Migrantes salvadoreños, entre retornos forzados y nuevos desafíos legales
Más de 10,000 salvadoreños han sido deportados en 2025, mientras miles enfrentan nuevas restricciones en sus permisos de trabajo en Estados Unidos.
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elsalvador.com
Publicado el 18 de diciembre de 2025
Más de 10,000 salvadoreños han sido deportados entre enero y noviembre de 2025, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, alrededor de 200,000 siguen amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) en EE. UU., donde recientes cambios legales han reducido la vigencia de permisos de trabajo. Expertos advierten sobre deportaciones indirectas hacia México y Guatemala, así como autodeportaciones no registradas oficialmente. La reintegración en El Salvador enfrenta retos como desempleo y falta de políticas específicas. Se destaca la necesidad de una política de Estado sobre migración que incluya reinserción, empleo digno y protección para quienes retornan al país.
En el contexto del Día Internacional de la Persona Migrante, expertos en movilidad humana y datos oficiales confirman que miles de salvadoreños enfrentan mayores obstáculos legales y condiciones inciertas en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.
La cifra de personas deportadas al país superó las 10,000 entre enero y noviembre de 2025, y nuevas medidas adoptadas por el gobierno estadounidense están afectando directamente a quienes residen allá bajo programas humanitarios.
De acuerdo con la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, El Salvador ha recibido 10,025 compatriotas deportados en lo que va del año. La mayoría de estos retornos se ha realizado a través de 145 vuelos federales desde EE. UU., 119 de ellos hasta el mes de agosto.
Cambios en permisos laborales afectan a miles de salvadoreños
El pasado 6 de diciembre, el gobierno del presidente Donald Trump redujo de cinco años a 18 meses la vigencia de los permisos de trabajo para personas bajo programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS), DACA y solicitantes de asilo.
Esta medida ha tenido un impacto directo sobre miles de salvadoreños, quienes ahora enfrentan mayor incertidumbre legal y laboral.
La experta en derechos humanos Celia Medrano señaló que esta situación ha generado un “limbo legal”, afectando la estabilidad de muchas familias migrantes.
Estima que unos 3 millones de personas de origen salvadoreño residen en Estados Unidos, de las cuales 1.2 millones son ciudadanos estadounidenses por nacimiento y el resto son personas nacidas en El Salvador.
Retornos fuera del radar y “flujo inverso”
Aunque las cifras oficiales muestran una disminución en las deportaciones directas, Medrano advirtió que muchos salvadoreños están siendo expulsados hacia México o Guatemala bajo acuerdos de “tercer país seguro”, o eligen regresar por cuenta propia a través de autodeportación en vuelos comerciales. Este fenómeno, según explicó, genera un subregistro en los datos oficiales de retorno.
“El ‘flujo inverso’ mantiene a cientos de personas estancadas en países de tránsito, sin poder regresar a su lugar de origen ni avanzar en su ruta migratoria”, explicó.
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Reintegrarse en El Salvador sigue siendo un reto
Para quienes regresan —por deportación o decisión propia—, las condiciones de arraigo, empleo y apoyo social son limitadas. El desempleo, el estigma en las comunidades de origen y la ausencia de políticas públicas específicas dificultan el proceso de reintegración.
Según el Censo 2024 del Banco Central de Reserva (BCR), 159,415 hogares salvadoreños (8.3 % del total nacional) reportan tener al menos un familiar que ha emigrado en los últimos cinco años.
Además, alrededor de 200,000 salvadoreños aún están amparados por el TPS, lo que refleja la magnitud del vínculo entre El Salvador y su población migrante.
“La migración no va a desaparecer”: César Ríos
El director de la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES), César Ríos, señaló que la movilidad humana ha cambiado en forma, pero no en fondo. A su juicio, el país vive una etapa con menos salidas, más retornos, alta dependencia de remesas y desafíos estructurales no resueltos.
Ríos considera que el reto para 2026 es construir una política de Estado sobre movilidad humana que promueva la migración laboral ordenada, la reintegración económica, el fortalecimiento de gobiernos locales y la protección laboral para migrantes salvadoreños en el exterior.
Llamado a mantener la protección y los derechos
Ambos expertos hicieron un llamado a no abandonar los mecanismos legales aún vigentes en EE. UU. y a mantenerse informados sobre los procesos en los tribunales federales que continúan evaluando medidas migratorias.
Ríos subrayó que la conmemoración del Día del Migrante debe servir para recordar que la migración no es un problema, sino un componente estructural de la realidad salvadoreña.
“El mundo no puede negar la contribución de la mano de obra migrante al desarrollo. Lo que sí puede —y debe— cambiar es la forma en que se trata a quienes sostienen silenciosamente parte de la vida cotidiana”, concluyó.
Con reportes de El Diario de Hoy