Hace un mes se conoció el listado de 14 salvadoreños a quienes Estados Unidos les quitó la visa por al menos tres años por estar vinculados a actos de corrupción significativa o por golpes a la democracia y los derechos humanos.
Esto forma parte de la Lista Engel, un compromiso que asumió el Ejecutivo de Estados Unidos de remitir al Congreso de ese país un listado de “corruptos y antidemocráticos” para ser sancionados.
Como dijo la encargada de Negocios de la Embajada Americana en San Salvador, Jean Manes, el objetivo principal de esta remoción de visas es que los corruptos “no viajen y gasten el dinero ilícito” en EE. UU.
Dentro de este listado, hay siete personas del círculo del presidente de la República, Nayib Bukele. Algunos son muy cercanos, como su secretario jurídico, Conan Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su ministro de Trabajo, Rolando Castro; o su director de Centros Penales, Osiris Luna.
Además, hay exministros de su confianza, como el de Agricultura, Pablo Anliker, o el de Seguridad, Rogelio Rivas; y está el influenciador de Nuevas Ideas, Walter Araujo.
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Sobre algunos ellos pesan acusaciones como apropiación de fondos públicos o lavado de dinero, mientras que en los casos de Araujo, Rolando Castro o Conan Castro, se les vincula con golpes a la democracia.
Sin embargo, a un mes de que Washington revelara esta lista, la administración Bukele no ha tomado ninguna represalia contra estos cuadros cercanos al presidente.
Por el contrario, el fiscal impuesto por el oficialismo a la fuerza el 1 de mayo, Rodolfo Delgado, afirmó que no tiene elementos suficientes para iniciar investigaciones.
Asimismo, afirman que esta lista se realizó solo con base en investigaciones periodísticas, algo que el gobierno de Nayib Bukele tiende a desacreditar toda vez que presente una imagen distinta al triunfalismo que dicta la narrativa oficial.
Al ser cosultado por este medio, el coordinador del centro de Asesoría Legal Anticorrupción de Funde (ALAC), Wilson Sandoval, desestimó ese último punto y explicó que la Lista Engel se construyó con el concurso de instituciones públicas estadounidenses.
“La lista no se ha hecho a partir de panfletos o lobistas, la lista es por designación presidencial con información de diferentes agencias federales”, explicó el experto de Funde.
Una “simulación” de lucha contra la corrupción
A juicio de Wilson Sandoval, la Lista Engel “tiene toda la legitimidad del mundo”. Sin embargo, lamenta que el gobierno ha decidido ignorarla y “demuestra que no está dispuesto a investigar a los suyos y empezar por su casa”.
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El experto de Funde afirma que es obvio que ni el Gobierno ni la Fiscalía, liderada por un personaje impuesto por el oficialismo, tienen como prioridad esclarecer ninguno de los casos señalados por los Estados Unidos. Ni los siete del círculo del gobierno, ni los otros siete que no tienen una vinculación directa o aparente con el presidente.
En sentido similar se pronunció Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, quien afirmó que no se ha visto ningún acto de aceptación o rectificación o sanción por parte del Gobierno.
“Públicamente no se conoce nada. No sabemos si de forma privada e interna se está realizando algún proceso”, señaló Escobar y explicó que si algo está pasando a nivel interno, no es por voluntad del presidente, sino por el tema la hoja de ruta que se comprometió a seguir Bukele con una delegación del Departamento de Estado de Estados Unidos que visitó El Salvador un día antes de revelarse la lista.
Pese a esto, el director de Acción Ciudadana reconoce que los personajes señalados en la Lista Engel han sido ocultados por el oficialismo y han salido del foco público, aunque cree que es simplemente por “opinión pública”.
Xenia Hernández, experta en transparencia y directora ejecutiva de la Fundación DTJ, afirma que lejos de tomar el listado en serio, el gobierno ha intentado deslegitimarlo.
Por otro lado, señala que el oficialismo está haciendo una simple “simulación de lucha anticorrupción” y de instrumentalización de la justicia para perseguir exfuncionarios de administraciones pasadas.
El gobierno “no ha aceptado, ni ha rectificado nada”, sentencia la experta en lucha anticorrupción.
Distractores
Durante el último mes, desde que era inminente la Lista Engel y cuando esta se hizo pública, el oficialismo ha hecho esfuerzos significativos para desviar la atención y que el público no ventile información sobre este grupo de personajes corruptos o antidemocráticos.
Los expertos consultados coinciden en que hay una estrategia bien montada con el fin de desviar la atención de estas situaciones que acorralan al gobierno y le alejan de la imagen, autocreada, de paladines en la lucha contra la corrupción.
Entre estos distractores, incluyen el anuncio de aumento al salario mínimo, hecho de madrugada y solo horas antes de conocer la Lista Engel, sin que hubiera claridad de cómo se iba a apoyar a las empresas para hacer frente a esta alza en sus costos de planilla.
También se anunció la reactivación de las canastas solidarias y, principalmente, el gobierno lanzó “su propia lista”, que incluye solo personajes del pasado y la activación de comisiones legislativas donde se realiza una persecución sin garantías de exfuncionarios.
Finalmente, se ha propuesto una reforma inconstitucional que busca perseguir de forma retroactiva casos ya prescritos.
Todo esto, lamenta Xenia Hernández, se hace de la mano de un fiscal al servicio del oficialismo y una institucionalidad que favorece la persecución política.