La jueza Flores Orellana fue removida este jueves del referido juzgado hacia un tribunal de Mejicanos, 15 días después de que le otorgará la libertad condicional al exministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde y otro oficial de la policía. Ramírez Landaverde es acusado de ser cómplice en el supuesto desvío de $14 millones de las tiendas penitenciarias a la organización Asocambio.
En junio pasado, la jueza Flores Orellana le otorgó el arresto domiciliar al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, quien sigue recluido en el centro penal La Esperanza conocido como Mariona. Durán, quien es juez del Segundo de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz, aseguró que están nombrando como jueces a fiscales, empleados judiciales o del Ejecutivo, abogados en libre ejercicio; sin cumplir con los requisitos que regula el artículo 182 de la Constitución, y las leyes del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y de la Carrera Judicial, que señalan que los jueces deben de ser escogidos de una terna del CNJ.
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"Están efectuando nombramientos irregulares, ilegales e inconstitucionales. Todo en aras de controlar a los jueces en favor del régimen", dijo Durán.
Denunció los traslados que considera arbitrarios de otros jueces como por ejemplo el juez Medioambiental, Rafael Méndez Contreras y en su lugar nombraron a una abogada del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
También a la jueza Marta Lilian Villatoro, quien sustituyó al ex juez Sidney Blanco en el Quinto de Instrucción de San Salvador, la removieron al juzgado Segundo de Paz. Para suplir su cargo nombraron a una fiscal, según Durán.
A la jueza Alba Gladys Salamanca de Benavides la removieron de un juzgado de Instrucción a un juzgado de Paz.
"Los jueces suplentes también gozan de estabilidad en el cargo, y no pueden ser trasladados ni desmejorados en razón de sus fallos o decisiones", dijo Durán.
Recordó que la ley autoriza a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a realizar este tipo de traslado, pero considera que "el decreto legislativo 144/2021 es inconstitucional y contrario a los estándares internacionales sobre la independencia judicial".
Retiro obligado de empleados judiciales para favorecer a sus partidarios
El juez Durán consideró que la propuesta de obligar al retiro a unos 2,000 empleados judiciales pretende "favorecer a sus partidarios, gente que les jure lealtad, familiares y pagos de favores políticos. El nepotismo que tanto criticaron ahora es una política de gobierno. Y como controlan el judicial ocurrirá lo mismo", dijo Durán.
Recordó que tras la aprobación del decreto 144 advirtieron que después de los jueces irían por los empleados judiciales.