La transferencia de $625.7 millones que el Ministerio de Hacienda hizo entre carteras de Estado para atender la emergencia del COVID-19, sin haber tenido el aval de la Asamblea Legislativa, es una clara violación a la ley que debe investigada por la Fiscalía General y por la Corte de Cuentas de la República, según diputados de la oposición.
Ellos no descartaron que se pueda demandar al Órgano Ejecutivo por violar la normativa; el tema podría abordarse en las próximas sesiones de las Comisiones de Hacienda o Política.
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El Diario de Hoy publicó este lunes que, según un informe que Hacienda entregó al Congreso, el Órgano Ejecutivo tuvo disponibles, entre el 10 de febrero y el 25 de junio 2020, $625.7 millones para la emergencia sanitaria; de ese total $544.9 millones fueron transferidos de la caja fiscal del gobierno al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), lo que incluyó $2 millones para enfrentar la Tormenta Amanda.
El traslado de fondos entre las carteras de Estado no fue del conocimiento de la Asamblea. Así lo confirmó la diputada de la comisión de Hacienda, Yanci Urbina, del FMLN. Ella explicó que las transferencias que Hacienda hizo a Fopromid no fueron aprobadas por el Órgano Legislativo.
Esta acción del Gobierno riñe con el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera (AFI), que establece que “las transferencias entre asignaciones de distintos ramos u organismos administrativos de la administración pública, excepto las que se declaren intransferibles, serán objetos de Decreto Legislativo a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Hacienda”.
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Varios traslados de fondos se realizaron cuando estaba vigente el decreto 593 que establecía el Estado de Emergencia, el cual ordenaba que las transferencias debían ser “conocidas con carácter de urgencia por la Asamblea Legislativa”.
De hecho, el diputado Rodolfo Parker, del PDC, denunció una transferencia ilegal del MAG.
“El Ministerio de Agricultura hizo compra por $23millones reorientando recursos presupuestarios sin que la transferencia fuese autorizada por la Asamblea, incumpliendo sentencia Sala y Ley AFI, además haciendo uso de dinero para salarios, lo que también está prohibido por la Constitución”, tuiteó.
Ayer estaba citado el titular del MAG, Pablo Anliker, para dar explicaciones sobre el tema, pero no compareció.
Jorge Schafik Hándal, también del FMLN, dejó entrever ayer la posibilidad de que se interponga una demanda contra el Ejecutivo por la violación a la normativa.
“Ellos tenían que haber pedido permiso para hacerlo (la transferencia) y se les hubiera resuelto rapidito. La Corte de Cuentas tiene que auditar ese proceso para ver qué otras violaciones se han dado”, expresó Hándal.
Norman Quijano, de ARENA, adelantó que este tema deberá ser discutido en las próximas sesiones de la Comisión de Hacienda o la Política y habrá que pedirle explicaciones al titular de Hacienda, Nelson Fuentes.
“Para trasladar recursos de una unidad del Estado a otro se necesita un dictamen favorable de la Comisión de Hacienda para aprobarlo. (Haber hecho la trasferencia de fondos) es violatorio, es antojadizo, atropella e irrespeta las leyes vigentes del país”, apuntó Quijano.
El funcionario señaló que el Fopromid, creado por decreto legislativo en agosto de 2005, nació con un fondo patrimonial de $4 millones, pero en mayo de este año se incrementó a $607.145,488.
En contraste, Guillermo Gallegos, de GANA, dijo desconocer si es o no cierta la información, pero adelantó que “por eso va a ser importante la presencia del ministro de Hacienda”.
En una entrevista televisiva, el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, declaró ayer que para enfrentar la pandemia, el Gobierno ha tomado “todos los vehículos legales, porque siempre hemos insistido en que no puede funcionar sin todos los marcos legales” y aseguró que no le tienen miedo a la rendición de cuentas.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, recordó que hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que establece cuál es el procedimiento obligatorio que debe seguir el Órgano Ejecutivo para realizar de forma válida las transferencias.
“Aunque sean fondos de emergencia no hay que perder de vista el procedimiento de llevar la moción a la Asamblea, si bien no es desmeritar la gravedad de la emergencia, hay que seguir los procedimientos establecidos”, señaló el representante de Acción Ciudadana.