El presidente Nayib Bukele decretó, hace más de 15 días, régimen de excepción debido a los 87 homicidios cometidos por las pandillas entre el 25 y 27 de marzo pasado. Esa jornada violenta puso en duda las acciones del Plan Control Territorial que, en palabras de Bukele, su gabinete y la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa, es una política pública exitosa.
Para Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad en la fundación Cristosal, lo sucedido ese fin de semana significó una ruptura de la relación que el gobierno había establecido con las pandillas.
En opinión de expertos en Derechos Humanos, el régimen de excepción limita los derechos constitucionales de los y las ciudadanas. Tal es el caso de Roxana Hernández, quien no tiene mayor información sobre su esposo, cuñado y hermana.
Ellos salieron muy temprano de la colonia Valle Nuevo a dar un paseo por la playa, pero los militares los detuvieron con la única justificación que no debían andar en la calle. Roxana ha tenido que prestar dinero para poder pagar la alimentación, vestimenta, productos de higiene personal para sus familiares, que fueron detenidos esa mañana.
Ayer trasladaron a su esposo y cuñado al penal de Izalco y a su hermana la llevaron a cárcel de mujeres. A ella le realizaron la audiencia inicial ayer mismo y le comunicaron que pasará tres meses más en prisión, sin mayores pruebas de que está involucrada en grupos ilícitos, como relatan sus familiares.
Roxana ha tenido la suerte que muchas familias no: el abogado asignado para su familia, por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), se comunicó con ella para decirle que su esposo y cuñado pueden pasar hasta seis meses detenidos mientras realizan las investigaciones. “Y si tienen mala suerte, puede ser hasta un año”, relata, Roxana, que le explicó el abogado.
Zaira Navas mencionó que las capturas generalizadas que se han producido, la aplicación del régimen de excepción y las recientes reformas al Código Penal y la Ley Penal Juvenil están encaminadas a dar un giro, pero esencialmente a emitir un mensaje claro a los dirigentes de los grupos delincuenciales.
“Este índice tan alarmante muestra que la disminución que hubo de entre tres homicidios diarios, no era sostenible y no respondía al Plan Control Territorial, del cual no se han cumplido las fases que han sido anunciadas”, afirmó Navas.
Las fallas del Plan Control Territorial
La primera fase anunciada del Plan Control Territorial fue el control de los territorios. Para Zaira, esto es precisamente lo que no han conseguido. “Los delitos de extorsión, de robo y otros delitos de índole patrimonial se han seguido cometiendo. Si bien es cierto disminuyeron los homicidios, también presentamos un número importante de desaparición de personas”, dijo.
Para la abogada, no es cierto que el gobierno tenga el control de los territorios porque “si fuera así, hubiera logrado detener el incremento de homicidios en el primer día (del alza reciente)”, afirmó.El segundo componente del Plan Control Territorial es el Fortalecimiento Institucional, “hasta ahora, tanto la Fuerza Armada (FAES) como la Policía Nacional Civil (PNC) han recibido un monto importante de dinero que duplica el presupuesto que se había asignado en años y gobiernos anteriores”, explicó.
Luego de la última alza de homicidios, el Ejecutivo volvió a pedir un aumento para el Ministerio de Justicia y para el Ministerio de Defensa.Zaira Navas opina que es preocupante, porque las acciones del gobierno le dan la impresión de que no existe una planificación, a lo que se suma el no tener una rendición de cuentas de cómo se utilizan estos fondos.
Las políticas públicas deben realizarse bajo un diagnóstico, Zaira explica que cuando el gobierno inició su gestión, debió identificar en dónde estaban los principales problemas en materia de seguridad. Además, una política pública debe tener indicadores de impacto que puedan ser medibles, evaluarse y poder hacer cambios mientras se ejecuta. “No podemos decir que el Plan Control Territorial es una política pública en el sentido formal”, dijo.
Una medida represiva
En los más de 15 días que lleva el régimen de excepción, se han difundido fotografías y testimonios de militares revisando las mochilas de niños y niñas que se dirigen a su centro escolar, personas de la tercera edad e imágenes de gente que ha sido criminalizada por vivir en zonas marginales y peligrosas. “Lamentablemente, el efecto de estas medidas suele ser mucho mayor que el resultado que se logra obtener en este tipo de políticas”, expone Zaira.
Cristosal, el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y la Asociación Azul Originario (AZO), recopilaron entre el 27 de marzo al 4 de abril, 26 víctimas de abuso de autoridad, 18 hombres y ocho mujeres. Los casos han sido registrados en siete departamentos, 15 de ellos en San Salvador. Uno de los datos destacados por las organizaciones es que ocho familiares de personas privadas de libertad denunciaron vulneraciones en las cárceles. Roxana Hernández es un nombre ficticio usado para proteger la identidad de la fuente.