Mecafé no justifica $2.1 millones y enfrentará su cuarto proceso

La decisión fue tomada ayer por unanimidad, es decir, con votos de los 15 magistrados. Miguel Menéndez, fundador de "los amigos de Mauricio" no presentó documentos para desvanecer en el plazo dado, las irregularidades señaladas por Probidad, según un magistrado.

Miguel Menéndez Avelar, es custodiado por dos agentes de Traslado de Reos, después de una audiencia. Menéndez enfrentará juicio civil por enriquecimiento ilícito. Foto EDH / Archivo

Por Mirella Cáceres

Oct 08, 2019- 21:00

Miguel Menéndez Avelar, más conocido como Mecafé, tendrá que enfrentar otro proceso judicial, esta vez por presunto enriquecimiento ilícito. Así lo ordenó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) luego de analizar el informe de la Sección de Probidad que establece que él no justificó ingresos por $2,161,297.03.

La Corte Plena tomó la decisión por unanimidad, es decir con el respaldo de los 15 magistrados que la integran, tras aprobar el proyecto de resolución en el que se observó la referida cantidad a Menéndez en sus declaraciones patrimoniales de inicio y cese de funciones como presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco).

Según el magistrado de la Corte Suprema, Óscar López Jerez, Menéndez no presentó documentos con los que pudiera desvanecer las irregularidades señaladas por Probidad en el plazo de diez días hábiles que por ley les dan ni en el plazo adicional que se le otorgó.

FRASE

“Yo voté (contra Mecafé) porque tengo la convicción de que hay que combatir el enriquecimiento ilícito. Nosotros estamos combatiendo concretamente la corrupción en el país”.

Óscar López Jerez, magistrado de la CSJ

“Le dimos bastante prórroga, pero no presentó documentación, lo hizo pero fuera del plazo adicional; ya ni siquiera vimos los documentos”, afirmó López Jerez.

La Corte les da a los investigados por Probidad diez días hábiles que dicta la ley, pero en su mayoría, los investigados han venido solicitando extensión de plazo y se les otorga por lo general 90 días adicionales.

Según el magistrado, a Menéndez se le detectó en la investigación de Probidad “bastantes” sumas altas de dinero depositadas en sus cuentas y que en el plazo otorgado no justificó el origen de las mismas durante su gestión al frente de Cifco en el período del 17 de julio de 2009 al 31 de julio de 2011.

López Jerez dijo que al otorgarle el plazo adicional a Mecafé se tomó en cuenta su condición carcelaria y la dificultad para reunir los papeles.

El expresidente del Cifco está preso provisionalmente por el caso Saqueo Público.
Además de mandarlo a juicio civil, la Corte ordenó congelarle varios inmuebles y un vehículo, dijo el magistrado, sin dar más detalles.

Este proyecto de resolución ha estado en la agenda de los magistrados desde hace algunas semanas junto al de otros exfuncionarios de gobierno. La semana pasada evacuaron el caso de Óscar Ortiz en su cargo de alcalde de Santa Tecla y diputado propietario de la Asamblea Legislativa, quien salió exonerado.

En el caso de Ortiz como en el de Salvador Sánchez Cerén, falta que se les investigue el patrimonio en su período de vicepresidente y presidente del país, respectivamente.

En la lista de informes elaborados por Probidad listos para ser discutidos por la Corte Plena está el caso de Fernando Argüello Téllez, cuando fungió como asesor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y luego como Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones.

Otro informe pendiente es el del expresidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), José Armando Zepeda Valle.

Otros procesos judiciales contra el exfuncionario de Funes

DATOS Y CIFRAS

$3.5 millones

El soborno que Astaldi dio a Funes y que Mecafé ayudó a canalizar a través de dos empresas falsas, según FGR. COMPRA DE BIENES Según Fiscalía, Mecafé servía de testaferro del expresidente por lo que le decomisó en junio de 2018 varios inmuebles, entre ellos un rancho de playa, un yate, una avioneta. Esta era para que un hijo de Funes aprendiera a pilotar.


Este juicio civil será el cuarto proceso que acumule Mecafé. En junio de 2018, la Fiscalía lo acusó ante el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador por el delito de lavado de dinero, por estar presuntamente implicado en la sustracción de $351 millones que hizo una estructura encabezada por Mauricio Funes.

Por ese caso guarda prisión a la espera de la ampliación de las investigaciones fiscales. De él, la Fiscalía dijo que fue “el operador de la corrupción” y “uno de los mayores testaferros del expresidente Funes”.

En enero de este año, fue acusado por la Fiscalía de cohecho activo (soborno), agrupaciones ilícitas y peculado, por el caso El Chaparral, en la que, según las investigaciones, se habría prestado para la recepción de $3.5 millones que la empresa constructora Astaldi entregó a Funes en pago por haber ordenado el arreglo directo entre esa compañía y la CEL para poner fin al contrato a cambio de $108.5 millones.

La Jueza Novena de Paz le decretó por este caso detención provisional y pasó el caso a instrucción. Por este caso están acusados también Funes, la pareja de este Ada Mitchell Guzmán; el expresidente de la CEL, Leopoldo Samour; Mario Pieragostini y José Efraín Quinteros, ambos representantes de Astaldi.

El pasado junio, la Fiscalía lo acusó en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador de evasión de impuestos por más de $227,000 y por presentar documentación falsa para justificar esa evasión.

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