Organizaciones ambientalistas y comunitarias de Ilobasco se movilizaron este domingo para expresar su rechazo a la reactivación de la minería metálica en el país y exigen la derogación de la Ley General de Minería Metálica, con el objetivo de frenar el deterioro del suelo, agua y aire.
“Este día, las comunidades nos sumamos al consenso nacional por la vida de las presentes y futuras generaciones. Nos manifestamos en contra de la codicia, la avaricia y las mezquinas ambiciones de riqueza que motivan a las empresas y al Gobierno de turno a revertir la prohibición de la minería para imponer estos proyectos de muerte”, declaró Rita Abarca, miembro del comité, en un video publicado por radio YSUCA.
Como parte de la actividad, pobladores de Cabañas se concentraron en el desvío de Sensuntepeque, acompañados por una caravana de vehículos hacia Ilobasco.
Ambientalistas, movimientos sociales y la Iglesia Católica han reiterado su oposición a la reapertura de esta actividad económica, debido a los graves impactos medioambientales y sociales que conlleva.
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Abarca también alertó sobre los riesgos que suponen los desechos tóxicos generados por las empresas mineras, los cuales suelen ser vertidos en ríos o almacenados en lagunas artificiales y depósitos de colas. En el caso de las aguas retenidas, estas podrían desbordarse debido a lluvias torrenciales, contaminando las zonas aledañas.
En la concentración también participaron miembros de otras organizaciones, como el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico.
Rafael Paz Narváez, representante del movimiento, expresó: “Es necesario que la Asamblea Legislativa derogue esa Ley completamente contraria a los intereses del pueblo salvadoreño. La Presidencia de la República debe reconocer el grave error de querer reactivar una actividad que solo enriquecerá a las transnacionales”.
"Como Comité por la Defensa del Agua y la Vida exigimos derogar la Ley General de
Minería Metálica. En vez de minería, el gobierno debe reactivar el agro, la producción alimentaria, el
turismo, las industrias no contaminantes y el desarrollo humano a través de la salud y educación. Ahí
están las verdaderas posibilidades de empleo y desarrollo económico", señala un comunicado de la asociación.
La decisión del Gobierno sobre la reactivación de la minería metálica ha generado preocupación y rechazo en diversas comunidades y organizaciones sociales, que advierten sobre los impactos negativos de esta industria.
Sin embargo, estos planteamientos no han sido tomados en cuenta por el órgano Legislativo, que aprobó la ley sin contar con los estudios técnicos ni consultas con expertos y sin incluir la participación ciudadana.
Previamente, grupos ambientalistas habían advertido que reactivar la minería implicaría la tala de aproximadamente diez millones de árboles en territorios donde nacen los principales ríos del país, lo que afectaría el abastecimiento de agua para la población.
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Según el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), la minería a cielo abierto en El Salvador podría requerir el uso de hasta ocho toneladas de arsénico al día durante los diez a 15 años de vida útil de una mina, lo que representaría un enorme peligro en un país altamente sísmico y vulnerable a fenómenos climáticos extremos.
La veta de oro que se pretende explotar se encuentra en los departamentos de Cabañas, San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán, los cuales conforman la cuenca del río Lempa, la principal fuente de agua del país.
Una investigación del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), presentada en enero de este año, revela que seis de cada diez salvadoreños consideran que el país no tiene las condiciones para desarrollar proyectos mineros.
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