La gremial de docentes Bases Magisteriales Salvadoreñas (BMS) denunció que asesores administrativos, directores y docentes de las escuelas han recibido, por parte de autoridades del Ministerio de Educación (MINED), la instrucción de no brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre necesidades de las escuelas.
El secretario general de BM, Paz Zetino Gutiérrez, afirmó que han enviado a la titular de Educación, Carla Hananía de Varela y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, una carta en la que exponen su rechazo a que se les coarte el derecho a la libertad de expresión estipulado en la Constitución de la República.
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En la misiva dirigida a la ministra, la cual está publicada en la página de Facebook de Bases Magisteriales, se detalla que el viernes 16 de abril circuló en redes sociales un memorándum de fecha 16 de marzo 2021 suscrito por el director departamental de Educación de Cuscatlán, en el cual se expresa la prohibición en el punto 2 del epígrafe OTROS ASPECTOS.
Foto EDH / Yessica Hompanera
Según exponen, la nota de esa departamental subraya: “No, y absolutamente no, está permitido llamar medios de comunicación para exponer necesidades del centro, el asesor Educativo debe tener un diagnóstico detallado del centro y el director canalizar por medio de la dirección departamental las necesidades. Sabemos que son muchas, pero poco a poco se irán solventando. Así como también no se puede dar declaraciones a ningún medio”.
En la carta que Isaías Carranza Pineda, representante de Bases Magisteriales del departamento de La Paz, mandó a la ministra exponen que ese tipo de directrices va en contra de lo que establece el artículo 6, inciso primero de la Constitución.
El mencionado artículo cita: “Toda persona puede expresar o difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no está sujeto a previo examen, censura ni caución; pero los que haciendo uso de él infrinjan las leyes responderán por el delito que cometan”.
Para el doctor Enrique Anaya, abogado constitucionalista, “en la eventualidad que efectivamente existan ese tipo de instrucciones, de evitarse quejas o reclamos contra las necesidades definitivamente sería totalmente contrario a la libertad de expresión por parte de los maestros o directores de las escuelas, en tanto que en primer lugar como ciudadanos y en segundo lugar como servidores públicos tienen todo el derecho a pronunciarse sobre las deficiencias que pueda tener el sistema o sobre la rendición de cuentas”.
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Al consultarlo sobre qué significa esto en el contexto democrático, sostiene “que lo que estaría exigiendo el Ejecutivo es una opacidad, es exigir digamos ocultar las realidades; y precisamente digamos en un sistema democrático es que los ciudadanos, así seamos servidores públicos, mientras no pongamos en evidencia secretos oficiales, temas de seguridad, cosas por el estilo pues tenemos totalmente la libertad para pronunciarnos sobre los temas”.
Bases Magisteriales pide a la ministra que instruya al director departamental de Cuscatlán a que revoque de inmediato ese lineamiento.
Paz Zetino Gutiérrez sostuvo que también han pedido a la ministra una audiencia para expresarle que con eso se han excedido, porque según tienen conocimiento esa orientación se ha dado a todos los asistentes técnicos y estos la han bajado a las direcciones departamentales.
“Los asistentes técnicos administrativos, en realidad son asistentes técnicos pedagógicos, sus funciones deberían ser asistir pedagógicamente a los docentes, ese es el deber ser, pero en realidad los señores pedagógicamente no asisten a los maestros y se encargan de hacer este tipo de cosas que no los hacen verse nada bien”, indica.
Según detalla hasta el momento solo han conocido el caso de Cuscatlán, aunque aclara que también han recibido denuncias y trascendido en redes sociales que el director departamental de Educación de Morazán también ha trasladado la misma instrucción a los directores de su jurisdicción.
“Yo lamento que ellos no se apeguen al marco legal, porque si a mí me dan una orden que yo se que es ilegal y está contraviniendo principios constitucionales no estoy obligado a cumplirla. Hasta ahora solo tenemos conocimiento que son estos directores los que han orientado a sus subalternos que se abstengan de dar informaciones”, insiste Gutiérrez.
El sindicalista, quien sostiene que ellos han hecho eco de las denuncias de los profesores, no descarta que esta medida esté enfocada a que no se conozca públicamente como avanza el proceso de semipresencialidad y las carencias que puedan haber en algunas escuelas públicas, porque según insiste hay escuelas públicas que les han autorizado su funcionamiento y no reúnen las características que los protocolos exigen.
Tras insistir que “es repudiable la medida” Gutiérrez afirmó que ni en la Ley General de Educación, ni la Ley de la Carrera Docente, menos en el reglamento de la ley se estipulan sanciones a docente porque den declaraciones a los medios.
“Si nosotros enseñamos a los alumnos la libertad de expresión, fomentamos la libertad de expresión, entonces no pueden ir en contra de una prerrogativa constitucional”, argumentó.
El profesor Daniel Rodríguez, secretario general de la gremial Simeduco y director de un centro educativo de Panchimalco, expresó que de parte de la departamental de San Salvador no han recibido información al respecto; lo mismo informó Óscar Martínez, secretario general de SEDESA y director de un complejo educativo en El Congo, Santa Ana.
“Nosotros como Simeduco estamos en contra de que se coarte la libertad de expresión. Cada centro escolar es autónomo. La señora ministra se ha equivocado en eso si es cierto que ha dado esa orden. Por lo menos Simeduco va a mandar a que desconozcan esa orden, porque aquí nadie nos puede quitar el derecho a la libre expresión como lo establece el artículo 6 de la Constitución de la República”, afirmó Rodríguez.
Francisco Zelada, también representante de Simeduco y director de una escuela ubicada en esta capital, confirmó que, según datos provistos por otros docentes, en algunos departamentos sí ha habido reuniones con directores de escuelas para emitirles la instrucción, e incluso que a nivel de Ahuachapán ha circulado un escrito con esa y otras orientaciones.
Los directores de escuela, de igual forma, han recibido la indicación de que no pueden recibir directamente las ayudas de las organizaciones no gubernamentales, sino que estas tienen que coordinar con el nivel central; en caso de que la ayuda que se quiera brindar consista en capacitaciones para docentes y alumnos deberán ser autorizadas por el Instituto de Formación Docente (INFOD).