Algunos jueces o magistrados que dicten resoluciones que no están acorde a los intereses del régimen de Bukele han sido removidos de los juzgados donde están y trasladados a otras dependencias.
Eso ha sucedido con la jueza propietaria del Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, Edelmira Violeta Flores Orellana, quien ha sido removida de ese juzgado y enviada a otro luego que resolvió quitar la detención provisional del exministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde y del exinspector general de Centros Penales Ramón Fernando Roque, y les otorgó medidas alternas a la cárcel.
El juez Juan Durán confirmó a El Diario de Hoy la remoción de la jueza Flores Orellana, quien con la justificación del decreto 144 aprobada por la bancada de Nuevas Ideas que obligaba el retiro de jueces con 60 años de edad y 30 años de servicio, para nombrar jueces a fines al régimen de Bukele.
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“Sí, fue una decisión de Corte Plena que se tomó hoy”, afirmó el juez Durán, quien anteriormente fue removido del juzgado Tercero de Sentencia en San Salvador y enviado a un juzgado de Zacatecoluca por sus crítica a los magistrados impuestos por Bukele, entre ellos los de la Sala de lo Constitucional y el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
“Hay otros jueces que han sido removidos, pero esto no ha salido a la luz”, denunció de manera escueta el juez Durán.
Añadió que la Corte Suprema de Justicia, en manos de Bukele, “se están basando en el decreto por el que mandaron a retiro obligado a más de un tercio de los jueces del país”, dijo.
El 14 de enero pasado, el juzgado presidido por la jueza Flores Orellana resolvió conceder libertad al exministro de Seguridad del FMLN, Ramírez Landaverde, quien es procesado por peculado, en calidad de cómplice necesario.
En otro caso similar, el pasado 5 de enero otra jueza fue degradada por emitir una resolución contraria a intereses del bukelismo. La abogada Gladis Salgado se desempeñaba como jueza en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, pero de manera sorpresiva fue trasladada como jueza de Paz de Panchimalco, según fuentes judiciales.
La decisión se dio después de que la jueza Salgado rechazó la demanda que la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, interpusiera contra la investigadora en temas de seguridad ciudadana, Jeannette Aguilar.