El expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena acumuló ayer la quinta acusación penal al ser demandado por la Fiscalía General de la República por evasión fiscal ante el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador y para quien solicitó su detención provisional.
Esta es la quinta orden de captura que la Fiscalía gestiona ante un tribunal contra un expresidente quien se encuentra asilado y prófugo desde septiembre de 2016 en Nicaragua.
De acuerdo con Fiscalía, el procesado para quien la Corte Suprema de Justicia autorizó la solicitud de extradición de Nicaragua, no declaró rentas obtenidas durante 2014 que ascienden a $271,857.
“El delito se cometió al presentar una declaración con información falsa porque no se declaró la totalidad de las rentas gravadas obtenidas que ascienden a $271,000. El impuesto evadido es de más de $85,000”, manifestó la fiscal que presentó la demanda.
La fiscal manifestó que los ingresos no declarados a Hacienda forman parte del incremento patrimonial no justificado por Funes y que los inconsistencias se extraen de diversos informes financieros.
Funes en su cuenta de Twitter reaccionó ante la nueva acusación en su contra; dijo que sus ingresos de 2014 fueron justificados en el proceso que le siguió la Cámara Segunda de lo Civil, aunque esta al final lo condenó por enriquecimiento ilícito a él y a su hijo Diego Roberto, asimismo les ordenó devolver al Estado más de $419,000.
El prófugo agregó que la Fiscalía vuelve a imputarlo de “un patrimonio no justificado y por rentas no declaradas que fueron las mismas que “los peritos financieros nombrados en el juicio civil desvirtuaron”.
El año en que Funes evadió esos impuestos el ministro de Hacienda era Carlos Cáceres, quien en 2018 fue enviado a “descansar” -como él funcionario admitió- a la Embajada de El Salvador en México.
La Fiscalía afirmó que Funes en 2014 también emitió cheques por un aproximado de $56,000 de una cuenta bancaria a su nombre pero no justificó la procedencia del dinero en la misma.
Por su parte el condenado exfuncionario contestó que esas cuentas eran suyas desde antes de asumir el cargo de presidente.
Las múltiples órdenes de captura contra Funes
Contra Funes además de este nuevo caso, pesan cuatro órdenes de captura internacional decretadas por los juzgados (Cuarto, Quinto y Noveno de Paz de San Salvador) en procesos separados.
El 10 de junio del 2018, Funes y 31 exfuncionarios enfrentaron la primer demanda en el Juzgado 5o. de Paz de San Salvador por desvío de 351 millones de dólares durante su gestión entre 2009 y 2014.
El 28 de junio de ese año, ese tribunal ordenó la captura de Funes, sus dos hijos y su actual pareja sentimental Ada Mitchell Guzmán.
Esta investigación penal comenzó con el informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia al encontrar indicios de enriquecimiento ilícito por más de $700,000. La Cámara Segunda de lo Civil le ordenó a él y a su hijo Diego, devolver $419,145 al Estado.
La segunda orden de captura fue emitida el 12 de noviembre del año pasado por el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador por los delitos de cohecho activo y cohecho propio (soborno) y contra el ex-Fiscal General Luis Martínez por falsedad documental agravada y omisión a la investigación.
Las investigaciones fiscales revelaron que Funes entregaba de $10,000 a $20,000 mensuales para que el exfiscal Martínez no lo investigara por los delitos derivados de la tregua entre pandillas y también por el arreglo directo en caso El Chaparral. El Juzgado Cuarto de Paz también pidió a la oficina de Interpol que emitiera orden de captura internacional contra Funes.
La Interpol dijo que la solicitud no procedía porque se sabía dónde está el prófugo y la petición era para “ubicarlo”.
El 18 de enero, el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador decretó la cuarta orden de captura contra Funes, en esta se amplió al exfiscal Diego Escobar Portillo y el experiodista Lafitte Fernández (quien fue despedido de este periódico en 2005) para que respondan judicialmente por la supuesta divulgación del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) en el caso relacionado al supuesto desvío del donativo de 10 millones de dólares de Taiwán para los damnificados del terremoto de enero del 2001.
Un quinto proceso penal contra el prófugo se abrió en el Juzgado Noveno de Paz, el 29 de enero pasado por los delitos de peculado y lavado de dinero.
Fiscalía acusa a Funes recibir $3.5 millones de la constructora Astaldi por ordenar un arreglo directo con la CEL y el pago de $108 millones por obras inconclusas de la presa El Chaparral. En este caso, el tribunal giró orden de captura a Interpol contra Funes y su grupo familiar.
