El gobierno de Nicaragua ha respondido a la solicitud de El Salvador de extradición del expresidente Mauricio Funes diciendo que él es una persona asilada pero no dice claramente que lo vaya o no a entregar.
“En realidad Nicaragua solo dice que (Funes) está asilado pero no dice que rechaza la extradición”, confirmó el magistrado de la Corte Suprema, Óscar López Jerez.
El exmandatario se mantiene en Nicaragua desde septiembre de 2016 en calidad de “asilado político”. El régimen de Daniel Ortega le otorgó esa protección luego de que Funes, acuerpado por el FMLN, argumentara que en el país se le persigue por razones políticas.
Nicaragua aceptó esas razones y le concedió un asilo exprés al exgobernante, a su compañera de vida Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, el hijo de ambos (menor de edad) y a los dos hijos mayores de Funes: Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.
Contrario a las argumentaciones de Funes y del FMLN, las órdenes de captura giradas contra el exmandatario, Guzmán Sigüenza, Funes Cañas y Funes Velasco han sido por delitos penales relacionados a actos de corrupción, no políticos.
De hecho, la decisión de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña de que se tramitara la solicitud de extradición está fundamentada en las acusaciones de que Funes y los otros tres parientes requeridos cometieron lavado de dinero y activos en perjuicio del Estado.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República, ellos cuatro, junto al resto de acusados participaron con plena conciencia de una trama corrupta mediante la que sustrajeron $351 millones del Estado a través de la partida de Gastos Reservados, más conocida como ‘partida secreta’, durante la gestión presidencial de Funes 2009-2014.
Con base en el requerimiento fiscal, el juez Séptimo de Instrucción de San Salvador solicitó la extradición de Funes y familia de Nicaragua para que enfrenten acusaciones de lavado de dinero en el caso denominado por la Fiscalía como “Saqueo Público”.
La respuesta recibida de las autoridades de ese país será remitida al Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, explicó el magistrado López Jerez.
El magistrado dijo que él no está conforme con la respuesta de Nicaragua, “porque los delitos por lo que lo requerimos no son políticos, sino comunes”.
Según la acusación fiscal, de todo el dinero sustraído, Funes se habría apropiado directamente de al menos $10 millones, los cuales usó para pagar créditos personales de él, de Vanda Pignato (su entonces esposa) y de Guzmán Sigüenza, quien era su amante durante su mandato,
Tanto a Pignato como Guzmán Sigüenza, son acusadas de haber recibido dinero público para sus gastos personales y viajes turísticos de ellas y parientes, gastos que quedaron registrados en informes de agencias de viajes remitidos a la Fiscalía, según la acusación.
Además habría utilizado ese dinero para comprar autos, viajes turísticos y otros actividades y compromisos personales.
Estas revelaciones surgieron tras una investigación de Fiscalía luego de que a Funes y a su hijo Diego Roberto se les condenara civilmente a devolver al Estado poco más de $419 mil, luego de que no lograran justificar esos ingresos.
Las investigaciones fiscales establecieron que el primer expresidente del FMLN se benefició personalmente de dinero público.
Además del caso Saqueo Público, a Funes se le han abierto otros dos procesos judiciales por soborno e instigación al peculado; uno por pago de soborno al exfiscal Luis Martínez para que no lo investigara en casos tregua de pandillas y por el arreglo directo en el caso El Chaparral. Los otros dos procesos son: uno por revelar información confidencial y otro por evadir impuestos.
Los tratados obligan a Nicaragua a entregar a Funes
Esta cadena de acusaciones penales que enfrenta Mauricio Funes en los tribunales salvadoreños refuta la tesis de que es un perseguido político y por lo tanto debiera ser entregado por las autoridades de Nicaragua.
Abogados consultados por El Diario de Hoy han confirmado que al menos dos tratados internacionales que han suscrito Nicaragua y El Salvador, estas son: la Convención Interamericana contra la Corrupción suscrita el 29 de marzo de 1996 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 31 de octubre de 2003.
En ambas convenciones, el asilo otorgado a Funes no impide que él sea extraditado, pues en ellos se prohibe esa acción cuando la persona requerida por un Estado parte es perseguida por razones religiosas, políticas, militar o racial.
Pero en el caso Funes, no existe evidencia de que sea perseguido por alguna de esas razones, coincidieron abogados, porque se le reclama desde los tribunales por delitos comunes, delitos relacionados a la corrupción.
A inicios de febrero pasado, el diputado sandinista Jacinto Suárez dijo que Funes es un refugiado político y que eso lo protege de cualquier extradición, según una publicación de La Prensa de Nicaragua. Aunque luego matizó: “No sabemos cómo se va a comportar ese nuevo gobierno (de Bukele), hay que esperar”.
El presidente electo Nayib Bukele ha tildado al presidente nicaragüense Daniel Ortega de ser un “dictador” y ha reiterado en dos ocasiones que Funes será traído para que enfrente a la justicia.
La semana pasada, el suegro de Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, también reclamado por el caso Saqueo Público, fue capturado en Costa Rica. La Corte ordenó que se tramite su extradición y la Policía ha pedido que sea enviado a El Salvador por la vía de la expulsión.
Mauricio Funes, de respetable entrevistador ha pasado a ser uno de los salvadoreños más criticados
Mauricio Funes inició su vida pública como entrevistador en el Canal 12, donde se ganó el respeto y la simpatía de los televidentes por su acuciosidad, ahora es uno de los prófugos de la justicia que se encuentra asilado en Nicaragua y pendiente de extradición.