Los diputados aprobaron este jueves una reforma a la Ley del Sistema de Ahorros para pensiones en el sentido de que personas que solicitaron adelanto del 25% de su saldo y que hayan cumplido el periodo y años de jubilación no tengan que reintegrarlo.
La modificación fue aprobada con 65 votos.
Este beneficio abarca sólo a quienes hayan llegado a su edad de pensionarse pero no tienen el tiempo laborado para jubilarse o que habiendo llegado a la edad legal no tienen cómo devolver el dinero y no se quiere esperar cinco años de trabajo más, tienen la opción de retirar su dinero completo antes de cumplir los cinco años adicionales que la ley les exige.
Hasta agosto de 2019 un informe de las AFP da cuenta de que habían pagado $71.4 millones en concepto de anticipo de pensiones y que las deudas y enfermedades graves eran la principal razón del retiro de los fondos.
Al respecto de estas reformas, Damián Alegría, diputado del FMLN, consideró: “Este es un logro importante y empezamos a hacer justicia a esas personas que necesitan ese dinero para poder sobrevivir. Seguiremos trabajando en el tema de pensiones, porque lo que queremos es ayudar a la gente a que enfrenten esta crisis de la pandemia”.
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Por su parte, el diputado de ARENA Rodrigo Ávila, dijo que hay más de 30,000 salvadoreños que ya hicieron uso de esa modalidad: “Tenemos que garantizar lo que la ley establece sobre los anticipos de saldos, hay más de 30,000 salvadoreños que ya hicieron uso de esa oportunidad que plantea la ley (anticipo del 25% de sus ahorros). Aquí puede sacar hasta el 25%, hay más de 90,000 que no lo han hecho y están en las condiciones de poder hacerlo”.
La diputada Yanci Urbina, diputada del FMLN, consideró necesaria estas reformas para ayudar a la población cotizante: “Aprobamos una reforma a la Ley de Ahorro para Pensiones para beneficiar a los afiliados que hicieron uso del anticipo del 25% de sus cotizaciones, que cumplen la edad legal de jubilación, y que no califican para pensión, para que puedan retirar la totalidad de su saldo sin regresar el anticipo”.
Francisco Zablah, diputado de GANA, dijo que es un dictamen parcial: “Este primer paso podría andar en $15 millones para fondearlo, según los datos hay $22 millones que se pudieran utilizar, por eso pedí que fuera parcial”.
Mientras que Mario Ponce, presidente de la Asamblea, consideró necesarias estas reformas al sistema previsional: “Hay que mejorar la fórmula para la pensión, debe ser parte del debate y dar una solución a los empleados”.
Asamblea rechaza observación de Bukele que busca declarar reserva a ejecución de fondos
También en la plenaria de hoy, se aprobó rechazar dos de las tres observaciones que envió el presidente Nayib Bukele al decreto legislativo de reforma a la emisión de $2,000 millones en deuda para atender la emergencia por la pandemia.
Los dos reparos del Ejecutivo eran para evitar que las instituciones públicas encargadas de ejecutar fondos avalados por la Asamblea de créditos para enfrentar la pandemia tuvieran que entregar toda la información solicitada por los miembros del comité de “veeduría” del dinero.
La diputada Yanci Urbina, del FMLN, explicó que no es procedente la petición de Bukele, ya que los gastos con fondos del Estado no deben ser reservados como lo pide el Ejecutivo.
Tampoco aceptaron la observación del presidente de que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), pueda apoyar al comité contralor de los fondos.
Bukele envió las observaciones el pasado 9 de julio al decreto que contenía el nombramiento de nuevos cinco miembros del comité de “veeduría” y de fiscalización de los $2,000 millones para la emergencia, ya que los anteriores renunciaron de forma “irrevocable” aduciendo falta de información y coordinación por parte del Gobierno.
El grupo multidisciplinario estaba conformado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal); la Asociación de la Empresa Privada (ANEP); la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades); la Universidad Centroamericana (UCA); y la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).Fueron juramentados el 28 de marzo y entre sus funciones se encontraba supervisar el uso del dinero que se empleara durante la emergencia por el COVID-19.
En la reforma plasmada en el decreto que fue observado por Bukele, los diputados sustituyeron a las anteriores entidades por: la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde); el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI); la Asociación de Auditores Independientes de El Salvador; la Universidad de El Salvador y la Universidad Francisco Gavidia.
En las observaciones enviadas por Bukele a la Asamblea enfatiza que recibió una nota de un acuerdo tomado por la junta directiva de la Asociación de Auditores Independientes de El Salvador, informando que tienen “impedimento legal y razones éticas” para formar parte del comité de Seguimiento y Veeduría del Fondo de Emergencia.
Impedimento legal porque su función es más que todo educativa; y ética porque algunos de sus miembros podrían llegar a ser auditores externos de entidades que ofrezcan o vendan bienes o servicios que sean adquiridos con dichos fondos.
Esta observación sí fue aceptada por los diputados, por lo que incluyeron como nuevo miembro del comité a otra asociación de auditores independientes.