La acusación de la Fiscalía de Nueva York contra 13 cabecillas de la MS-13 procesados en Estados Unidos (EE.UU.) confirma que esa pandilla negoció con el Gobierno de Nayib Bukele entre los años 2019 y 2021, tal como lo revelaron recientemente líderes del Barrio 18 entrevistados por el El Faro. Los detalles de esa acusación fueron revelados en febrero de 2023 por el periódico español El País.
El documento judicial, con el número de referencia 22-429, fue presentado en la Corte del Distrito Este de Nueva York en septiembre de 2022. En dicha acusación, los fiscales estadounidenses de aquel momento señalaron que el Gobierno le dio beneficios a las pandillas, a cambio de que estas disminuyeran los homicidios.
La Fiscalía estadounidense identificó en 2022 a dos funcionarios del Gobierno de Bukele que lideraron las negociaciones: Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social; y Osiris Luna, director general de Centros Penales. Ambos fueron sancionados en 2021 por el Departamento del Tesoro, que desde entonces los acusó de negociar con la MS-13. Luna, además, fue incluido desde 2021 en la Lista Engel, donde Estados Unidos incorpora a actores antidemocráticos o corruptos.

"Tras las elecciones presidenciales de febrero de 2019, los líderes de la MS-13, incluidos los dirigentes de la Ranfla Nacional, Borromeo Enrique Henríquez, también conocido como Diablito de Hollywood; Élmer Canales Rivera, también conocido como Crook de Hollywood; y (Carlos Tiberio) Ramírez Valladares se reunieron en secreto en numerosas ocasiones con representantes del gobierno de El Salvador dentro de las prisiones de Zacatecoluca e Izalco y en otros lugares", dice la acusación fiscal.
La ranfla nacional era la cúpula de la pandilla. La Fiscalía estadounidense estableció en la acusación inicial que Luna y Marroquín eran quienes facilitaban los encuentros con los líderes pandilleros, violando las leyes penitenciarias salvadoreñas.
"Los representantes del gobierno que asistían en secreto a estas reuniones en las prisiones a menudo llevaban máscaras y se negaban a identificarse al entrar en las prisiones, violando así las normas penitenciarias", reza la acusación.

Toda la información que consta en los documentos judiciales en Estados Unidos coincide con lo publicado recientemente por el medio digital El Faro. Ese periódico entrevistó a dos líderes de la pandilla Barrio 18, contraria a la MS-13, quienes relataron los detalles del acuerdo: identificaron a los funcionarios que les facilitaron la entrada a las cárceles; dijeron que les daban ropa para entrar a los penales, y que incluso recibieron indicaciones de Marroquín para que, en caso de cometer delitos, desaparecieran los cadáveres.
Según las confesiones de estos pandilleros, ambas organizaciones criminales recibieron $250,000 del Gobierno de Nuevas Ideas, el partido oficialista. Los tratos, según sus testimonios, empezaron desde 2014, cuando, según ellos, ayudaron a Bukele a ganar la alcaldía de San Salvador. Lo relatado por ello coincide con lo plasmado en la acusación fiscal en Nueva York, pues los dos cabecillas aseguraron que las visitas a penales empezaron en 2020, durante la pandemia por Covid-19, y finalizaron en febrero de 2022, antes de que se rompiera el pacto y el Gobierno aprobara el régimen de excepción.
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Previo a la publicación de las entrevistas con los pandilleros, El Faro ya había contado cómo el actual Gobierno negoció con las dos facciones del Barrio 18 y con la MS-13. Ese medio tuvo acceso a Catedral, la investigación iniciada cuando Raúl Melara estuvo al frente de la Fiscalía General de República (FGR).
La investigación fiscal estadounidense determinó, de la misma manera que las periodísticas, la influencia política de las pandillas y cómo estas han logrado negociar con todos los partidos políticos. En la acusación, de hecho, se relata como esas agrupaciones negociaron con los gobiernos del FMLN.
El acuerdo incluyó otro tipo de favores. La MS-13 le exigió al Gobierno de Bukele que no extraditara a cabecillas de esa organización requeridos en los tribunales estadounidenses, según la investigación en EE.UU. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), que fue tomada por el oficialismo desde el 1 de mayo de 2021, tras descabezar a la Sala de lo Constitucional, se negó a extraditar a pandilleros requeridos por Estados Unidos.
En el proceso hay evidencia recolectada en El Salvador, entre estas escuchas telefónicas. La Fiscalía estadounidense pidió la cadena perpetua para los 13 imputados y pena de muerte para cuatro. Les imputaron los delitos de asociación ilícita, conspiración para proporcionar u ocultar apoyo material a terroristas; y conspiración narcoterrorista.La acusación fue firmada por Breon Peace, quien fue fiscal del Distrito Este de Nueva York hasta enero de 2025, previo a la llegada de Donald Trump a la presidencia, quien ha declarado a Bukele como su aliado político para las deportaciones.
Esta acusación se suma a una presentada en enero de 2021 contra 14 jefe nacionales de la MS-13. Los dos procesos continuarán, según dijo recientemente una fuente del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).
Los testigos del pacto
El Departamento de Justicia determinó que el Gobierno de Bukele no solo benefició a las pandillas, sino que liberó a uno de sus cabecillas más influyentes en el pacto: Élmer Canales Rivera, alias "Crook", quien fue sacado de prisión, pese a que no había cumplido todas sus condenas, y recapturado en México.
"Crook" es uno de los 14 cabecillas a la espera de una audiencia en EE.UU. Estaba siendo procesado junto a César López Larios, alias "Greñas", pero este último fue deportado hacia El Salvador, el pasado 14 de marzo, junto a migrantes venezolanos que fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). La Fiscalía de Trump desistió de seguirlo procesando el 11 de marzo.

Medios internaciones han revelado que el Gobierno de Bukele negoció que EE.UU. le devuelva a cabecillas de la MS-13, quienes tienen información del pacto, a cambio de un descuento por la recepción de más migrantes.
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