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Ambientalistas critican pasividad del Gobierno de El Salvador ante riesgo contaminante de mina en Guatemala

Héctor Aguirre, de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza del Río Lempa, explica que esta mina en Guatemala podría contaminar el Lago de Güija y el Río Lempa

Por Carlos López Vides | Sep 07, 2022- 21:49

Imagen de febrero 2022 de la Mina Cerro Blanco, en Asunción Mita, Guatemala. / Foto cortesía

Es como un efecto dominó: si la mina Cerro Blanco que está en Asunción Mita - operada por la empresa Elevar Resources- obtiene el permiso del Gobierno de Guatemala para trabajar a cielo abierto, el nivel de contaminación será tan grande en la zona que bajará hasta contaminar el lago de Güija, en suelo salvadoreño; y como dicho lago alimenta al Río Lempa, correrá riesgo la salud de no menos de 3 millones de personas que reciben esas aguas en al Área Metropolitana San Salvador.

Así de claro lo tienen diversos grupos ambientalistas, tanto de Guatemala como de El Salvador; entre ellos la Mancomunidad Trinacional Fronteriza del Río Lempa, cuyo gerente, Héctor Aguirre, recurre a otra metáfora para comentar la situación: es David contra Goliat: La medición de fuerzas entre población del lugar y pequeñas oenegés, contra una empresa multimillonaria, subsidiaria de la canadiense Bluestone Resources.

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El discurso de la compañía es muy distinto. El Informe de Sostenibilidad 2021 de la empresa Elevar Resources habla de programas sociales y de apoyo al medio ambiente en Asunción Mita, incluida la participación de 516 miembros de las comunidades en eventos para conocer cómo opera la mina. Según este reporte, las consultas y comunicación constante con la población del lugar son vitales.

Trabajadores en la mina Cerro Blanco, Asunción Mita, Guatemala. / Foto EDH - BlueStone

Así mismo, menciona que la empresa generó $16,480,428 en el año, de los cuales $2,448.406 ingresaron como impuestos a las arcas del Gobierno de Guatemala.

“Nos comportamos responsablemente, con seguridad y sostenibilidad (…), mostramos respeto para nuestra gente, el ambiente y la comunidad”, dice en el informe el presidente y CEO de Bluestone Resources Inc., Jack Lundin.

Al preguntar al ambientalista Héctor Aguirre sobre estos datos, tiene un análisis claro de la situación.

Héctor Aguirre, gerente de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza. / Foto cortesía @redriolempa

La compañía dice que no contaminará en su operación. ¿Podría explicar por qué sí hay peligro para el Lago de Güija y para El Salvador?
Para sacar oro de un cerro, esto implica que la empresa minera va a explotarlo y generar enormes cantidades de polvo, pero para poder separar el oro que está compactado abajo de los cerros, va a tener que ocupar cianuro y arsénico, que son dos metales pesados que se usan en cantidades enormes. El uso excesivo de ambos materiales, que son necesarios para extraer el oro de la roca, va a caer en la red hídrica, en los ríos, en las quebradas; porque el manejo de estos metales pesados no siempre es el más adecuado el que hacen estas empresas.

¿Y qué ocurre con esos metales?
Esos metales pesados van a recorrer su rumbo desde los lugares de explotación, que están arriba del lago de Güija, hacia el lago de Güija. La fauna acuática, la vida en el lago, va a estar amenazada, así como la del río Lempa, que ya está enormemente deteriorado. Esas aguas contaminadas van a contaminar a todo el río Lempa y todo su cauce, hasta el Océano Pacífico.
El impacto de la explotación minera a cielo abierto es altísimo, y la gravedad será enorme. El arsénico y el cianuro son altamente cancerígenos, destruyen la vida acuática, y prácticamente lo que vamos a tener es un lago y un río muertos.

El informe de Elevar Resources habla de comunicación con la población que podría ser afectada. ¿Tomó en cuenta a habitantes u organizaciones de El Salvador?
En general, esta empresa lo que está haciendo es un esfuerzo en el municipio de Asunción Mita con sus comunidades, tanto cercanas a la mina como en la parte urbana, con el fin de cooptar a las personas, expresando que este tipo de explotación minera no va a generar un impacto negativo al ambiente, lo que es totalmente falso.
Está demostrado en todo el planeta que todo este tipo de explotación minera a cielo abierto genera altísimos impactos ambientales.
No conocemos ni de comunidades salvadoreñas ni de entidades salvadoreñas, o cualquier otro tipo del lado de El Salvador, que la empresa haya invitado, con el fin de exponer su minería ambiental.

Las personas organizadas contra el daño ambiental en Güija mostraron estas pancartas con sus mensajes. / Foto EDH cortesía

¿Por qué piensa que la empresa no ha incluido la parte salvadoreña?
El interés de ellos no es ganarse a los salvadoreños, sino ganarse a la población de Asunción Mita y al Gobierno de Guatemala, a la empresa no le importe lo que El Salvador piense, ni nada que ver con El Salvador. Quieren agotar todos los esfuerzos en cuanto a la legislación guatemalteca, para ellos operar.

¿Cuál es el estado de ese permiso?
Lo que sabemos es que el Gobierno de Guatemala no ha emitido todavía el permiso de operación para el objetivo que tienen ahora, que es la explotación en cielo abierto. Pero habrá un plebiscito.

¿En qué términos será el plebiscito?
Será una consulta pública, el 18 de septiembre, donde la población de Asunción Mita se va a manifestar sobre si quiere o no el funcionamiento de la mina.
Hay una lucha fuerte del sector de la Iglesia Católica que está en contra de la mina, ciertos sectores poblacionales en contra; y la empresa haciendo su cabildeo a favor de la mina con todo tipo de actividades, hasta vergüenza dan, en el sentido que están haciendo campeonatos de fútbol… un montón de actividades con el objetivo de cooptar la percepción positiva de la población hacia la mina con actividades sociales, y engañar así a la población.
La consulta será dirigida por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, que dará cuenta del manejo transparente de la votación.

¿Qué pasa si la consulta popular es contra la mina?
Esta decisión no va a determinar si la mina sigue o no sigue, lo determinará el Ministerio de Mina y Energía, que es el que dará finalmente el permiso de operación junto al Ministerio del Ambiente.

Vista de la mina Cerro Blanco en Google Maps. / Foto EDH

¿Existe una instancia binacional, donde participen los gobiernos de Guatemala y El Salvador, para abordar este problema de la mina?
Sí ha existido un vínculo binacional hace unos ocho a 10 años, era un esfuerzo que el Plan Trifinio promovió, para trabajar en la recuperación del lago de Güija, junto a las vicepresidencias. Se montó un comité de seguimiento, pero este comité de los temas binacionales, con el lago de Güija como eje central, no tuvo los frutos esperados y no se le dio continuidad; ya en los gobiernos del Frente esto no evolucionó, quedó abandonado, al olvido. Por consecuencia, no hay un comité binacional que esté sentado en la mesa dialogando.

¿Qué opina sobre la postura que ha tenido el Gobierno de El Salvador ante la mina Cerro Blanco?
Creemos que el Gobierno de El Salvador no ha hecho ninguna gestión con el Gobierno de Guatemala para poder establecer una mesa de diálogo en torno al derecho que tiene El Salvador, por ser aguas internacionales, de que no se le contaminen sus aguas, sobre todo con metales pesados y la contaminación de esta industria. Hemos visto un El Salvador tímido, prácticamente de espalda al problema. No hemos visto mayor acción del Gobierno central.

El vicepresidente Félix Ulloa (arriba, junto a la bandera) recibió informes sobre la mina Cerro Blanco en junio de 2022. / Foto difundida por Vicepresidencia de El Salvador

Pocas acciones y silencio del Gobierno de El Salvador

La administración Bukele ha mostrado poca respuesta ante el riesgo latente de esta mina.

El 9 de junio de 2022, en un comunicado público, el vicepresidente Félix Ulloa informó que sostuvo una reunión con personeros del Ministerio de Medio Ambiente y Recuros Naturales (MARN) y del Ministerio de Relaciones Exteriores, para conocer el estado del riesgo contaminante de la mina Cerro Blanco en Guatemala para El Salvador; desde entonces, el aparato estatal ha mantenido silencio al respecto.

En dicha fecha y reunión, de acuerdo con la nota publicada por Vicepresidencia, “se abordaron antecedentes históricos relacionados a comunicación bilateral entre El Salvador y Guatemala que datan desde el año 2012, por medio de la cual, nuestro país ha solicitado de forma reiterada se brinde los estudios técnicos de impacto ambiental desarrollados por Guatemala, como parte de la concesión para la explotación minera de la zona, así como los informes técnicos relativos a los niveles de contaminación de los ríos y quebradas que alimentan el lago de Güija, sin que a la fecha se haya tenido una respuesta satisfactoria que ponga a disposición los referidos documentos”.

Así mismo, en esa reunión se detalló que técnicamente era necesario llevar a cabo más estudios de agua no solo del lado salvadoreño, sino también en suelo guatemalteco, para analizar la calidad del líquido y verificar si había trazas contaminantes.

El Diario de Hoy consultó con prensa del MARN sobre este tema, a través de mensajes de Whatsapp y llamadas telefónicas, desde el martes pasado. Hubo compromiso de respuesta, pero al cierre de esta edición, no se había producido. Tampoco atendieron personeros de ANDA y Vicepresidencia.

Voces de protesta
Comunidades de Guatemala y El Salvador protestaron en el lago de Güija el 22 de abril contra la expansión de la mina Cerro Blanco. También han alzado su voz organizaciones como: Mujeres Ambientalistas de El Salvador, Instituto Henrich Böll y la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador, entre otras.

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