Ciudad Marsella tenía aval ambiental, pero fallas técnicas desataron crisis
El proyecto Ciudad Marsella contaba con permisos ambientales vigentes, pero fallas técnicas y negligencia constructiva derivaron en inundaciones y en medidas correctivas exigidas por el Gobierno.
Por
Karla Rodas
Publicado el 18 de enero de 2026
El proyecto habitacional Ciudad Marsella, en San Juan Opico, contaba con permisos ambientales y de construcción vigentes, confirmó el Ministerio de Vivienda tras las inundaciones registradas en el complejo. La ministra Michelle Sol explicó que el incidente no está relacionado con la ubicación del terreno ni con un riesgo geográfico, sino con negligencias en la ejecución de la obra. Inspecciones técnicas detectaron fallas en los procesos constructivos y obstrucciones en los drenajes causadas por materiales de construcción. La empresa aceptó los señalamientos y asumió la responsabilidad de reparar las viviendas afectadas, ejecutar obras de mitigación y corregir deficiencias en sectores ya habitados.
El proyecto habitacional Ciudad Marsella, desarrollado en San Juan Opico, contaba con los permisos ambientales y de construcción correspondientes, según confirmó el Ministerio de Vivienda, que aclaró que las inundaciones registradas recientemente no están vinculadas a un riesgo geográfico ni a irregularidades en la autorización del terreno.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, explicó que tras una revisión técnica y legal se determinó que el proyecto fue aprobado en una zona donde era posible otorgar permisos, aunque colinda con un área protegida. En ese contexto, el Ministerio de Medio Ambiente estableció condiciones específicas para autorizar el desarrollo, entre ellas un retiro obligatorio de 25 metros respecto a la zona protegida.
“El proyecto se encuentra en una zona donde se podían dar los permisos. Está a la par de una zona protegida, pero se exigió un retiro que debía cumplirse”, señaló la funcionaria, al subrayar que la ubicación y la autorización ambiental no fueron el origen del problema.
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Autorización ambiental y obligaciones pendientes
Además del retiro exigido, la empresa desarrolladora asumió compromisos ambientales adicionales como la reforestación del perímetro colindante con especies nativas. De acuerdo con la ministra, este proceso aún no ha sido completado y forma parte de las obligaciones que siguen bajo supervisión de las autoridades.
Con esta aclaración, Vivienda buscó separar la legalidad del proyecto de las fallas detectadas durante su ejecución. Para el Gobierno, el incidente no cuestiona los criterios de autorización ambiental, sino la manera en que se desarrollaron ciertas etapas constructivas.
"La inspección determinó que la inundación se generó por la falta de protección adecuada en las zonas de trabajo" explicó la Ministra Michelle Sol.
Negligencia en la ejecución y admisión de responsabilidad
Una vez establecido el marco legal del proyecto, la ministra fue enfática en reconocer que lo ocurrido no debió pasar. Las inspecciones técnicas del Ministerio de Vivienda identificaron negligencia por parte de la empresa, asociada a deficiencias en los procesos constructivos y a la falta de protección adecuada en las zonas de trabajo activas.
Según los informes oficiales, el proyecto se ejecutaba por fases, lo que permitió que materiales como tierra, ripio y concreto provenientes de áreas en construcción obstruyeran el sistema de drenaje. Esta acumulación de materiales provocó el taponamiento de las tuberías y derivó en el ingreso de agua a varias viviendas tras una lluvia que fue catalogada como moderada.
“Se identificó negligencia de parte de la empresa y la necesidad de reestructurar y mejorar los procesos constructivos”, afirmó Sol, quien insistió en que se trató de un descuido operativo y no de una condición natural del terreno.
La funcionaria confirmó que la empresa aceptó los señalamientos realizados por el Ministerio y se comprometió a cumplir con todos los requerimientos técnicos formulados por las autoridades.
Ministra de Vivienda, Michelle Sol, explica que la empresa ha aceptado cumplir con todas las medidas establecidas, entre ellas la suspensión del cobro a las familias en concepto de alquiler con promesa de venta correspondientes a los Quartier 10, 11, 12, 13 y 14.
Reparaciones y obras correctivas en marcha
Como parte de las acciones exigidas, el Ministerio de Vivienda estableció que la empresa debe reparar las viviendas afectadas, ejecutar obras de mitigación para evitar nuevos incidentes y completar infraestructura urbana que permanece inconclusa en sectores ya habitados del proyecto.
Las inspecciones oficiales identificaron deficiencias en varios clústeres, donde las obras urbanas no habían sido finalizadas pese a que las viviendas ya estaban ocupadas. Estas condiciones deberán corregirse bajo seguimiento técnico del Estado.
La ministra aseguró que los equipos del Ministerio continuarán supervisando el cumplimiento de las medidas establecidas, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para las familias residentes.

No se declara zona de riesgo
Otro de los mensajes reiterados por las autoridades ha sido que Ciudad Marsella no ha sido declarada una zona de riesgo. Los reportes de Protección Civil y de los técnicos del Ministerio de Vivienda no identifican criterios para catalogar el área como peligrosa.
“No se ha determinado que esto sea una zona de riesgo”, sostuvo Sol, al explicar que el incidente fue consecuencia de fallas humanas en la ejecución de la obra y no de factores geográficos o ambientales permanentes.
Este punto es clave para la tranquilidad de los residentes, muchos de los cuales llegaron al proyecto como parte de programas de reubicación impulsados por el Estado.
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Un caso que marca precedentes
El caso Ciudad Marsella se ha convertido en un referente sobre la responsabilidad de las empresas constructoras y la supervisión estatal en proyectos habitacionales. Aunque el desarrollo contaba con los permisos ambientales y de construcción requeridos, las autoridades han dejado claro que la legalidad del proyecto no exime a las empresas de responder por errores en la ejecución.
El énfasis oficial apunta a reforzar los controles técnicos, exigir correcciones inmediatas y garantizar que los proyectos de vivienda se desarrollen bajo estándares que prioricen la seguridad y el bienestar de las familias, en un contexto donde el crecimiento urbano sigue siendo una prioridad en El Salvador.
