La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este miércoles por la tarde el dictamen de acusación contra 32 personas, incluyendo el expresidente Mauricio Funes y su exesposa, Vanda Pignato, a quienes el jefe de la Unidad Anticorrupción, German Arriaza, señala de ser parte de una organización criminal que desfalcó más de 351 millones de dólares.
Arriaza explicó a periodistas que el caso cuenta con declaraciones de decenas de testigos, pruebas periciales y documentales que fundamentan la acusación presentada en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador.
El funcionario dijo que la realización de la audiencia preliminar dependerá de cuándo sea señalada por el juez y que para entonces, Mauricio Funes deberá presentarse; caso contrario, tendría que ser declarado rebelde.
Los delitos por los que lo acusan en este proceso judicial es lavado de dinero y activos, peculado y casos especiales de lavado de dinero.
“De la partida de gastos reservados, lo ejecutado asciende a más de $351 millones que se determinará en el proceso cómo se utilizaron por esta empresa criminal.” German Arriaza. #SaqueoPúblico pic.twitter.com/cBQy4QYq2E
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) August 14, 2019
Según la investigación fiscal, los miembros de esa organización criminal llevaban una vida ostentosa, cargada de lujos que no correspondía con los ingresos legales que cada uno tenía.
Arriaza citó, a manera de ejemplo, la compra de cinco relojes en un solo día por los que pagó más de 65 mil dólares; más de 129 mil dólares en compra de joyas y 149 mil dólares gastados por Funes en paseos para sus mascotas.
La nacionalidad nicaragüense otorgada el mes pasado Funes, acusado de varios delitos de corrupción, es un fraude de ley y con ello solo busca eludir a la justicia, afirmó por su parte el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Además, dicen en el escrito, “la nacionalidad salvadoreña es claramente la nacionalidad efectiva del expresidente Funes”.
A la luz de ese planteamiento, el Consorcio considera que el Estado salvadoreño está obligado a tomar todas las acciones legales correspondientes para que Nicaragua extradite a Funes, y de esa forma demuestre si es culpable o inocente.
Funes ha venido evadiendo la justicia desde 2016, luego de que en septiembre de ese año lograra que el controvertido régimen de Daniel Ortega le otorgara de forma exprés el asilo político.
Poco después de ese hecho, un tribunal salvadoreño emitió la primera orden de captura nacional e internacional en contra de Funes por haber sido acusado por la Fiscalía de haber sustraído $351 millones del Estado a través de la llamada partida secreta para lo cual se valió de diversos movimientos legales, según la acusación fiscal.
En este proceso judicial en el que se acusa de peculado y lavado de dinero entre otros delitos de corrupción, también están acusadas sus dos exesposas Vanda Pignato y Regina María Cañas; la examante Elvy Paz Gutiérrez, su actual compañera de vida Ada Mitchell Guzmán y dos de sus hijos, Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Funes Velasco.
Fiscalía analiza una “estrategia legal” para traer a Funes
Por su parte, el Fiscal General, Raúl Melara, dijo el lunes pasado que están “analizando cuáles son las repercusiones” de que el expresidente salvadoreño haya obtenido la nacionalidad nicaragüense, pero que además están “viendo alguna estrategia legal que nos permita traerlo al país nuevamente”.
El pasado 1 de agosto el Fiscal Melara dijo que ellos sostendrán su petición de extradición de Funes y su círculo familiar instalado en Nicaragua, cuyo gobierno no ha dado aún una respuesta oficial.
“Yo estoy convencido de que más temprano que tarde él tendrá que afrontar la Justicia”, dijo Melara.
