La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico Social (FUSADES) asegura que la conducta del director de la Policía, Mauricio Arriza Chicas al desobedecer dos órdenes de instancias superiores “constituye un serio atentado contra el Estado de derecho y un precedente muy grave para la institucionalidad democrática”.
Agrega que “estas dos desobediencias son actuaciones de la mayor gravedad contra la esencia del Estado de derecho, que presupone el sometimiento de los funcionarios a la Constitución y a las leyes”.
Señala además que es “fundamental que la institucionalidad se respete y que en este caso se deduzcan las responsabilidades respectivas por las acciones contrarias a la ley”.
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Fusades considera que “la falta de sumisión al orden jurídico por parte de los funcionarios pone bajo grave amenaza al sistema democrático, a la gobernabilidad y a la paz social”.
La primera orden que Arriaza Chicas habría desobedecido fue la emanada por la Asamblea Legislativa para que hiciera comparecer al ministro de Hacienda , Alejandro Zelaya, a la comisión especial que investiga la colocación de títulos y préstamos para atender la pandemia del COVID-19.
La referida comisión pidió a la Policía a que llevara con apremio a Zelaya, luego de que se negara a asistir en tres ocasiones y estar obligado por el artículo 132 de la Constitución.
Arriaza Chicas justificó que el ministro de Hacienda tenía “causa justificada basada en el ordenamiento constitucional” para no asistir a los citatorios.
“El Director de la Policía se apropió de facultades deliberativas, juzgando y concluyendo, sin tener atribuciones para ello, que había causa justificada para que el Ministro no acudiera a la convocatoria”, señala Fusades.
La segunda vez desobedeció la orden de la Fiscalía General que obligaba a la Policía a desalojar a las personas que bloqueaban el ingreso de los camiones recolectores de basura al relleno sanitario de Nejapa.
Arriaza Chicas le respondió a Melara en su cuenta de Twitter que “todo obedece a fines políticos para generar crisis y hacer ver mal a la Policía de no estar cumpliendo su trabajo. La instigación también es delito”
“Al Fiscal General le corresponde promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad; así como, dirigir la investigación del delito con la colaboración de la PNC. (artículo 193 de la Constitución)”, sostiene.
Lo anterior está desarrollado en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Fiscalía que señala que la Policía obedecerá las órdenes bajo el concepto de la dirección funcional impartida por el ente fiscal. “El Director de la PNC, de nuevo, violando la ley, no acató la orden”, destaca Fusades.
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