Detenciones ilegales o arbitrarias, violencia contra la mujer, abuso de la fuerza policial o del ejército, además de situaciones no adecuadas en los llamados centros de contención y en los centros asistenciales en afectación del personal de salud, son parte de las once problemáticas que evidencia una vulneración de los derechos humanos durante la pandemia por COVID-19, ha revelado esta mañana el Observatorio de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Manuel Escalante, subdirector del Idhuca y coordinador del Observatorio, detalló las 11 problemáticas detectadas en un monitoreo realizado entre el 21 de mazo y el 24 de agosto de este año en distintas fuentes de información, entre ellos los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, personas afectadas directamente, defensores de derechos humanos, además de los mismos datos oficiales sobre estos eventos.
Dos de las problemáticas detectadas fue la relacionada a los llamados centros de contención creados por el gobierno central para resguardar a personas sospechosas , viajeros que regresaban de otros lados del mundo pero también sirvieron para encerrar a personas acusadas de infringir la cuarentena obligatoria.
En esos dos hallazgos, el Observatorio dice que se reportaron oficialmente hasta el 9 de mayo 2,400 personas detenidas por supuesto incumplimiento de la cuarentena, que en su mayoría fueron calificadas como detenciones arbitrarias e ilegales por la misma jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional.
Según cifras oficiales, 17,650 personas pasaron por esos centros hasta el 24 de agosto, según recoge el informe, pero en este caso destaca la vulneración del derecho de circulación pero además que no tuvieron las condiciones adecuadas, no tuvieron la alimentación en tiempo o recibieron alimentos en mal estado. Escalante también mencionó que se violó el tiempo de 30 días que se había dispuesto para que estuviera cada persona y que todo eso que el resultado de “un mal manejo del centro de contención”.
A esta observación se suma la del abuso de la fuerza por parte de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. En este punto, dice la UCA, si bien el número de casos no puede parecer relevante, lo que preocupa es que ha pasado este tipo de hechos y no debieran estar pasando. En este caso dijo que saben que varios casos están siendo investigados por la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por lo que esperan una pronta respuesta.
Ataque a periodistas y obstaculización al acceso a la información
El informe también destaca como en este periodo monitoreado se obstaculizó la labor periodística, especialmente los de investigación, y se atacó a periodistas. Pero también se impidió el acceso a la información pública incluso de los mismos ciudadanos en centros de contención para acceder a resultados de sus pruebas de coronavirus.
“Hubo restricciones de acceso a la prensa, ataques a periodistas y esto no contribuye al libre debate de las ideas o a fortalecer la democracia”, afirmó Manuel Escalante.
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Otra observación puntual fueron las condiciones en que trabajaron los trabajadores de salud, especialmente en materia de protección, ya que según recoge el informe de información según denuncias en distintas fuentes, de que los insumos de protección no llegaron a tiempo o que cuando llegaron no hubo capacitación para implementarlos de manera adecuada.
En el tema de violencia intrafamiliar, informó Escalante, que según datos de la mesa tripartita, 37 mujeres murieron de forma violenta aunque la organización Ormusa registró 44, pero más allá de la diferencia numérica, lo que preocupa es que ese fenómeno no ha cesado. Lo mismo, dijo, ocurre con los homicidios, que si bien es algo real que hubo una sensible reducción durante la pandemia, hubo un reunte entre el 24 y 28 de octubre.
El informe hace seis recomendaciones, José María Tojeira, director del Idhuca, dijo que, una de ellas está relacionada con uno de los 11 eventos detectados como es la confrontación verbal y el desgaste institucional que afecta la armonía y la paz, que so derechos de los ciudadanos. Por tanto, dijo que el llamado es a que cesen de inmediato esta tensión.
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Si bien Tojeira dijo que” el Ejecutivo es el que más ha insultado”, también llamó a las otras instituciones u órganos de Estado a evitar esa tensión y a trabajar por un proyecto común.
De igual forma llamó a cumplir las sentencias de la Sala de lo Constitucional si queremos vivir en estado de derecho, pero al mismo tiempo instó a la Sala y todo el sistema judicial a “romper con el miedo y la lentitud”, y puso de ejemplo que dio es que el juez de aso El Mozote debió haber ordenado la detención del coronel Vanegas por impedir el acceso a los archivos, en la primera inspección que hizo.
De igual forma recomienda, entre otros, no instrumentalizar la situación de la pandemia con fines políticos electorales; a garantizar el acceso a la información pública, a evitar el hostigamiento al periodismo de investigación, pero además instó a toda a población civil a dar seguimiento a las recomendaciones del informe.