En los últimos 15 años 40,000 personas han desaparecido en El Salvador

El dato se basa en la cantidad de denuncias de personas desaparecidas recibidas en la Fiscalía entre 2005 a 2020, como parte del informe que emitió la comisión especial de la Asamblea de seguimiento a las acciones que desde el gobierno están realizando.

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Por Eugenia Velásquez

2021-04-23 12:05:26

Un informe emitido y aprobado este jueves por la Asamblea desarrollado por la Comisión Especial de Seguimiento de Personas Desaparecidas, da cuenta que entre 2005 a 2020, unas 40,000 personas han desaparecido a causa de la violencia armada, según los datos que recabaron de las denuncias recibidas en la Fiscalía.

Ante esto, la comisión especial de seguimiento de personas desaparecidas recomienda al gobierno crear un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a raíz del incremento de casos en los últimos meses.

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Varios miembros del Comité Internacional explicaron a los diputados que en El Salvador no existe una legislación que permita clasificar o hacer una declaratoria de ausencia por desaparición.

Andrés Rodríguez Zorro en su calidad de coordinador regional forense del Comité Internacional de la Cruz Roja, explicó que cuando la gente muere durante la guerra, desastres o migración, sus cuerpos deben ser manejados respetuosamente y con dignidad.

Además, que los restos de los individuos deben ser encontrados, recuperados e identificados, “la acción humanitaria incluye estas tareas y las ciencias forenses ofrecen las herramientas necesarias y la experticia”.

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También se busca que las familias de los desaparecidos tengan el derecho de saber el destino y localización de sus seres queridos.

María Raquel Doradea en su calidad de especialista forense manifestó a la comisión que son tres las instituciones que recolectan información sobre las personas desaparecidas, pero no intercambian esa información.

La Fiscalía envió un informe a la comisión detallando que a partir de julio de 2019 se instaló la “Mesa Bipartita de Víctimas por Privación de Libertad”, conformada por la Policía y la Fiscalía, con el objetivo de homologar cifras de las víctimas por el delito en referencia y revisar el estado de las mismas.

Según la FGR, la cantidad de víctimas registradas por el delito de privación de libertad, según el departamento de estadística de 2019 se encontraron vivas a 1,109, fallecidas fueron 54 y 91 no han sido halladas, mientras que otras 1839 se encuentran en vías de investigación.

El detalle de denuncias recibidas por personas desaparecidas hasta el 31 de enero de 2020 es que fueron encontradas 125 personas, 62 no han aparecido, y con el total de 187 denuncias, aparecieron con vida 115 y sin 10; de las cuales, 46 son víctimas de un delito.

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Las causas generadas según los factores vinculados con las ausencias voluntarias, socio-criminal, casos en los que la persona se contradice en su comportamiento habitual, ha podido ser objeto de algún delito, es decir, que existan causas criminales provocadas por algunas razones como: testigos, iniciación en pandilla, rencillas entre pandilla, depuración de pandilla, extorsión, trata de personas, también socio-familiares, la persona que desaparece lo hace por voluntad propia, no desea ser encontrada, ya sea por motivos personales, sentimentales, familiares, trastorno mental, demencias, Alzheimer.

El informe señala que en este tipo de desaparición también se incluyen: violencia intrafamiliar, unión libre, consumo de drogas, licor, enfermedades mentales; y socio económicos, la persona que desaparece lo hace por situaciones económicas y/o mejora personal, familiar, o como método de huida a deudas o pagos pendientes difíciles de saldar, como migración y desempleo.

Por lo tanto, la comisión recomienda que se debe hacer una clasificación de: persona desaparecida, persona ausente voluntariamente, persona privada de libertad y persona extraviada.

También solicitan al gobierno que implemente un programa de atención integral a las víctimas directas y sus familiares con asistencia psicológica, económica y legal.

Que ya es tiempo de aplicar la reciente ley aprobada del Banco Nacional de Datos ADN para el trabajo forense; entre otros.