuesto. Con esta última aprobación, se completa el ciclo legal necesario para comenzar a utilizar el dinero.

Según Hacienda, estos recursos permitirán mantener una política macroeconómica responsable, mejorar la gestión del gasto público y dar cobertura oportuna a obligaciones del Estado. Esto se traduce en pagos a proveedores, cumplimiento de deuda interna y externa, así como continuidad de proyectos sociales y de infraestructura.

Además, el préstamo acompaña las medidas de la Ley de Sostenibilidad Fiscal para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, una legislación aprobada este mismo año que busca dar mayor estabilidad a la economía salvadoreña.

¿Qué beneficios concretos puede traer este fondo?

Aunque los préstamos internacionales pueden generar preocupación por el endeudamiento del país, también pueden representar una oportunidad si se utilizan de manera responsable. Estos fondos no van destinados a gasto corriente, sino a fortalecer las capacidades institucionales del Estado en tres áreas clave:

1. Gestión fiscal más eficiente: Se espera que los recursos ayuden a modernizar sistemas de recaudación y administración tributaria.
   
2. Mayor transparencia presupuestaria: Se incorporarán herramientas que permitan rastrear con mayor claridad cómo se gastan los fondos públicos.
   
3. Resiliencia económica: Parte del financiamiento está orientado a reforzar la respuesta ante shocks económicos como crisis inflacionarias o emergencias internacionales.

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¿Quién presta el dinero y en qué condiciones?

El BIRF es una de las instituciones más reconocidas a nivel global en materia de financiamiento para el desarrollo. Los préstamos con esta entidad suelen tener tasas de interés más bajas y plazos largos para su repago, en comparación con préstamos comerciales o emisiones de deuda interna.

Este tipo de apoyo también incluye asistencia técnica y monitoreo para asegurar que los fondos se ejecuten correctamente, lo que añade un componente de supervisión que no siempre existe en otros mecanismos de financiamiento.

Último registro de deuda pública

En 2024, la deuda pública de El Salvador alcanzó el 87.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), superando incluso el nivel registrado durante la pandemia en 2020 (85.8 %). Según los datos del Ministerio de Hacienda, la deuda total incluyendo la del Sector Público No Financiero y la previsional sumó $30,898.1 millones para ese año, mientras que el PIB se estimó en $35,330.3 millones.

Si bien los préstamos adquiridos por el Estado generan oportunidades, también hay amplios sectores de la población que observan con precaución la adquisición de nuevas deudas.