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Organizaciones de derechos humanos denuncian persecución por parte del Estado

Los voceros señalaron que cuentan con evidencia del hostigamiento del que son objeto por parte de agentes del Estado. Asimismo señalan que seguirán denunciando estos casos ante la comunidad nacional e internacional, y se pedirá protección a las vocerías ante la CIDH.

Por Xiomara Alfaro | Abr 19, 2024- 08:12

En conferencia de prensa señalaron al Estado de persecución política en contra de defensores de derechos humanos. Foto EDH / cortesía

Representantes de varias organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian acoso y persecución por parte del Estado salvadoreño así como amenazas para sus dirigentes y grupos familiares.

En una conferencia de prensa el Comité de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES), Socorro Jurídico Humanitario, el Comité de Familias Víctimas de Régimen de Excepción del Bajo Lempa, Jiquilisco, y el Movimiento de Víctimas del Régimen En Salvador (MOVIR) manifestaron que cuentan con evidencia para demostrar además hostigamiento por parte de miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, además de otros agentes del gobierno.

“En actividades (que realizan) hemos podido captar a detectives o a personas que se filtran en dichos eventos cuando nosotros venimos denunciando que como organizaciones sociales no somos criminales; no estamos dispuestos a normalizar una situación que pretende manipular mediante un proceso de miedo y terror”, apuntó Ivania Cruz, de COFAPPES.

Alfredo Mejía, de MOVIR, añadió que como dirigentes son víctimas incluso de intentos de captura.

En cada una de las actividades que realizan hay presencia de detectives y personas infiltradas, aseguran. En algunos casos señalan que se presentan personas haciéndose pasar por miembros de medios. “Las tenemos identificadas como personas del organismo de inteligencia del Estado”, apuntó Mejía.

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La persecución se ha mantenido además durante la presentación de habeas corpus en el marco del régimen de excepción cuando agentes de la Policía han solicitado a representantes de las organizaciones entregar su DUI para poder ingresar a la Corte Suprema de Justicia.

“Al consultar porque se está solicitando la documentación la respuesta es que es trabajo de rutina”, exponen.
Los organizaciones presentaron ante los medios fotografías con las que han documentado cada uno de los hechos.

“Sabemos de ese seguimiento que nos están haciendo pero no lo vamos a normalizar y los vamos a seguir denunciando ante la comunidad nacional e internacional”, agregó Ivania Cruz.

Socorro Jurídico por su parte denunció un intento de agentes del Estado, tanto vestidos de civil como uniformados, para allanar a las instalaciones de la Central Sindical de la cual forma parte.

“Esa es parte de la estrategia política del gobierno que intenta callar toda voz que no consienta la violación a los derechos humanos, que esté en contra de la muerte de las personas inocentes y que esté en contra de las detenciones arbitrarias”, sostuvo Óscar Rosales, de Socorro Jurídico

El vocero señala que a dos años del Régimen de Excepción, El Salvador se acerca a los 80 mil detenidos, y a cerca de 250 fallecidos en centro penales, y dos niños recién nacidos que han muerto.

Rosales denunció además persecución en contra de los dirigentes de la Central Sindical.

“Estamos llamando a que corrija, a que vuelva al Estado de Derecho, a que se investigue quien es responsable de actos ilícitos y quien no lo es. Abogamos a que quien no lo es debe quedar en libertad de manera inmediata”, apuntó.

Cofappes por su parte presentó un expediente de la División Criminalística de Campo de la Policía, al cual tuvo acceso, en el que señala queda de manifiesto que existe persecución del Estado e instituciones públicas tanto a publicaciones que realizan medios de comunicación como a las acciones que realizan las organizaciones.

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En el documento se plasman fotografías que fueron retomadas de algunos medios de comunicación así como de páginas de las organizaciones y perfiles personales en redes sociales de representantes sociales.

“En vez de usar recursos del estado para investigar la corrupción de muchos funcionarios de este gobierno o para la delincuencia, se está usando recursos a través de la Fiscalía y la Policía para la persecución de personas defensoras de derechos humanos”, expone Cruz.

La representante social confirmó que se ha presentado un escrito a la Fiscalía sobre este caso y en abril se ha dado respuesta para iniciar una investigación “por ese seguimiento a las organizaciones”, añade.

Ante este panorama, los voceros sociales aseguran que buscarán protección a través de la activación de mecanismos internacionales como la CIDH.

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