Amparados en el cumplimiento de las medidas sanitarias para combatir la pandemia del COVID-19 en El Salvador; se han suscitado varias situaciones que han violentado los derechos humanos de los ciudadanos, según el último reporte de la PDDH durante la emergencia.
Al menos 471 denuncias fueron recibidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDDH. De las cuales 149 fueron por derechos a la libertad de integridad; 107 por derecho a la salud; 84 por derecho de acceso a la información; 71 por derecho al trabajo; y 60 por derechos al agua, alimentación y no discriminación.
Uno de los casos más recientes que ejemplifica la situación fue el de Alfredo Isaac Canesa Flores, un joven de 19 años que fue herido, de bala, el pasado viernes en el cantón Chilata, municipio de San Julián, departamento de Sonsonate, tras haberse negado a entregar 50 dólares que le exigió un policía a cambio de no enviarlo a un centro de contención.
Según datos del mismo Gobierno, hay 2,073 personas retenidas por presuntamente violar la cuarentena. Tras instrucciones del presidente, se ha enviado a estos supuestos infractores a los centros de contención, pese a que la Sala de lo Constitucional ha dicho que la detención automática rompe el marco legal y que solo se puede conducir a estos centros a personas que muestren riesgo de contagio tras una evaluación objetiva.
La situación a la que se enfrentan las personas que cumplen cuarentena en los albergues, tras haber regresado del extranjero, es otra de las preocupaciones que refleja el reporte.
Los llamados centros de contención reflejan hacinamiento, carencia de agua, comida y tratamiento médico. Varias de las personas afectadas han asegurado que tuvieron que dormir en el suelo debido a la improvisación. Y se ha sabido de otros casos en que “los adultos mayores y aquellas personas con condiciones de salud preexistentes, que están expuestas a un mayor riesgo de enfermarse gravemente por el virus, no fueron aislados de otros detenidos”, según datos de la Procuraduría.
En un informe la institución señala que “la falta de atención médica por enfermedades crónicas, ausencia de prueba para diagnosticar COVID-19, falta de cuidados en salud mental (especialmente los centros de contención) y efectos colaterales de la emergencia en otros procedimientos médicos son las situaciones más frecuentes en relación al derecho a la salud”.
“Las declaraciones del Presidente Nayib Bukele han promovido el uso excesivo de la fuerza y la ejecución draconiana de las medidas ordenadas por su gobierno”, denuncia la organización Human Rights Watch (HRW).
Según esta institución, que vela por el cumplimiento y la tutela de derechos humanos alrededor del mundo, es muy probable que la retórica del presidente haya incentivado a que los cuerpos de seguridad cometan abusos y respondan de forma desproporcionada a quienes presuntamente violan la cuarentena obligatoria.