La administración de Joe Biden en Estados Unidos, así como el Congreso de ese país, han dado señales de que el combate a la corrupción es uno de los principales ejes de su relación con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, subregión que comprende a El Salvador, Honduras y Guatemala.
Por ello, han condicionado su ayuda y asistencia a estos países a que combatan el mal uso de recursos públicos.
Eso se refleja en la última iniciativa de ley aprobada por la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos que exige a estos países centroamericanos nueve compromisos de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción a cambio de seguir recibiendo gran parte de la cooperación estadounidense.
Ayer, la congresista estadounidense Norma Torres, de origen guatemalteco, afirmó en sus redes sociales que ha propuesto una enmienda a lo aprobado por la Cámara de Representantes en el sentido de añadir en esta exigencia a los fiscales generales.
“El 75% de nuestra asistencia a los gobiernos de Centroamérica está condicionada a cumplir algunas medidas anticorrupción. Mi enmienda a la iniciativa requiere que los fiscales generales cumplan las mismas condiciones”, afirmó la legisladora en su cuenta de Twitter.
Una de las cruzadas principales de Torres ha sido combatir el mal uso de recursos del Estado, así como luchar contra el creciente autoritarismo en Centroamérica, que entre sus principales características muestra una gran opacidad y resistencia a las instituciones de control y transparencia.
Golpeado combate a la corrupción
Las palabras de Norma Torres llegan en un momento difícil para la lucha contra la corrupción en la región centroamericana.
Esto, pues los gobiernos parecen haber cerrado filas y están impidiendo que investigaciones de alto nivel escudriñen a sus gestiones y den seguimiento a algunos claros indicios de mal uso de recursos públicos en el presente.
En el caso de El Salvador, el 1 de mayo la Asamblea Legislativa de amplia mayoría oficialista removió de forma ilegal y exprés al entonces fiscal general de la República, Raúl Melara, así como a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Curiosamente, el fiscal general tenía en su poder 12 expedientes de posible corrupción en la gestión pública relativos a los gastos durante la pandemia de covid-19.
En su lugar, impusieron a Rodolfo Delgado, quien ha puesto un alto a estas investigaciones y se mostró en contra de investigar a los involucrados en la Lista Engel, que contiene 14 nombres de salvadoreños acusados de corrupción o golpes a la democracia.
Además, el gobierno dio fin a la CICIES, la comisión que remitió a la Fiscalía esos casos de posible corrupción.
En el caso de Guatemala, la fiscal general Consuelo Porras removió a Juan Francisco Sandoval, quien fue jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), y que estaba indagando presunta corrupción en el gobierno actual.
En Honduras, la lucha contra la corrupción que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH, entidad coordinada por la OEA) no ha sido retomada.