Un total de $625.7 millones son los recursos que el gobierno tuvo disponibles entre el 10 de febrero y el 25 de junio 2020, para atender la emergencia sanitaria, reveló un informe enviado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa.
El documento, que contiene las medidas presupuestarias y fiscales adoptadas en el marco de la pandemia, indica que de los $625.7 millones, un total de $544.9 millones fueron transferidos de la caja fiscal del gobierno al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), lo que incluyó $2 millones para enfrentar la Tormenta Amanda.
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El informe detalla que las fuentes de financiamiento de esos $544.9 millones fueron: $446.9 millones de transferencias con cargo al Fondo General de la Nación, cuyos recursos provienen de colocación de Letras del Tesoro (Letes) por $400 millones y de ingresos por otros conceptos; $45.3 millones de un préstamo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA); y $53 millones del Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI) del Fondo Monetario Internacional. Los fondos fueron transferidos a los ministerios de Salud, Turismo, Obras Públicas, Gobernación, entre otros, cada uno de los cuales los destinaría a la atención de la emergencia sanitaria.
El Ministerio de Salud, por ejemplo, indicó que los utilizó para la compra de insumos, equipos y medicamentos para hospitales y unidades de salud; y en el reacondicionamiento y equipamiento de hospitales; mientras que el Turismo los ocupó para el alquiler de hoteles, readecuación y habilitación de espacios públicos y privados como centros de contención; y alimentos e insumos para éstos.
Por su parte, Economía usó los fondos para entregar el bono de $300 a familias que resultaron afectadas económicamente por la pandemia COVID-19, justifican.
En el reporte también indican que la emisión de Letes por $400 millones se adoptó “como una estrategia financiera para dar cobertura oportuna a una deficiencia de la recaudación de ingresos del Presupuesto 2020, y para atender y sufragar con dichos recursos las diferentes necesidades que pudieran generarse en torno a la emergencia”. Asimismo, el gobierno informó a la Asamblea que hizo otros ajustes presupuestarios internos con el propósito de atender diversas necesidades propias de las instituciones, relacionadas a la pandemia.
Entre las modificaciones que hicieron entre abril y mayo están: $10.5 millones solicitados por diferentes instituciones del sector público, de los cuales $6.1 millones fueron autorizados para ocho instituciones del Órgano Ejecutivo y $4.4 millones para cinco entidades descentralizadas no empresariales y a 30 hospitales nacionales. Hacienda también realizó una transferencia de $4.2 millones del ramo de Obras Públicas y Transporte para la construcción del Hospital El Salvador, conocido como Cifco.
Estas transferencias de fondos contrastan con el discurso del presidente Nayib Bukele, quien durante la cuarentena repetía que no había tenido “un centavo partido por la mitad” para atender la emergencia, cuando sí dispusieron de recursos.
La Asamblea no fue informada
El traslado de fondos entre las carteras de Estado no fue del conocimiento de la Asamblea. La diputada de la comisión de Hacienda, Yancy Urbina, del FMLN, explicó que las transferencias que Hacienda hizo a Fopromid no fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa. “Son reformas que no hemos conocido en la Comisión de Hacienda”, afirmó.
Urbina aclaró que las únicas dos reformas presupuestarias que se han recibido por parte del Ejecutivo son: refuerzo presupuestario para el pago de salarios del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco) y de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda). Pero en Hacienda explicaron que las transferencias internas, es decir dentro de las instituciones, no requieren la aprobación de la Asamblea. “Esas son las que aprueba el despacho mediante Acuerdo Ejecutivo”, dijo la fuente.
Y aseguró que la Asamblea aprobó las transferencias entre distintas instituciones, por ejemplo: los refuerzos a Anda y Cifco. Sin embargo, el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera (AFI) establece que “las transferencias entre asignaciones de distintos ramos u organismos administrativos de la administración pública, excepto las que se declaren intransferibles, serán objetos de Decreto Legislativo a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Hacienda”.Además, varios de los traslados de fondos se realizaron cuando estaba vigente el decreto 593 que establecía el Estado de Emergencia, el cual ordenaba que las transferencias debían ser “conocidas con carácter de urgencia por la Asamblea Legislativa”.
Freno a la inversión Con la llegada de la pandemia al país, en marzo pasado, el gobierno adoptó otras medidas como la suspensión de proyectos de inversión pública que no tenían compromisos de contratación de obra, para canalizar esos recursos hacia la atención de la emergencia. Según Hacienda, los fondos para el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) ascendían a $1,256.11 millones.
Sin embargo, con las modificaciones realizadas hasta el cierre de mayo, el presupuesto pasó a ser de $1,240.33 millones. De ese monto, $590.67 millones provienen de préstamos externos, donaciones y recursos propios; y $651.66 millones del Fondo General.En abril, el gobierno también congeló $90.5 millones del Fondo General, pero en mayo descongeló $4.3 millones que se distribuyeron en los ministerios de Vivienda, Trabajo, Cultura e Instituto Salvadoreño de Turismo, argumentando que eran para prioridades generadas por la pandemia, por lo que quedó un monto congelado de $86.2 millones para destinarlo a la emergencia, según datos a mayo.