José Miguel Menéndez Avelar (conocido como Mecafé), su esposa y dos hijas fueron demandados este martes en la Cámara Primera de lo Civil por el presunto enriquecimiento ilícito de $2, 366.950.18.
Menéndez fue titular del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), entre 2009 y 2011, en el gobierno de Mauricio Funes, quien está prófugo por delitos de corrupción.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) indican que, cuando Menéndez estuvo en el cargo, él, su esposa, Fátima Henríquez de Menéndez, y las hijas de ambos, Yanira Menéndez de Vairo y Andrea Menéndez Henríquez, se habrían lucrado con fondos públicos.
También la Fiscalía asegura que hicieron depósitos a cuentas bancarias y pagos de tarjetas de crédito.
San Salvador | @FGR_SV presentó demanda por Enriquecimiento Ilícito en contra de José Miguel Antonio Menéndez #Mecafé ante la Cámara Primera de lo Civil.
Se le atribuye la cantidad de $2,366,950.18 de aumento patrimonial sin justificar. pic.twitter.com/pkdKIQMl0K— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 7, 2020
A Menéndez, quien está en prisión por tener tres procesos penales abiertos por delitos de corrupción ligados a Funes, se le detectaron 16 irregularidades en su patrimonio. Él se habría enriquecido con $2,151.311 61 de fondos públicos al haber comprado vehículos, pagado tarjetas de crédito y realizado depósitos a cuentas bancarias.
Su esposa presuntamente pagó préstamos e hizo depósitos en cuentas de ahorros por un monto total de $59,760.95.
Las hijas de la pareja también se habrían enriquecido ilícitamente. A Yanira Menéndez de Vairo se le reclaman $133,415.70 que habría utilizado para adquirir inmuebles y hacer depósitos a cuentas bancarias.
Andrea Menéndez Henríquez habría pagado tarjetas de crédito y hecho depósitos bancarios por $23,461.92.
Los otros tres procesos penales que enfrenta Mecafé
Menéndez está recluido en el penal La Esperanza (Mariona) porque también enfrenta tres procesos penales por delitos de corrupción ligados al expresidente Mauricio Funes.
Uno de los procesos que enfrenta es el caso “Saqueo Público” en el que la Fiscalía lo acusa de estar implicado en la sustracción de $351 millones del Estado junto a una estructura encabeza por Funes.
También es acusado de cohecho activo (soborno), agrupaciones ilícitas y peculado, por el caso El Chaparral.
Según las investigaciones, se habría prestado para la recepción de $3.5 millones que la empresa constructora Astaldi entregó a Funes en pago por haber ordenado el arreglo directo entre esa compañía y la CEL para poner fin al contrato a cambio de $108.5 millones.
Además, enfrenta un proceso de evasión de impuestos por más de $227,000 y por presentar documentación falsa para justificar esa evasión.